Nadie los controla, los regula, los sanciona, los impide.  Nada los frena.  Muchos los toleran.  Otros los temen.

Algunos los enfrentan.

Varios los condenan.

Todos los constatan.

Incondicionales los justifican.

Dogmáticos los glorifican.

Cómplices los encubren.

Periodistas los registran.  La historia los perenniza. Los demócratas los repudian.

Pero subsisten.  Crecen.  Se multiplican.

Generan aplausos de totalitarios que fusilan periodistas como Raúl Castro; amañan elecciones como Daniel Ortega; quintuplican fortunas como Cristina Kirchner, o invocan a la guerra como Hugo Chávez.

Para los excesos de Correa no hay límites en el Ecuador aunque los impone la Constitución.

Y no aludo solamente  a sus insultos, inventos, distorsiones, aberraciones, traumas, complejos o burdas mentiras como aquella formulada en República Dominicana respecto  a que conformaría una comisión de la oposición para investigar las vinculaciones de su gobierno con las FARC.  No.

Me refiero a causales de juicio político e incluso destitución constantes en la nueva Carta Magna para detener o castigar sus excesos, sin que sector alguno lo plantee.
Correa reconoció que pagaron con fondos de su campaña a los diputados de los manteles.

Lo justificó en que era gente pobre, proveniente hasta de la Amazonia.  No importan el monto ni la forma  de pago: reconoció que los financiaron.

Según la Ley de Elecciones, lo recaudado en campaña son fondos públicos.  El Código Penal define claramente al cohecho.

El artículo 129 de la Constitución faculta el enjuiciamiento político al Presidente, en el numeral 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

Más adelante, el 130, permite a la Asamblea su destitución “por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente”.  Correa se arrogó prolongar la emergencia en Petroecuador más allá de los 90 días autorizados por la Constitución.

Son excesos verificables, públicos e ilegales.

Para esconderlos, olvidarlos o atenuarlos quiere justamente generar ahora un movimiento regional dirigido a controlar los excesos de la prensa.  ¿Cuáles?  Los que él determine y a él le afecten.

¡Claro!  Los excesos de la prensa ya están regulados en la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Radiodifusión y Televisión, los códigos de ética y los manuales de procedimiento.  Son suficientes.

Para lograr que Correa sea estadista todo lo intentado hasta ahora resulta insuficiente.

No debe cambiar él.

No puede.

No sabe.  No quiere.

Debemos cambiar nosotros para ser eficaces en el afán de restaurar la democracia.  Basta de pedirle peras al olmo.

Fuente: http://www.elcomercio.com/