La actividad empresarial por parte del estado ha estado sujeta a diversas contrariedades, tanto por el lado de los incentivos que enfrentan quienes administran la misma como por los efectos que dicha actividad generan en el entorno competitivo nacional. No obstante lo que en teoría pudiese o no implicar, lo cierto es que el estado –tanto en el Perú como a nivel mundial- ha jugado dicho rol en recurrentes oportunidades, sea por un clamor de necesidad “estratégica” como por razones de mercado; los resultados, por supuesto, validaron la teoría.

Señalemos un ejemplo. En 1965 el estado peruano amparaba la propiedad de 20 empresas; en 1990, contaba en sus filas 226. El gobierno del dictador Velasco Alvarado se constituyó, sin duda, en el principal promotor de dicha ambición; no obstante, ni los gobiernos “democráticos” del don Fernando Belaunde ni de su sucesor, don Alan García, devolvieron las empresas confiscadas a sus antiguos dueños (hecho que, de paso, desnuda la poca coherencia que tenemos los peruanos hacia con el principio de propiedad y el sistema democrático).

En todo caso, más allá de las anécdotas, lo cierto es que la administración estatal de dichas 226 empresas durante el periodo 1970-2006 produjeron pérdidas por US$11,534 millones y un Valor Actual Neto (VAN) de US$47,689. Este monto, abultado sin duda para un país pobre como el nuestro, sólo incluye las pérdidas empresariales de las empresas estatales no-financieras para dicho periodo, lo cual significa que podríamos añadir las perdidas en dicho sector, así como otras de índole colateral –léase, efectos en las reservas, moneda, costos judiciales, entre otros.

Así las cosas, los peruanos deberíamos tener claro cuales son los costos de oportunidad que asumimos cada vez que a un político profesional se le ocurre la peregrina idea de insertar al estado en el ámbito empresarial. Pudimos, por ejemplo, construir 63,000 kilómetros de carreteras, pagar la totalidad de la deuda pública y cerrar, simultáneamente, el 73% de la brecha de infraestructura que tenemos hoy con Chile, o –sencillamente- comprar SONY Corp.

Vale la pena recordar esta cifras (Instituto Acción, 2007) ahora que personas como don Luis Negreiros nos quieren hacer creer que la participación del estado en el Muelle Norte de nuestro primer puerto es una buena idea. Sencillamente, no lo es. Y es que, como bien dice la economista Mary Shirley, el problema no es que sean -los burócratas- incompetentes (aunque muchos lo son) sino el sistema de incentivos que enfrentan.

Permitamos que el mercado y la competencia hagan su trabajo; obliguemos –de paso- al estado a hacer el suyo: brindar seguridad y administrar adecuadamente la justicia.

Fuente: HACER