Casi tres meses después de que los medios venezolanos El Nacional, Tal Cual y La Patilla replicaran una nota publicada en el diario ABC de España, Diosdado Cabello interpuso una demanda contra ellos por difamación. En aquel artículo, del 27 de enero de este año, se le acusaba de ser el líder del ‘cartel de los soles’, una organización dedicada al narcotráfico y conformada por militares del país vecino, quienes usan soles en sus uniformes (de ahí el nombre de la estructura), publica Andrea Benavides Herrera.

El pasado martes, la jueza 12 de juicio del Área Metropolitana de Caracas, María Eugenia Nuñez, emitió una orden judicial que les prohíbe a los directores de los diarios mencionados, al igual que a otros 19 directivos de medios, salir del país. Ellos también deberán presentarse una vez por semana ante un tribunal mientras se realiza la investigación en su contra.

Detrás de lo ocurrido con la prensa de este país, es importante ver el historial de este militar e ingeniero, pues sobre su espalda pesa un historial de denuncias de las que siempre ha salido bien librado: Cabello, quien fue la mano derecha de Hugo Chávez desde el golpe de estado de febrero de 1992 en Venezuela, también ha sido señalado de corrupción, especialmente durante su periodo como gobernante en el Estado de Miranda, entre 2004 y 2008.

De acuerdo con una reseña del diario El Universal, existe un documento conocido como el ‘expediente negro de Miranda’, que contiene 17 denuncias en su contra por compras sin soportes o sobreprecio, y contratación de obras sin licitación. En ese expediente se destaca que “la gestión de Diosdado Cabello tuvo una fijación hotelera en 2008. Por un lado, compró el Hotel San Diego, y por otro, realizó tres hospedajes en los hoteles Alba y Gran Casino, lo cual no se explica si se tiene un hotel a la completa disposición de la Gobernación”. Tan solo en el primer hotel habría gastado 2.813 millones de bolívares, pero la suma se incrementaría a más de cinco millones por un doble pago de este servicio.

Entre otras acusaciones, también está la transferencia de recursos al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) mediante la compra de bienes a esa organización, gasto que sumaría más de 115.900 millones de bolívares entre 2007 y 2008. En esa ocasión se resalta la adquisición de dos vehículos por los cuales se pagó dos veces en diferentes fechas y con distintos montos.

A pesar de estas denuncias, que fueron remitidas a la Fiscalía en 2009, Cabello continúa ejerciendo como político sin ningún impedimento. El panorama es aún peor si se tiene en cuenta que en 2013 la diputada al Consejo Legislativo del Estado Miranda Flavia Martineau manifestó que ese organismo, al igual que la Contraloría, se hicieron ‘los de la vista gorda’.

“Insólitamente la Fiscal General y la Contralora General de la República ahora dicen que allí no pasó nada y que supuestamente nadie ha realizado ninguna denuncia formal sobre estos hechos irregulares”, manifestó Martineau al diario El Universal.

Así como en esa ocasión desapareció repentinamente el caso contra Cabello, en mayo de 2013 el Tribunal Supremo de Justicia desestimó una denuncia que instauró la diputada opositora María Corina Machado por haber sido expulsada de la Asamblea Nacional, medida que, según el abogado de Machado, se realizó sin el debido proceso y violaba sus derechos.

El diario El País informó que el presidente del Parlamento celebró la decisión, considerándola una frustración a “la aparente intención de Machado de provocar desórdenes alrededor del Palacio Legislativo y el casco histórico de Caracas”.

Ahora, con la orden judicial emitida contra 22 directivos de medios de comunicación, revive la polémica relación del gobierno venezolano con la prensa, caracterizada por amenazas, censura y denuncias, entre otros aspectos. Frente a este hecho, el director del diario La Patilla, Alberto Federico Ravell, aseguró en una entrevista concedida a CNN que lo ocurrido es una muestra de la persecución política que existe en ese país.

“Esta es una situación personal, de venganza del señor Diosdado Cabello. Él ha jurado que nos quiere ver a Miguel Henrique Otero (El Nacional), Teodoro Petkoff (Tal Cual) y a mí tras las rejas. Nos quieren tener como rehenes en Venezuela”. Asimismo, señaló que “están intentando estrangular a los pocos medios independientes que quedan en Venezuela”.

Fuente: El Espectador (Colombia)