El viernes, 8 de mayo de 2015, se convocó a una conferencia de prensa en la casa presidencial, para informar que la vicepresidente de Guatemala, Ingrid Roxana Baldetti Elías, renunciaba a su cargo. Tras la tensión política-social vivida en el país, respecto al caso de defraudación aduanera de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el cual ha sido bautizado como “La Línea”, Juan Carlos Monzón – ex secretario y mano derecha de la mandataria – fue acusado de ser el principal cabecilla de la misma; encontrándose hoy prófugo de la justicia. Según el presidente del Organismo Judicial existen pruebas suficientes que vinculan a Baldetti con el caso de corrupción descripto.
A consecuencia de ello, se produjeron grandes presiones sociales por parte de los guatemaltecos, quienes se unieron para demostrar su indignación hacia la corrupción, exigiendo la renuncia del Presidente y la Vicepresidente. Además, se contó con el apoyo de algunos medios de comunicación y la representación del sector privado a través del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Anteriormente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dió trámite al antejuicio contra Roxana Baldetti, dando lugar para que el Congreso de la República nombrara una comisión pesquisidora para dar lugar al antejuicio. Ante ello, el mandatario judicial de la Vicepresidente, presentó un amparo a la Corte de Constitucionalidad (CC), para revocar la resolución de la CSJ. Sin embargo, la CC consideró que la protección constitucional a favor de la Vicepresidente no debía proceder.
Todos los acontecimientos sucedidos provocaron la renuncia de Roxana Baldetti, quien según el Presidente de la República, Otto Pérez Molina: “está dispuesta a colaborar para esclarecer el caso La Línea”.
Ante las declaraciones sobre la renuncia de Roxana Baldetti procedió la aprobación de renuncia, la que se llevó acabo el sábado 9 de mayo de 2015. El Congreso de la República – según lo establecido por el artículo 165 inciso c) de la Constitución Política de la República de Guatemala – debía aceptar o no la renuncia de la Vicepresidente de la República, aprobando así la autenticidad de la misma.
La renuncia fue aprobada por 149 votos a favor, 0 en contra, y 9 ausentes. En el proceso del razonamiento de votos, los congresistas del partido oficial argumentaron que respaldaban la decisión de Roxana Baldetti, y que asimismo, deseaban que se realice un juicio justo donde se comprobará la verdad.
Por el momento se debe esperar – según lo establecido por el artículo 192 de la Constitución Política de la República de Guatemala – a que el Congreso de la República designe a una persona para ser sustituto del cargo de Vicepresidente, escogiéndola entre distintos candidatos propuestos por el Presidente de la República. El sustituto regirá hasta terminar el período con igualdad de funciones y preeminencias.
Luego que el Congreso de la República aceptara la renuncia, el juez de turno ordenó el arraigo de Baldetti por solicitud de la Fiscalía, para evitar que salga del país.
Ante esta coyuntura, se espera tener justicia en Guatemala y que el procedimiento sea transparente. Asimismo, que haya un verdadero funcionamiento de las instituciones. Al final de todo este proceso esperamos que se esclarezca la verdad y que se deduzcan las responsabilidades respectivas, ya que la renuncia de la ahora ex vicepresidente no la exime de culpa.
En todo caso debemos recordar que el motor de la corrupción y de los incentivos perversos que la impulsan, son el estatismo y el intervencionismo. Para que realmente podamos reducir la corrupción debemos exigir una verdadera separación de poderes, eliminando así la centralización del poder. Cómo decía Lord Acton: “El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”.
* Reportó Daniela Mishel Sánchez Pontaza desde Guatemala para HACER Latin American News.
Fuente: HACER
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