Luego de una votación histórica, en la que 176 legisladores se pronunciaron a favor de quitarle los fueros que le garantizaban impunidad al ex ministro de planificación kirchnerista Julio De Vido, el ahora diputado nacional se entregó a la justicia y fue encarcelado para ser juzgado por dos casos de megacorrupción: USD 6.995 millones de dólares en sobreprecios en el expediente de la causa Gas Licuado y $26.000 millones de pesos argentinos en el caso de la mina de Río Turbio. ¿Para cuando lo mismo para su jefa Cristina Fernández se preguntan los argentinos?
A los 67 años de edad, el ex ministro de Planificación del kirchnerismo tiene dos pedidos de detención: uno por la causa en la que se lo procesó con prisión preventiva por la compra de buques de gas natural licuado; la segunda, por manejos irregulares en la mina de Río Turbio. De Vido se entregó y quedó formalmente detenido en el juzgado de Rodríguez.
¿Por qué responsables de casos de megacorrupción como estos jamás tuvieron verdaderos problemas con la justicia anteriormente? Porque los gobiernos de Néstor Kichner y su esposa Cristina Fernández habían politizado completamente el poder judicial argentino, estableciendo un grupo de jueces kirchneristas que congelaban todo tipo de causas vinculadas a la corrupción de sus funcionarios.
Causa Gas Licuado
En esta causa De Vido está acusado de haber participado en una “maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal”.
A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, “se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado” de aproximadamente USD 6.995 millones, “pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado”, indicó el juez Bonadio.
En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por $1.000 millones a Baratta y De Vido, sobre quien pidió el desafuero a la Cámara de Diputados, y también procesó al ex secretario de Energía Daniel Cameron y el ex ministro de Obras Publicas durante el menemismo Roberto Dromi, quien intervino como asesor y cobró supuestas comisiones indebidas.
Causa Rio Turbio
En esta causa, el ex Ministro está acusado por la malversación de fondos públicos para distintas obras en esa localidad de Santa Cruz de unos $26.000 millones entre los años 2006 y 2016; además, se calcula que hubo un desvío de $265 millones hacia otros fines de los previstos.
Santa Cruz es la provincia de la que surgieron los Kirchner y fue desvalijada y mal administrada de la misma manera que luego lo hicieran con el resto del país.
¿Quién es Julio De Vido?
Luego que Néstor Kirchner fuera electo presidente y hasta el 10 de diciembre de 2015, De Vido tuvo a su cargo el ministerio de de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y durante todos esos años, controló todo lo relacionado a obra pública (rutas, edificios públicos, puentes), los servicios públicos (electricidad, gas, agua y cloacas), energía (minas, importación y exportación de gas) las telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, internet, satélites), el transporte (trenes, subtes, colectivos, camiones, taxis), la construcción de viviendas sociales (Sueños Compartidos, Tupac Amaru), entre muchas cosas. Pero además de controlar su ministerio, De Vido tenía brazos en otras carteras y tenía la última palabra en las decisiones de muchos de sus compañeros de Gabinete.
La Tragedia de Once fue el primer freno al poder de De Vido. Luego de la muerte en 2012 de 52 personas por distintas irregularidades en torno al manejo de los trenes y los subsidios estatales, la presidente Cristina Kirchner le sacó el control del transporte público, y esa tarea recayó en Florencio Randazzo.
Por ese accidente, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue condenado, y De Vido se sentó por primera vez en el banco de los acusados, en un juicio que está en proceso y por el que podría ser condenado a 11 años de prisión por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo.
Pero antes de lo que ocurrió en Once, el caso Skanska fue el primero en el cual De Vido quedó involucrado. En esa causa, la Justicia investiga a la empresa sueca Skanska por pagar un 150% de sobreprecios a empresas fantasma para la construcción de dos gasoductos del norte y el sur. El caso fue cerrado en 2011 cuando la Justicia ratificó la decisión del juez Norberto Oyarbide, quien luego de haber procesado a ex funcionarios y ex ejecutivos de empresas privadas por la defraudación, resolvió que no hubo ni coimas ni sobreprecios. Si bien el caso había sido archivado luego del sobreseimiento de todos los acusados en 2006, la Cámara Federal de Casación reabrió la investigación en abril de 2016.
Pero también está previsto un juicio contra De Vido, aún sin fecha de inicio, por la causa en la que se sospecha que se pagaron sobrepreciosen la compra de vagones de trenes usados a España y Portugal por los que el Estado argentino firmó contratos por €100 millones.
Además, el ex ministro está procesado en la causa que investiga irregularidades y sobreprecios en la compra de barcos contenedores de Gas Natural Licuado; y está citado a prestar declaración indagatoria el 28 de noviembre por la presunta malversación de caudales públicos en los fondos destinado al Yacimiento Minero Río Turbio.
Por otro lado, De Vido cuenta con varios procesamientos en su contra: en una de las causas está acusado junto a la ex presidente Cristina Kirchner por supuesto fraude en la obra pública; en otra se lo acusa por presunto desvío de subsidios estatales destinado a empresas de colectivos de transporte de pasajeros; y también en un expediente por no conformar los equipos de técnicos que debían evaluar la renegociación de los contratos ferroviarios.
Además, el ex funcionario es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, manejo irregular de fondos en la causa “Sueños Compartidos” y por la creación, nunca concretada, de la línea aérea LAFSA.
El elefante en el ascensor
La responsable de toda esta megacorrupción es ciertamente la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien nombró y mantuvo en sus cargos a todo este grupo de corruptos de cuyos actos ella ha manifestado públicamente en distintas oportunidades que “no se hace responsable” (sic). La administración Macri se ha comprometido a garantizar un poder judicial independiente y despolitizado, y las causas judiciales pendientes que involucran a funcionarios kirchneristas, que son muchas y por el robo de cifras astronómicas de dinero de los contribuyentes argentinos, han comenzado a avanzar de manera prometedora.
Fuente: HACER
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