Un marco regulatorio acumulativo y excesivo es como un armario relleno de todos los cachivaches que hemos guardado a lo largo de los años, los cuales jamás ordenamos ni depuramos.

¿Le ha pasado que de repente se entera de una ley que acaban de aprobar los diputados que jamás había oído mencionar antes? Uno se pregunta: ¿socializaron la propuesta?, ¿entre quiénes?, ¿a quién beneficia, a quién perjudica?, ¿dimensionaron sus efectos intencionados y no intencionados? Tal es el caso con los últimos dos decretos, la Ley que declara al maíz (ZEA MAYS L) como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de
la Infraestructura para Transmisión de Datos. Evitar la discusión pública es útil a los políticos porque evita el desgaste a su imagen, aunque abone contra la transparencia.

Obviamente, aprobar nuevas leyes es más fácil que derogar las viejas. Sin embargo, la desregulación es necesaria para la salud del sistema político. Periódicamente, las amas de casa hacemos una limpieza profunda. Sacamos lo que ya no sirve de nuestros clósets y ambientes: reciclamos, regalamos o desechamos chunches que se han acumulado con el tiempo. Algunos miembros de la familia se aferran a sus pertenencias y refunfuñan cuando se tiran, pero luego agradecen vivir en un ambiente ordenado y limpio. A los miembros del Congreso no les gusta hacer lo mismo. Los reglamentos y las leyes simplemente se van apilando hasta generar un impenetrable bosque desordenado, contradictorio y complejo. Casi todas nuestras acciones están sujetas a alguna regulación. Es como si viviéramos en la casa de un acaparador, donde movilizarnos es complicado; no encontramos las cosas que nos servirían en el momento. El costo es elevado.

En Estados Unidos, la acumulación de regulaciones federales entre 1949 y 2005 ha retardado el crecimiento económico en aproximadamente 2 por ciento por año, según un estudio del sistema regulatorio. Los autores de dicho trabajo, John Dawson y John Seater, afirman que “la regulación ha provocado sustanciales reducciones de la tasa de crecimiento tanto de la producción como de la productividad total y ha tenido efectos en las tendencias de capital y trabajo…”. Estos resultados constatan lo que ya habían revelado otras investigaciones que utilizan índices producidos por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El centro de investigación Mercatus publicó recientemente una gráfica que cuenta el número de regulaciones, publicados en el Código de Regulaciones Federales, que intentan modificar el comportamiento de los ciudadanos o producir resultados concretos. El total de restricciones creció notablemente: de 835 mil en 1997 a más de un millón en el 2010. La tendencia es siempre al alza, pues no hay año en que se reduzcan las regulaciones. Otra forma de medirlo es contar el total de páginas del Código de Regulaciones Federales de cada año. La ya considerable suma de 71,224 páginas correspondientes a la edición de 1975, palidece cuando se compara a las 174,545 páginas de la edición del 2011.

Estas medidas elevan el costo de emprender e innovar a tal punto que se frenan iniciativas económicas, dicen los asociados a Mercatus. Ellos recomiendan implantar un sistema para revisar la obsolescencia y el mal rendimiento de las regulaciones y así derogarlas para evitar este excesivo apilamiento de leyes. Reconocen que desde la administración de Jimmy Carter, los Gobiernos sucesivos dicen que van a eliminar reglas obsoletas, pero ninguno de estos esfuerzos ha logrado su cometido.

Fuente: Centro de Estudios Económico – Sociales (Guatemala)