Nuestro país se encuentra sumido en un conflicto político originado por temas constitucionales. En estos momentos de ánimos caldeados y retórica confusa, cabe someter al escrutinio público un análisis cándido de la situación donde se demuestre que el problema no es necesariamente como se ha planteado y que las soluciones deben ser más integrales de las que se han discutido.

Panamá sufre una profunda deficiencia en su régimen constitucional. La Constitución, lejos de ser protectora de nuestros derechos y árbitro que resuelva conflictos entre poderes estatales, ha sido reducida en muchos casos a un mero símbolo, con el mismo calibre legal que el Himno Nacional. Este problema de ineficacia constitucional no es algo endémico del gobierno actual, sino que es un tema que aqueja a toda joven democracia como la nuestra.

¿Cuáles son las causas de esta deficiencia? Entre las más importantes, encontramos, primero, el origen dictatorial de la Constitución, que redujo a letra muerta el documento desde sus inicios. Segundo, ha sido evidente la falta de instituciones adecuadas para aplicar y ejecutar las disposiciones constitucionales. Tercero, el incremento, lento pero seguro, de normas cuya adecuación a la constitución es dudosa  ha causado que leyes tengan mayor importancia que la propia Constitución. Finalmente, el Órgano Ejecutivo, a través de varias administraciones, ha ejercido un control excesivo sobre el Órgano Judicial, mediante su facultades de determinación presupuestaria y nombramiento de magistrados.

Por lo anterior, nuestra meta de construir un estado de derecho queda seriamente vulnerada si la norma constitucional puede ser ignorada por el régimen de aplicación legal. La divergencia entre nuestra realidad actual, donde somos sujetos a una norma mutable y nuestro ideal de un estado de derecho, donde una norma suprema proteja los derechos de todos por igual, hace evidente la gran tarea que tenemos por delante.

El problema político que vemos hoy nace precisamente debido a la ineficacia de nuestra Constitución. La Ley 32 de 1999 que creó la Sala Quinta fue desarrollada con la intención de resolver el problema causado por una laxa aplicación de la norma constitucional. La oposición política en ese momento, temerosa de una captura de la facultad de interpretación constitucional por parte del partido gobernante, prometió, de ganar las siguientes elecciones, derogar la Sala Quinta, lo cual eventualmente sucedió mediante Ley 49 de 1999.

El conflicto político actual es una ¨reviviscencia¨ del temor originalmente observado en 1999. Mediante fallo del 25 de enero de 2011, la Corte Suprema de Justicia restableció la vigencia de la ley que creó la Sala Quinta, dando la posibilidad al actual gobierno de nombrar a tres magistrados que detentarán el mayor poder que existe en un estado de derecho: el de interpretar la constitución. Al igual que ocurrió en 1999, ha surgido una oposición feroz que ha resultado en el archivo de un proyecto de ley cuyo propósito era adecuar las funciones de la Sala Quinta al contexto jurídico actual.

Sin embargo, en palabras del Magistrado Luis Mario Carrasco, en su salvamento de voto al fallo antes mencionado, persiste la “urgencia de reformar el acto constitucional […] de tal suerte que las decisiones propias del gobierno, estructuración, dotación presupuestaria y selección de personal en lo que al Órgano Judicial se refiere, se adopten a lo interno de éste poder del Estado a fin de evitar el […] absoluto e histórico control externo”. Yo agregaría que además persiste la necesidad de desarrollar una tutela efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Me parece inconveniente que la discusión política no verse sobre los temas esenciales del problema. Por un lado, el Gobierno no puede ignorar el temor legítimo de que un solo gobierno, sea el actual o uno próximo, tenga el control efectivo de la facultad de interpretación constitucional. Por otro lado, la oposición debe permitir y participar en un debate serio que resuelva el problema de ineficacia constitucional que nos ha aquejado por décadas.

En un próximo artículo discutiremos una posible solución a este problema institucional.  El tiempo es apropiado para tener una discusión seria y transparente sobre los pilares débiles que sostienen nuestra joven república. Si un puño ha de apretarse dentro de la Asamblea ojalá sea para sostener las herramientas para construir un mejor Panamá.

* Alfonso Grimaldo Poschl es director de la Fundación Libertad de Panama.

Fuente: Fundación Libertad (Panama)