La región de la Araucanía viene mostrando, desde el retorno de la democracia en 1990, un creciente volumen de actos violentistas, de atentados contra la propiedad y la vida de personas. En consecuencia innumerables chilenos cuyos derechos han sido violentados no son noticia salvo un esporádico minuto en televisión. Se va consagrando en algunos sectores radicalizados, por otra parte, una ideología violenta y extremista, apoyada desde el extranjero por elementos anárquicos, por organizaciones terroristas y por ONG’s que financian a agrupaciones indígenas en una exaltación de la irracionalidad de lo exótico[1]. Se propugna por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) el establecimiento de una nación araucana y la destrucción del “sistema capitalista”, y no solo la recuperación de tierras ancestrales.

‹Por eso nuestra lucha no es solamente de resistir y buscar un reacomodo. Nosotros lo que proponemos es destruir las estructuras de dominación, principalmente aquellas que dañan a nuestro Pueblo; destruirlas y de ahí re-instalar las nuestras. No se trata tan sólo de resistir, sino de disputar territorialmente al enemigo para que al menos las forestales dejen de existir en nuestros espacios. Es lo que llamamos transformar, desde aquello que es depredador y capitalista, que es estructura de dominación que sustenta otras estructuras de dominación, hacia un espacio territorial nuevo, para el desarrollo de otros aspectos sociales, económicos, culturales y políticos nuestros, donde el tema de la justicia y la dignidad se restablezcan, sean un hecho.›[2]

Durante el gobierno de Aylwin, en 1993 se promulgó la denominada Ley de Desarrollo Indígena, que entre otras provisiones establece que el Estado puede entregar, a título gratuito, tierras a las denominadas comunidades indígenas. Dichas tierras, y cito: ‹por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación. (…) Igualmente las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración.› (Artículo 13).

A la fecha se han transferido del orden de 660 mil hectáreas a las comunidades mapuches. Se trata de una superficie casi equivalente a la redistribución de tierras efectuada en la región durante la denominada “reforma agraria”, iniciada a finales de los años 60 en el gobierno de Frei Montalva e intensificada a partir de 1970 durante el gobierno de Salvador Allende.

Se podría pensar que, con el transcurso de los años, las tierras adquiridas nuevamente terminarán en manos de quien mayor valor extraiga de ellas, en un proceso análogo de consolidación al ya experimentado en todo Chile a 50 años de la reforma agraria. Pero esta ley rompe con la base de un estado de derecho, ya que establece limitaciones al dominio a sus nuevos propietarios, como si se tratara de menores de edad, dejando de ser para estos efectos ciudadanos chilenos.

Argentina es un poderoso actor en el mercado de cereales. Los propietarios de la tierra, los prestadores de servicios de maquinaria y explotación, los capitalistas y los empresarios agrícolas pactan libremente, constituyendo un excelente ejemplo de división del trabajo determinado por la extensión del mercado, el que opera con total independencia de la capacidad técnica o económica del propietario titular de la tierra.

Uno de los objetivos explícitos de la denominada Ley de Desarrollo Indígena es, según su texto:  ‹velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación›[3].

Si hay algo que se puede constatar es la degradación progresiva de los campos que han sido traspasados. Por supuesto, la solución propuesta ha sido más intervención del Estado, por medio de iniciativas de apoyo a la explotación de los mismos. Adivine el lector los resultados de dichas iniciativas.

Las estadísticas económicas, en un amplio rango de indicadores, exhiben cómo la región de la Araucanía ha ido quedando comparativamente rezagada en el contexto del notable desarrollo experimentado en estos años por todo el país. Creemos que la citada ley y la dinámica por ella desatada explican en un alto grado el progresivo deterioro de la región.

La región de la Araucanía fue la última en incorporarse al dominio del Estado chileno, concluyéndose la denominada “pacificación” con la recuperación de Villarrica en 1883.  Es muy notorio que por espacio de trescientos años, desde 1552 hasta 1852, Arauco dividió la geografía del Estado chileno,  cortando el territorio en dos. No por nada en 1569 Alonso de Ercilla publica la primera parte de su poema épico La Araucana, dando cuenta de este “Arauco indómito”.

Hacia 1850 se hizo evidente la necesidad de asumir el control de la Araucanía, ya que España aún suponía un riesgo para la independencia del país. No faltaron aventureros, como Orélie Antoine de Tourens, quien en 1860 se proclamó rey de la Araucanía y la Patagonia con el apoyo de diversos caciques. Debemos recordar que en 1641 España reconoció la independencia de la región en el Tratado de Quillín, y por tanto este denominado reino constituía un real peligro en un país cortado en dos partes, con Valdivia como frontera sur y el río Bío-Bío como frontera norte.

La estrategia seguida durante la pacificación de los territorios se basó en establecer fortificaciones militares, alternando la política de dividir para vencer, de negociar y garantizar la paz a las diversas agrupaciones indígenas, e incluyó algunas campañas militares limitadas con objeto de apaciguar. El factor común y el objetivo inequívoco de los sucesivos gobiernos fue establecer las bases de un estado de derecho. Se podría objetar que éste fue impuesto con violencia, pero basta observar los exiguos destacamentos militares para corroborar que se buscó la cooperación e integración de sus líderes. Los gobiernos de la época buscaron en forma explícita asegurar el comercio y la explotación pacífica de los campos.[4] Antes de 1920 la zona de Traiguén, en el corazón de Arauco, ya se conocía como “el granero de Chile”, beneficiándose ―entre otros factores― de la fiebre del oro californiana.[5]

Es, como siempre, un extremo simplismo hablar de pueblos indígenas sometidos, ya que muchos de los dirigentes del pueblo mapuche entendieron la conveniencia de colaborar con el gobierno central. Un alto porcentaje de sus descendientes se ha integrado pacíficamente a la nación, sin mayor distinción de sus orígenes étnicos.[6]

Desde 1860 el desarrollo experimentado en la región, producto de la denominada pacificación, se vio impulsado por una activa política de asignación de tierras a colonos venidos de Chile y especialmente de Europa. Con increíble tesón pusieron a producir vastos territorios que permanecían inexplotados en manos de los pueblos originarios, debiendo luchar también contra gran cantidad de delincuentes que encontraban refugio en este territorio al margen de las leyes de la República. Hoy parece olvidado el activo rol que el Estado chileno tuvo en esta inmigración, por medio de agentes en Europa que en forma proactiva compitieron por atraer a colonos, en competencia con otros países americanos. Sus descendientes hoy sufren y experimentan la desprotección del Estado chileno.

Desde 1993 el Estado ha destinado ingentes recursos a la compra de tierras en la región de la Araucanía, lo que ha desatado, al igual que hace 150 años atrás, el juego de especuladores que han sabido enriquecerse revendiendo tierras bajo el amparo de esta ley. Por otra parte, los grupos violentistas han ido focalizando sus ataques en las casas de agricultores que, forzados por el miedo y la evidente desprotección, han preferido vender al Estado sus tierras y emigrar. Por último, algunos agricultores han debido pagar con su vida su negativa a vender su herencia y patrimonio familiar. Reviste especial gravedad corroborar que la ahora Presidenta electa haya declarado expresamente que el asesinato de un matrimonio de agricultores ancianos no constituye un acto terrorista.[7]

La riqueza forestal de Chile es indudablemente uno de los pilares del desarrollo de los últimos decenios. Sustantivamente concentrada en esta zona, hoy se ve amenazada y las grandes empresas van en retirada. Las compañías de seguros, desde hace varios años, ya no están dispuestas a asegurar los predios forestales de la región. Las compañías de bomberos han sufrido ataques en sus labores de extinción de incendios, habiéndose disparado en contra, quemado y destruido varios helicópteros destinados al combate de éstos. Las empresas de transporte, ante los sucesivos y ya innumerables atentados incendiarios contra sus máquinas, están solicitando la declaración del estado de excepción.[8] Incluso el turismo se ha visto incipientemente afectado por ataques a buses con turistas.

Las grandes empresas forestales hace ya tiempo han diversificado sus inversiones hacia otros países de la región incluyendo Estados Unidos. Sin embargo los pequeños empresarios y agricultores se ven reducidos a la impotencia. Entre otros motivos, podemos apuntar al trauma que sufren los gobiernos de todos los signos en hacer valer el estado de derecho, so temor al anatema de las organizaciones de derechos humanos. A ello debemos agregar una generación de jueces “garantistas” que hacen sumamente improbable la condena de actos violentistas de toda índole.[9]

Ludwig von Mises aporta luz a este análisis: ‹La economía exige la paz y la exclusión de cualquier violencia.› ‹El derecho, precisamente en la protección de la propiedad, reviste claramente el carácter de un instrumento de paz.› ‹La esencia del derecho es crear la paz a toda costa.› ‹Se cree poder combatir la propiedad, tal como está hoy repartida, denunciando su origen, nacido de injusticia, de usurpación, de violencia y robo. De manera que el derecho sería solo una injusticia para la cual ha corrido la prescripción. Como consecuencia de esto, la organización actual del derecho (…) se debe abatir y sustituirse por una nueva organización conforme a las exigencias de una idea de justicia.›[10]

Dicha concepción nace de pensar que el derecho público es de una naturaleza diferente al derecho privado.

Un gran jurista y estadista como Patricio Aylwin, por medio de una ley y en pos de una supuesta “reparación histórica”, sentó las bases para la degradación de la región y para el no-desarrollo de los pueblos indígenas, malogrando así el legado de sus antecesores. Aunque se intentó una discriminación positiva, la ley ha resultado un elemento desestabilizador. Establece una distinción de raza, haciendo recaer la prueba de pertenencia a un pueblo originario en el funcionario autorizado por ésta. Así se incentiva un sentimiento xenófobo y de alguna manera se deslegitima a los actuales propietarios de tierras. Todo ello ha desembocado en una probable justificación de la violencia en contra de personas y de bienes. Las limitaciones al dominio de la tierra que impone dicha ley ―al trabar su integración en el sistema económico― son instrumentales a la estrategia de los grupos más radicales, que solo por temor a los grupos de presión no son calificados de terroristas. Reviste especial gravedad que, a la fecha, los partidos de raigambre liberal no han levantado su voz para expresar lo que von Mises explica magistralmente en pocas líneas. Tal vez porque en un país marcadamente centralista, en lo político y económico, el problema se ve muy lejano.

Referencias: