Una cosa es que el Estado necesite  identificar y limitar la participación política de personas vinculadas a cuestiones judiciales, procesadas ante organismos de control, y/o vinculadas a diverso delitos principalmente aquellos relacionados con fraude, corrupción o vinculación indebida con grupos armados al margen de la ley. Esta es una necesidad urgente que debe influir en la transparencia con la que los partidos políticos elaboran listas y otorgan avales para las próximas elecciones municipales y de entes territoriales. Otra cosa es que, en esta cruzada, el Estado se apoye de fuentes de información oficiales y no oficiales para identificar con claridad y eficacia ésta información.

Pero otra cosa muy distinta es que el principal interlocutor del Estado en esta tarea sea una organización no gubernamental como la Corporación Nuevo Arco Iris representada por el señor León Valencia. Y es que resulta imprudente que se vincule a un actor tan polémico para desarrollar tal responsabilidad. Hay que recordar que el señor Valencia era parte del comando central del ELN y muy cercano al famoso cura Pérez y a aquellos “teólogos de la liberación” que decidieron un día empuñar las armas y disparar contra las instituciones y contra la sociedad civil dizque buscando la liberación nacional y la justicia social. En abril de 1994 el señor Valencia decidió abandonar la violencia y acogerse a un indulto que le permitió su regreso a la vida civil. No es prudente en todo caso que un actor que estuvo tan vinculado al conflicto armado ahora se erija como el principal referente de consulta sobre la posible vinculación de políticos y candidatos con grupos armados. ¿Qué diría la opinión pública si la misma tarea le fuera confiada a una ONG dirigida por un exjefe de autodefensas desmovilizado en los procesos recientes?  No se trata ni mucho menos de despreciar los apoyos de la sociedad civil organizada en la lucha contra la farcpolítica y la parapolítica, pero considero que es vital el rigor la hora de elegir interlocutores para ésta campaña nacional y evitar así enviarle mensajes equívocos a la sociedad.  Ante la falta de tacto en estos temas corremos una vez más el riesgo de caer en dinámicas que permiten lo que algunos llaman “combinación de todas las formas de lucha” que se traduce en la captura del Estado por parte de grupos que se han dado cuenta que en la guerra contra las instituciones hay formas más eficaces que la guerra de las guerrillas.

* Víctor Hugo Malagón es economista, profesor universitario y miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.

Fuente: El Nuevo Siglo (Colombia)