Objetivo muy loable que el Poder Ejecutivo y Legislativo busquen un ambiente de mayor competencia, pero varios legisladores y funcionarios toman el camino equivocado al sobrereglamentar sectores para teóricamente fomentar la competencia y confunden empresa grande con monopólica.

Legisladores y funcionarios deben tener claro la diferencia entre monopolio natural y artificial. El natural es cuando una empresa logra un lugar preponderante en el mercado con mayor calidad, menores precios y la preferencia del público, sin que existan barreras y prohibiciones para que cualquier persona o empresa pueda ofrecer los mismos artículos y servicios de la empresa preponderante.

El gobierno debe reducir barreras y dar facilidades generales a los que quieren entrar a producir en cualquier sector, sin dividir o limitar a las empresas grandes, como  sucedió el siglo pasado en el campo, al dividir latifundios  en minifundios improductivos y limitar la superficie de la tierra para cada agricultor.

El monopolio artificial, que es el más dañino, se da cuando una empresa estatal o privada mantiene un lugar preponderante en el mercado, gracias a privilegios o leyes que prohíben a otros competidores dedicarse a la misma actividad. Ese tipo de monopolios es el que debe combatir la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que implica suprimir privilegios, leyes, reglamentos y barreras que el mismo gobierno levanta a través de leyes y reglamentos.

La lucha contra los monopolios y el fomento de la competencia no debe ser excusa para crear más reglamentos, controles y limitaciones a las empresas exitosas, que se traduzcan en disminución de su inversión, creación de empleos y crecimiento. Las políticas que llenan de trámites y permisos un sector, reducen el número de nuevos competidores, pues aumentan los costos para iniciar una nueva empresa. En nombre de la competencia, la sobrereglamentación llena de piedritas el camino para una mayor competencia.

Es preocupante que una empresa que quiere vender restaurantes a otra, tenga que esperar por meses un permiso de la Comisión Federal de Competencia Económica para  realizar esa transacción, lo que implica aumento de costos y burocracia innecesaria que reduce la competitividad de las empresas y de la economía mexicana.

Fuente: Asuntos Capitales (México)