En un abrir y cerrar de ojos, se derogó el decreto legislativo 19-2014, cuyo equívoco título era Ley para la protección de obtenciones vegetales. En la palestra pública se argumentó que el decreto contribuiría a privatizar la biodiversidad de Guatemala e incluso que acabaría en un “nuevo etnocidio”. Ni lo uno ni lo otro es cierto. La difunta ley, que –debo aclararlo– no pretendo resucitar, ni hubiera contribuido a privatizar nada ni hubiera promovido un etnocidio. Estos argumentos falaces fueron utilizados por intelectuales y líderes populistas, para engañar a las multitudes e influir en ellas, con el fin de lograr objetivos nada claros. Es una lástima que este decreto fuera derogado sobre la base de la mentira y no sobre la base de la razón. Los manipuladores inventaron hombres de paja para movilizar a hombres reales.

A la ley debió denominársela, con mayor precisión, Ley del monopolio de transgénicos. Los transgénicos son organismos vivos, modificados genéticamente. La biotecnología es una ciencia fascinante, pero este no es el lugar para adentrarnos en su mundo. Eso sí: vale la pena subrayar que estos avances científicos multiplican la productividad agrícola y mejoran la calidad de vida. En la India, por ejemplo, el cultivo de algodón transgénico elimina el uso de pesticidas carcinógenos. Los vegetales transgénicos no son cosa nueva. Durante las últimas dos décadas, más de trescientos millones de norteamericanos consumen a diario soya y maíz transgénicos. Los temores transmitidos por la nueva milicia urbana –opositores verdes de los transgénicos– son, a la luz de la ciencia y la experiencia, infundados.

Eso sí, la ley derogada favorecía monopolios legales, mediante la creación de artificiosos derechos de quien los obtenía. Los poseedores de estos derechos recibirían un privilegio monopólico, durante veinte o veinticinco años, sobre los vegetales transgénicos con los que trabajaran. Estos privilegios son equiparables a los constituidos por los aranceles de importación, que encarecen los bienes protegidos, en perjuicio de todos, pero especialmente de los más pobres. No existe justificación alguna para que ningún gobierno otorgue semejantes privilegios. O todos hijos o todos centenados.

Fuente: CEES (Guatemala)