Junto con el anuncio de la nueva Carta Magna, la presidenta, Michelle Bachelet, detalló medidas que impulsará para terminar con los masivos casos de fraude fiscal para financiar campañas políticas, además del tráfico de influencias. Democracia y la política no pueden ser “capturadas por el poder del dinero”, dijo.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que en cuatro meses más iniciará un “proceso constituyente” que concluirá con la creación de una nueva Constitución, y proclamó también una serie de reformas para combatir la corrupción que azota al país.

El próximo “septiembre (…) daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”, dijo la mandataria en un mensaje que dirigió al país por cadena nacional de radioemisoras y de televisión, destacó la agencia DPA.

La actual Constitución data de 1980 y fue heredada de tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990). Sin embargo, ha sufrido numerosas transformaciones, la última llevada adelante por el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien en 2005 logró un acuerdo para reformarla.

Junto con el anuncio de la nueva Carta Magna, Bachelet detalló algunas medidas que impulsará para terminar con los masivos casos de fraude fiscal  para financiar campañas políticas, además del tráfico de influencias en los que se han visto involucrados dirigentes políticos de todas las tendencias, incluido su hijo, Sebastián Dávalos.

Entre la medidas, la gobernante socialista detalló que habrá normas para que se transparente “completamente el financiamiento de la política”, incluida la eliminación de “los aportes anónimos y reservados” que reciben los candidatos para solventar sus campañas electorales.

“Las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”, aseveró Bachelet, cuya popularidad ha caído a mínimos históricos cercanos al 30 por ciento.

“Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, advirtió la gobernante, tras anunciar también que “será el Estado el que financie el trabajo” de los partidos políticos.

“Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños”, añadió.

Desde fines del año pasado la Fiscalía Nacional investiga traspasos irregulares por millones de dólares desde diversas empresas a políticos de distintos partidos, incluidos ex candidatos presidenciales, senadores y diputados, para financiar sus campañas electorales.

Los propietarios del holding Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, se encuentran bajo arresto domiciliario total a la espera de un juicio luego de acusaciones que vinculan a su empresa con el financiamiento irregular de partidos políticos, principalmente a la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), la colectividad con mayor representación en el Parlamento.

Los casos de corrupción golpean también a la mandataria, después de que se revelara que su hijo, Sebastián Dávalos, y la esposa de éste consiguieran un polémico y millonario crédito inmobiliario un día después de que Bachelet fuera elegida en las urnas en 2013.

Fuente: El Universal (Venezuela)