Este lunes la presidenta del Consejo de Ministros (o primera ministra), Ana Jara, se vió obligada a renunciar a su cargo después de que el Congreso en pleno desaprobara su gestión. Con 72 a favor, 43 en contra y dos abstenciones la censuró por considerarla responsable política de más de 100.000 rastreos que entre 2011 y 2015 llevó a cabo la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
De acuerdo a las acusaciones, el organismo espió a políticos opositores, incluso a la propia vicepresidenta, Marisol Espinoza, distanciada del gobierno, además de a empresarios, militares, policías y periodistas.
Sin embargo, Jara insiste que la agencia hizo los informes correspondientes en base a información pública disponible.
Con la moción de censura también tendrán que renunciar a sus cargos todos los integrantes del gabinete.
En todo caso, el presidente Ollanta Humala es el encargado de designar a sus ministros, por lo que se cree que podrán reasumir sus funciones en el Ejecutivo.
Cierre del servicio
En noviembre del año pasado se reveló que los guardaespaldas de la vicepresidenta habían descubierto a dos individuos sospechosos rondando la casa de la alta funcionaria.
Uno de los sospechosos huyó cuando eran conducidos a una sede policial, donde se presentó un funcionario de la DINI sosteniendo que ambos individuos realizaban un operativo de seguridad para la cercana embajada de Estados Unidos.
El presidente peruano, Ollanta Humala, prometió investigar el incidente. El gobierno negó haber estado espiando a Espinoza o a opositores.
Sin embargo, en enero fue sustituido el director de la DINI, quien al igual que su reemplazante, Javier Briceño, estuvo en la misma promoción de la escuela militar en la que estuvo Humala, un teniente coronel retirado del Ejército.
Jara había prometido que la DINI suspendería operaciones por 180 días. Según indicó, en ese plazo una “junta de notables” diseñaría una reestructuración de la oficina de espionaje.
“Intento de desestabilización”
Pero eso no fue suficiente para arreglar lo que algunos analistas señalan como un problema institucional irresuelto, ya que es la segunda vez en los últimos tiempos que Perú busca reorganizar su oficina nacional de espionaje y Jara tuvo que dejar su cargo.
Así, la salida de la primera ministra del gobierno de Humala se ha visto como un nuevo golpe a la popularidad del presidente.
A pesar de que una reciente encuesta, realizada por la firma GFK y publicada en el diario La República, concluya que la aprobación de la gestión del presidente aumentó en el último mes de un 21% al 25% y la desaprobación se redujo de 73% al 68% en un mes, Humala sigue siendo de los mandatarios menos populares de la región.
Pero según éste la moción de censura contra Jara es “el último intento de desestabilización”.
“Las bancadas de Fuerza Popular y de Concertación Parlamentaria (oposición) permanentemente buscan cualquier motivo para desestabilizar al gobierno”, señaló la víspera de la votación en el Congreso.
Y añadió: “Es injusto el pedido de censura a Ana Jara, sobre todo en una coyuntura interna que nos obliga a unirnos”.
Con ello hacía referencia al desprendimiento de tierra que dejó ocho muertos y miles de damnificados en Chosica, en la provincia de Lima, y el accidente en el que se vieron involucrados dos autobuses y un camión y que provocó la muerte de 37 personas y por el que otras 70 resultaron heridas; ambos incidentes ocurridos la semana pasada.
Además, pidió unidad a la clase política por otro escándalo de espionaje irresuelto y que amenaza las relaciones bilaterales con Chile.
Según informaciones que salieron a la luz en febrero, tres suboficiales de la marina peruana habrían espiado para Chile.
“Creo que este tipo de acusación (del espionaje del DINI) nos hacen ver mal internacionalmente cuando tenemos que resolver y solucionar el impasse que tenemos con Chile”.
Fuente: BBC (UK)
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