Si fuera cierto el rumor, que dice que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, se ha comprometido a “no tocar” a la Vicepresidente Baldetti, ni al Presidente Pérez, en torno al caso que hoy nos ocupa a todos, los ciudadanos debemos recordar que la ley y la justicia no pactan, no acuerdan y no se comprometen con nadie.

De manera tal que ni esta monstruosa red criminal descubierta en la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT, ni ningún otro asunto, por no decir escándalo, del que tengamos conocimiento, debe ser conocido por las autoridades, en forma parcial, ni eximiendo de responsabilidad a ninguno de los implicados

La ley debe abarcarnos a todos y perseguir a todo aquel que la viole. La justicia debe administrarse a todos por igual, sin conceder trato especial a nadie y sin perjuicio de lo alto o lo clave que pueda ser el cargo público que desempeñen quienes resulten ser responsables de la comisión de hechos delictivos.

Se hace necesario recordar, a los funcionarios públicos, que en el momento de ser electos para desempeñarse al frente de nuestras instituciones o en el de ser nombrados para hacerlo, adquirieron obligaciones y responsabilidades y no privilegios e inmunidades.

No debe existir límite alguno para el respeto a la ley, que no sea la ley misma y es precisamente allí, donde reside el problema: En nuestra legislación y en el poder discrecional que esta concede a determinados funcionarios públicos. Si contáramos con reglas claras e iguales para todos, no tendríamos un sistema que permitiera el espacio a quienes “toman las decisiones”, para honrar el dicho popular que reza: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

El caso de “La Línea”, descubierto en la SAT, constituye un claro ejemplo de la macabra alianza entre el poder y la discrecionalidad. Toda vez que sea una persona quien decide y no una ley o reglamento el que señale con claridad el procedimiento que debe adoptarse, continuaremos teniendo que confiar en la integridad y en la probidad (¿cuáles?) de quienes ocupan los cargos en los que recaen las decisiones.

Esta burla a la ciudadanía, protagonizada por la primera mujer Vicepresidente de la República, quien en conferencia de prensa utilizó sus propios desaciertos para ridiculizar las preguntas de los periodistas, no habría sido posible si no hubiera sido porque ella está consciente de su derecho de antejuicio y porque debido a él, nada teme, aunque deba.

Si recordamos los hechos, veremos que el mejor argumento esgrimido a su favor, tanto por ella misma, como por el Presidente Pérez, es que ella ha presidido las reuniones de la Comisión Nacional Contra el Contrabando – CONACON y en este contexto ha solicitado la investigación de las aduanas; lo cual pareciera más bien una coartada, que de ninguna manera debería eximirla de responsabilidad.

Este parte aguas debe dejar claro que quienes actúan al margen de la moralidad, encuentran el espacio perfecto para hacerlo, holgadamente, en un sistema plagado de leyes obsoletas y de vacíos legales, que otorgan poder a personas, en vez de hacerlo a favor de normativas a las que tengamos que atenernos todos los ciudadanos.

Respaldada en la voz de un Fiscal del Ministerio Público que dice que el nombre de la Vicepresidente “sale sobrando”, por no ser parte de la estructura criminal expuesta ante la justicia, ella anuncia que no ve razón alguna para renunciar a su cargo.

Tendríamos que preguntarnos todos, al tiempo de preguntar al Ministerio Público, si efectivamente Roxana Baldetti ha sido investigada en torno a esta red criminal o si su nombre sobra, sencillamente porque se trata de la figura de la Vicepresidente, que goza de derecho de antejuicio y por ello es, en términos de lenguaje común, intocable.

Si entendemos la figura del antejuicio como la protección a la función y no a la persona del servidor público, a fin de evitar que las denuncias de carácter político afecten su gestión como tal; es necesario establecer una línea clara entre los hechos que podrían ser denunciados por adversarios políticos del partido oficial o de la Vicepresidente y las que, como en el caso actual, se desprenden de una investigación llevada a cabo, en forma conjunta, por el Ministerio Público y la CICIG.

Es evidente que su posible involucramiento en una red criminal de defraudación, jamás podría derivarse de sus funciones como Vicepresidente de la República y que la denuncia de su supuesta corresponsabilidad, a raíz de una investigación formal y exhaustiva, no podría provenir de intereses espurios que buscaran entorpecer su gestión pública.

En tal sentido, me queda exhortar a los Jueces y Magistrados que conocerán los recursos actuales y futuros que busquen despojar de su derecho de antejuicio a la Vicepresidente Roxana Baldetti y que podrían alcanzar al mismo Presidente Otto Pérez, para que actúen conforme a su obligación moral de hacer cumplir la ley.

Mientras llega la oportunidad de llevar a cabo una profunda reforma del Estado que remueva los criterios discrecionales atribuidos a los funcionarios públicos y que descanse en la claridad y en el apego a la ley, los guatemaltecos estamos al amparo de Dios y de aquellos ciudadanos que fungen como administradores de justicia. A ellos, mi súplica, para que no olviden su compromiso con Guatemala, con todos nosotros y con los preceptos morales que hayan recibido de sus padres.

Fuente: Periódico de Opinión (Guatemala)