Hace algún tiempo ya me había referido a los nexos, a todas luces indeseables, entre justicia y política y a los fenómenos terribles o de injerencia indebida de la política en la justicia, o  de la politización de la rama judicial, todo esto a propósito del vergonzoso espectáculo que han dado en los últimos años altos representantes de las ramas ejecutiva y judicial en nuestro país, con hechos que los expertos atinan en llamar “choque de trenes”.

Y es que, cuando la rama ejecutiva intenta intervenir indebidamente en las competencias de la rama judicial o, lo que es peor, la rama judicial empieza a actuar con criterios más cercanos a los intereses políticos e ideológicos, el daño que se le causa a la democracia y a la institucionalidad puede ser irreparable.

Han sido más que bochornosos  los episodios en los que se ponen en evidencia nexos de jueces y magistrados con grupos vinculados a la política e incluso con grupos al margen de la ley que intentan intervenir en política; o en los que magistrados de las altas cortes se pelean con representantes del poder ejecutivo; o cuando entidades de la rama judicial obstaculizan el normal desarrollo de sus obligaciones constitucionales como el nombramiento del Fiscal General de la Nación con comportamientos y actitudes que lo único que reflejan, al parecer de muchos, es un cierto compromiso con consideraciones más políticas que jurídicas.

Pero esto no pasa solamente en nuestro país. Uno de los temas más difundidos en la última semana por distintos medios de comunicación de todo el mundo, es la suspensión por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España del célebre juez de la Audiencia Nacional de ese país, el señor Baltasar Garzón, por el presunto prevaricato en el que incurrió y por el que está siendo procesado. Al revisar las acusaciones y los puntos de vista de un lado y de otro, se encuentra uno que, más allá de las argumentaciones jurídicas y de las elegantes fórmulas retóricas de los discursos especializados en jurisprudencia, en el fondo lo que hay es, una vez más, un tema de conflicto de intereses políticos de un lado y del otro, y en especial en aquellas consideraciones tan mediáticas que se refieren a las huellas y heridas sembradas antes de la dictadura de Franco, durante la guerra civil española (1936-1939). Todo este debate que termina por revivir las heridas de la guerra de los años 30´s se da en medio de uno de los más difíciles momentos políticos, económicos y sociales que se recuerden en la historia de la querida España. Cuando la Justicia se revuelve con intereses políticos e ideológicos, nada bueno queda para las sociedades.

* Víctor Hugo Malagón es economista, especialista en política y relaciones internacionales, y profesor universitario.

Fuente: El Nuevo Siglo