¿Se imagina usted que un periodista deba acreditarse previamente para informar acerca de un país en lugar de bajarse de un avión e ir directamente al hotel y luego a donde le plazca para realizar su tarea? En Uruguay nos rasgaríamos, y con razón, las vestiduras, si algún gobierno osara hacer eso aquí. Pero en Venezuela, cuyo gobierno es tan elogiado por el nuestro y por los pares del Mercosur y de la CELAC, sí se exige acreditación previa y otorgamiento de un permiso para informar. Es más grave aún: en Venezuela existe un ministerio con el tenebroso nombre de Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI), que entre otras nefastas tareas de controlar el flujo informativo que llega a los venezolanos, tiene asignada la inusual tarea de recibir los pedidos de acreditación de periodistas extranjeros y eventualmente otorgarlos o no, sin garantía alguna y en función de lo que decida el ministro de turno que obviamente reporta fielmente al presidente de turno, Nicolás Maduro o al presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela Diosdado Cabello.

Quién sufrió la censura de tenebroso ministerio ha sido el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN en Español, según denunció la Human Rights Foundation (HRF). Esta fundación señaló en un comunicado, que en la tarde del pasado jueves, y sin que medie explicación, se le negó el permiso para reportar desde Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI) comunicó a Del Rincón que el gobierno había decidido no otorgarle las credenciales que la ley requiere para que periodistas internacionales puedan ejercer el periodismo en Venezuela.

Garry Kasparov, presidente del Consejo Internacional de HRF, señaló que seguramente “Cansados de simplemente acusar a CNN en Español de ser líderes de una ‘campaña internacional de desinformación’ y de librar una ‘guerra psicológica’ contra los venezolanos, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los dos hombres más poderosos de Venezuela, por fin han materializado sus represalias contra la cobertura diaria de violaciones de derechos humanos que periodistas internacionales como Del Rincón realizan para sobreponerse a la censura generalizada que padecen los periodistas dentro de Venezuela”.

Pero más allá de las disputas entre Cabello y Del Rincón, que tuvieron un tono personal en las últimas semanas a raíz de la molestia de Cabello por las informaciones de Del Rincón, a quien atribuyó los calificativos de siempre y que no vale la pena repetir, lo grave es la existencia misma del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI), algo parecido al ministerio de la Verdad que tan bien describe George Orwell en su libro “1984”, que parecía ficción cuando lo escribió y que en muchos aspectos se ha visto plasmado en la realidad.

Como bien señala Javier El-Hage, director jurídico de HRF, “la exigencia de permisos o credenciales para el ejercicio de la actividad periodística constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión y viola el derecho internacional”. “El Estado venezolano lleva años violando sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos e incluso ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos para tratar de apartarse de obligaciones como la que establece el artículo 13 que trata sobre la libertad de expresión. Sin embargo, los actuales gobernantes venezolanos deben recordar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sí continúan vigentes y que sus artículos 19 y 4, respectivamente, tienen el mismo contenido y la misma fuerza jurídica que el artículo 13 de la convención”, explicó el experto.

Llama la atención, o más bien no debería llamarla, la pasividad de los países miembros del Mercosur ante tan flagrante violación de un derecho humano fundamental en Venezuela. Más bien, se diría que no llama la atención y que, como es un gobierno amigo, miran para otro lado, a diferencia en su momento de Paraguay, a quien suspendieron del bloque. Pero claro, en el Mercosur siempre ha habido hijos y entenados. Para los hijos, no importan que violen la ley, las Cartas de Derechos Humanos o establezcan ministerios del control de la información que harían las delicias del propio Goebbels.

Tienen carta libre para lo que quieran, incluso para otorgar “permiso para informar”.

Fuente: El Observador (Uruguay)