Ya está en el Congreso de la Unión el paquete que constituiría la legislación secundaria del sector energético derivado de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado. Son ocho nuevas leyes y modificación de otras 13 existentes. Su aprobación  y eficiente instrumentación sin duda cambiarán de manera dramática a la economía mexicana, pudiendo convertirse en una fuente significativa de crecimiento económico derivado de mayores flujos de inversión y menores precios de insumos esenciales para la producción industrial como son el gas natural y la electricidad, por allá del 2017 en adelante.

La propuesta de reforma sin duda es realmente ambiciosa pero hay un elemento que ha recibido poca atención: los trabajadores del sector energético, particularmente en el sector de hidrocarburos y aquí puede haber un verdadero cuello de botella que inhiba la inversión en el sector. Lo poco que se ha mencionado es que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ya no estará representado en el Consejo de Administración de PEMEX, más lo señalado en algún momento por el presidente Peña de que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores.

PEMEX tiene una plantilla laboral de aproximadamente 150,000 trabajadores que, para estándares internacionales, son excesivos. De éstos, la tercera parte es personal de confianza. Hay además un poco más de 80,000 trabajadores jubilados a los cuales se les agregarán en los próximos cinco años aproximadamente otros 20,000, con un costo del pasivo laboral total no fondeado de 160 mil millones de dólares (40% de la plantilla laboral tiene más de 50 años de edad y, dado el muy benevolente contrato colectivo de trabajo, pueden jubilarse relativamente pronto). PEMEX ha iniciado una reorganización de su plantilla laboral que incluye jubilaciones anticipadas y relocalización de trabajadores hacia otras áreas dentro de la paraestatal, particularmente de aquellos cuya fuente de trabajo se agotó (por ejemplo pozos petroleros que ya no estaban en operación pero que seguían teniendo trabajadores asignados hacia otros campos en operación), todo ello con el objetivo de hacerla más eficiente. Habrá que ver el resultado.

Hay además otras preguntas que son relevantes. Primera, ¿el STPRM se convertirá de sindicato de empresa en sindicato de industria? ¿Estarán las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que incursionen en el sector sujetas al mismo contrato colectivo que tiene ahora el sindicato petrolero con PEMEX, uno que refleja las enormes prebendas que se le han otorgado en el pasado y que lo hace ser excesivamente oneroso, además de corrupto? De ser así, habría pocos incentivos para el sector privado para entrarle.

Segunda pregunta: Aún suponiendo que con el actual contrato laboral hubiese empresas privadas dispuestas a invertir, ¿sería PEMEX víctima del “pirateo” de trabajadores especializados, particularmente en las áreas de exploración y explotación de crudo, de gas y de refinación, tal que perdiese una parte importante de su capital humano que emplea actualmente, lo que le restaría productividad y competitividad?

Y, tercera, mirando hacia el futuro. De las universidades mexicanas solo se gradúan al año 40 ingenieros petroleros, cantidad insuficiente para reemplazar aquellos que se jubilan. Con PEMEX y empresas privadas participando en el sector, habría un aumento significativo en la demanda de ingenieros y geólogos. ¿Están preparadas las universidades mexicanas para atraer nuevos estudiantes en estas áreas, educarlos y capacitarlos? ¿Se podrán traer profesionistas extranjeros para cubrir los puestos de trabajo?

Son preguntas relevantes que merecen ser atendidas. La parte laboral puede convertirse en un cuello de botella que impida aprovechar al máximo el potencial petrolero del país.

Fuente: Asuntos Capitales (México)