“…[H]emos alcanzado un estado en el que [los sindicatos] se han convertido en instituciones especialmente privilegiadas a las cuales las reglas generales de la ley no aplican. Se han convertido en la única instancia importante en la que los gobiernos notablemente fallan en su función principal — la prevención de la coerción y la violencia”.  Friedrich A. Hayek, Premio Nobel de Economía,  The Constitution of Liberty, 1960.

El Partido Frente Amplio (FA)–cuyos diputados electos han ofrecido sus oficinas como ‘sucursales’ de sindicatos radicales en la Asamblea Legislativa–está dispuesto a entregar sus votos al Partido Acción Ciudadana (PAC) para que pueda dominar el Directorio Legislativo a cambio de que se revoque el veto a la reforma al Código Procesal Laboral.

El veto que le aplicó la administración de la presidenta Laura Chinchilla–y que ahora se pretende eliminar–se encuentra más que justificado, ya que defiende los derechos y libertades de todos los costarricenses consagrados en nuestra Constitución.

Constitución Política de la República de Costa Rica:
“ARTÍCULO 61.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia.”

¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a servicios públicos esenciales? 

“Se entiende como servicios públicos esenciales aquellos cuya paralización ponga en peligro los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad pública, el transporte, mientras el viaje no termine, y la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de productos perecederos o de bienes de los cuales dependa la vida o la salud de las personas”

No resulta sorprendente que los miembros de las cúpulas de unos cuantos sindicatos–acostumbrados a usufructuar, impunemente, del ejercicio de la coerción y la violencia–y un partido radical neocomunista (FA) promuevan agresivamente una agenda que les permita acceder a más privilegios injustos y ganar poder a costa del sacrificio de derechos de los ciudadanos, de la libertad y de la democracia.

Lo que sí resulta sorprendente–y hasta desagradable–es que los representantes de otros partidos políticos–que supuestamente llegaron al Congreso para defender los intereses de todos los costarricenses–estén ‘considerando’, seriamente, vender sus almas y sus votos al diablo.

¿Con qué cara justificarían los líderes y los diputados electos del PAC, del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) su apoyo a una iniciativa tan nefasta y contraria a los intereses de la mayoría?

Fuente: Luis E. Loría (Costa Rica)