Pese a sus vicisitudes, Julian Assange y Edward Snowden son muy afortunados. Al menos no son periodistas ecuatorianos. De serlo, sus circunstancias serían peores. También tienen la suerte de que el presidente de la nación agraviada por sus filtraciones sea Barack Obama y no Rafael Correa.

El presidente de Ecuador ha ganado cierta visibilidad internacional al convertirse en apasionado defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión. Curiosamente, no muestra el mismo fervor libertario cuando se trata de los periodistas de su país. Adora la libertad de expresión de los extranjeros que filtran información sobre otros gobiernos, pero aborrece y reprime la de sus compatriotas.

Según Fundamedios, organización que defiende la libertad de expresión en Ecuador, en el 2012 hubo 173 “actos de agresión” contra periodistas, incluidos un asesinato y 13 asaltos. Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, manifestaron en el 2012 preocupación por la decisión del Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador de confirmar una sentencia penal y civil contra tres directivos y un periodista del diario El Universo. Se los condenó a 3 años de cárcel y a pagar una exorbitante multa de 40 millones de dólares. ¿Qué crimen merece castigo tan severo? Haber publicado una columna que ofendió al presidente Correa.

La Sociedad Interamericana de Prensa ha descrito la nueva ley que regula los medios de comunicación impulsada por Correa como “el revés más serio para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina”. La Asociación Colombiana de Prensa y Medios Informativos (Andiarios) la califica como “la estocada final” contra la libertad de expresión en Ecuador.

Un editorial del Washington Post recomienda a Edward Snowden leer con cuidado la sección 30 de la ley Correa. Ahí se prohíbe la libre circulación, en especial a través de los medios de comunicación, de información “protegida por una cláusula de reserva”. La legislación faculta al Gobierno para multar a cualquier persona involucrada en la difusión de “información reservada”, aun antes de que sea sometida a juicio. Si Snowden hubiese actuado en Ecuador como lo hizo en EE. UU., no solo él sino todos los periodistas que recibieron y divulgaron esa información hubiesen sido objeto de inmediatas sanciones financieras –seguidas por un juicio–.

Este doble rasero es convenientemente ignorado por Correa y los estadistas de su equipo. En un paroxismo de hipocresía, Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, declaró luego de reunirse en Londres con Julian Assange: “Pude decirle cara a cara, por primera vez, que el Gobierno de Ecuador sigue firmemente comprometido a proteger sus derechos humanos… Durante la reunión pudimos hablar sobre las crecientes amenazas contra la libertad de la gente para comunicar y conocer la verdad…”. El canciller Patiño no ha revelado cómo va a luchar contra “las crecientes amenazas a la libertad de la gente para comunicar y conocer la verdad”… en su país.

Al tiempo que Correa amordaza a sus críticos, intenta presentarse ante el resto del mundo como paladín del derecho a criticar a los gobiernos. Claro que no a todos. Hasta ahora las filtraciones han sido muy selectivas y perjudican principalmente al gobierno de EE. UU. Esperamos con gran interés las revelaciones de WikiLeaks o las de alguien como Snowden que divulguen los secretos de los gobiernos de Rusia, Irán, China o Cuba. O los del gobierno ecuatoriano.

Fuente: El Tiempo (Colombia)