Como un balde de agua fría cayó la demanda contra la ex presidenta Michelle Bachelet, candidata de la Nueva Mayoría, por fraude al fisco ocurrido durante  el 2008. En la querella también están involucrados Sergio Bitar y Alberto Arenas, ex ministros de Obras Públicas y Hacienda durante el gobierno de Bachelet. 

La solicitud fue presentada por los vecinos de La Pintana quienes se vieron afectados por la construcción del acceso sur de la Ruta del Maipo, que conecta Santiago con la región de O´Higgins y el Maule, los cuales alegan falta de incumplimiento de lo prometido durante el proyecto, además de los daños generados a su vida diaria producto de la carretera.

Las irregularidades que presuntamente habrían cometido son:

Firma de un decreto supremo para la aprobación de un convenio que modificó el contrato con la concesionaria, permitiendo el traspaso directo de 30 mil millones de pesos a la empresa, presidida entonces por Herman Chadwick, primo de Sebastián Piñera y hermano del ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Autopistas del Maipo, según un informe de la Contraloría, comunicó que a cada guardia se le pagaba mensualmente un millón 200 mil pesos, cuando en realidad el salario no habría superado los 159 mil.

Presento gastos de 830 millones de pesos por lavado de ruedas y carrocerías de los vehículos a cargo de las obras, además de 592 millones destinados a gasto extra de bencina, por no poder transitar a más de 30 kilómetros por hora dentro de la zona de trabajo.

Falta de documentos que acrediten los gastos presentados por la empresa, de acuerdo con informe de la Contraloría, la cual alega que el contrato con el Estado fue a suma alzada, lo que implica que no es necesario acreditar cada gasto debido a que se pactó un monto fijo de dinero. 

Pero ¿Cómo se ve involucrada Bachelet?

De acuerdo con Marta Sánchez, abogada de los demandantes, y según consigna El Dinamo, la autorización para las licitaciones estaban a cargo de la Presidenta, quien por medio de un un decreto supremo, autorizó la entrega de dinero, al igual que ministros.

“El conducto regular en estos casos es pasar por una comisión arbitral que autorice la operación, y en el caso de la entrega de dinero del año 2008, este procedimiento no se cumplió”, explicó Sanchez.

Por todo lo anterior, se establece el fraude al Estado, basados en el articulo 240 de Código Penal, que establece penas para los empleados públicos que se interesen directa o indirectamente en cualquier contrato que deba intervenir otro empleado público y que ejerce influencia para que la decisión que se tome sea favorable.

Quienes se ven involucrados en esta situación, arriesgan una pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.  

Para quienes presentaron esta denuncia, no están guiados por temas políticos y coincide con la aceptación de la demanda, el pasado 15 de octubre, por la Corte de Apelaciones que dio curso a la querella.

Ahora habrá que esperar las reacciones por parte de Michelle Bachelet y su comando de campaña.

Fuente: Red BioBio (Chile)