No pudo haber sido más duro y crítico el informe presentado por el profesor Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas, sobre la situación del sistema judicial ecuatoriano. Alston visitó el país por invitación del Gobierno para evaluar el delicado tema de las ejecuciones extrajudiciales. Sus conclusiones son alarmantes, por decir lo menos: aumento de la inseguridad ciudadana, incremento de la tasa de homicidios y del sicariato, linchamientos por parte de turbas al margen de la Ley, asesinatos a gran escala en la frontera con Colombia, intimidación y asesinato de defensores de los derechos humanos.

Alston define al sistema de justicia penal en el Ecuador como “ampliamente disfuncional”. Tanto la Policía como la Fiscalía salen muy mal paradas. “Este sistema consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes, y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por su ineficiencia y su mala gestión”. El nivel de impunidad alcanzado por el sistema es calificado por Alston como “impresionante”. Esto quiere decir, en sus propias palabras, “que hoy, en el Ecuador, la posibilidad de ser condenado/a por dar muerte a una persona es extraordinariamente baja”. De acuerdo con estimaciones oficiales, apenas el 1,3% de las muertes denunciadas a la Policía terminaron efectivamente en una sentencia condenatoria. Un dato sorprendente del sistema judicial es el uso generalizado que hace de la categoría “ajuste de cuentas” para clasificar una variedad de homicidios. Una vez calificado un homicidio como “ajuste de cuentas”, muy rara vez la Policía y los fiscales llevan a cabo una investigación seria y a fondo.

Nuestro inefable fiscal, Washington Pesántez, preocupado más por su imagen y por las relaciones públicas, reaccionó al informe desde un nacionalismo barato: lo rechazó por ser el Ecuador un país soberano. No necesitamos, dijo Pesántez, que un extranjero venga a decirnos lo que debemos hacer. Alston hace notar la contradicción entre un Gobierno comprometido por mejorar la Justicia y los pobres resultados que arroja el sistema. Aún cuando no establece ninguna responsabilidad política de la revolución ciudadana en el mal funcionamiento del sistema, todos recordamos cómo, desde la Presidencia, se protegió al fiscal general cuando fue cuestionado por asambleístas del oficialismo. Aún más, logró silenciar a los cuatro asambleístas que intentaron en vano enjuiciarlo políticamente con gravísimas acusaciones. Todo quedó en el limbo, que es hoy el nuevo territorio de la política ecuatoriana. Mientras el Régimen silenció las acusaciones en contra del fiscal, Alston ha venido para destaparlas nuevamente y poner el dedo sobre la llaga. Resulta sorprendente lo pantanosa que es la política ecuatoriana: se traga todo, olvida todo, calla todo, hasta las graves acusaciones en contra del fiscal por unos asambleístas que hoy brillan por su sorprendente silencio.

Fuente: Hoy (Ecuador)