Hacía muchos años el país no sufría una conmoción como la que estamos presenciando por estos días y que afecta a todos los ciudadanos que tendrán que pagar más por los alimentos, han visto sus propiedades destruidas o dañadas, caminan horas para llegar al trabajo y, en algunos casos dolorosos no logran llegar a los centros asistenciales cuando sufren un accidente o una enfermedad que requiere tratamiento urgente. La restricción al comercio, a la industria y a la misma agricultura causará daños graves. No es aceptable que quienes protestan afecten gravemente los derechos de los demás ciudadanos. La Justicia debe actuar, aunque no somos optimistas al respecto. Nos llena de admiración, por otra parte, la abnegación de los policías que día tras día soportan calor, frío, sed, piedra e insultos. Muchos han sufrido heridas graves y uno de ellos fue asesinado. Con muy pocas excepciones han actuado con valor y mesura. ¿Habrá una recompensa para ellos?

Sería bueno que se genere conciencia de que muchos de los perjudicados directos no recibirán auxilio alguno. Y la economía del país sufrirá. La cifra esperada de un crecimiento del PIB del 3.8%  no se va a dar. ¿Eso se puede llamar una “justa protesta social”, o es un orquestado despelote general?

¿Es factible que el Estado, por cuenta de todos los contribuyentes les arregle el problema de ingresos y egresos a todos los agricultores, camioneros, mineros ilegales y tantos otros? Simplemente no es posible. Hay, entre otras cosas, protestas ilegítimas como la de los mineros ilegales. Esos, con las vacunas que pagan, entregan dinero a las FARC y al ELN. Ahí no se debe ceder un centímetro. Lo que si se debe hacer es que los permisos, o su negación, deben ser ágiles.

En las negociaciones con sectores legales, el gobierno debe escoger los voceros legítimos del gremio, no a los autoproclamados voceros ad-hoc, que simplemente son más gritones. El café, con el comité nacional, la leche con la asociación de lecheros (Analac), y así sucesivamente. No hacerlo así destruye la institucionalidad del país y es un acicate a la anarquía.

Quienes se solidarizan, sin reflexión alguna, con los agricultores, por su parte, sería bueno que pensaran que lo que se dé a los agricultores sale de su bolsillo. El gobierno no produce recursos. Sólo distribuye los que le quita a los ciudadanos. ¿Debe organizarse entonces una redistribución de dinero de los habitantes de las ciudades (más del 80% de la población) hacia los campesinos? Esa es la gran pregunta. En muchas partes del mundo se hace exactamente eso, por motivos políticos, de justicia o por simple sentimentalismo.

Si se decide hacer esa redistribución, debe organizarse bien. No es algo fácil de administrar para un Estado que nunca ha sido buen administrador. Los mecanismos deben ser entonces sencillos, así sean imperfectos. Uno de ellos es establecer un subsidio a la importación de insumos agrícolas; un arancel negativo, por llamarlo de alguna manera. Para los productores nacionales hay que buscar un pago equivalente, que se puede hacer con un Crédito Tributario negociable. Otra medida, de resultados a mediano plazo, es un plan de AIS estable y con el presupuesto adecuado.

¿Hasta cuándo habrá necesidad de subsidiar el agro? Es una pregunta sin respuesta clara. Estados Unidos y Europa llevan décadas haciéndolo y no se ve un final de los subsidios. Y esos son países donde la agricultura y la ganadería son mucho más eficientes que el agro colombiano.

La otra cara de la moneda, es la posibilidad de establecer un arancel a los productos agrícolas y pecuarios que tienen competencia de importaciones del exterior y reciben subsidios en el país de origen. Hay que aceptar también ciertas realidades dolorosas. La primera es que no todos los agricultores pueden sobrevivir el mundo moderno. En segundo lugar, será necesario ignorar, o echar para atrás si ya se ha pactado algo, cualquier iniciativa de las FARC o de sus simpatizantes, porque esas, sin duda alguna, solo conducen al fracaso. Y por último, hay sectores enteros que prácticamente están condenados a la desaparición; sencillamente no son viables en Colombia.

Esto se refiere al problema de fondo del agro. No resuelve el problema de la minería ilegal, ni de los fletes que se reducen por el exceso de oferta de transporte, o algunos otros que pescan en río revuelto.

En todo el asunto, no podemos ignorar que la subversión, armada y desarmada, está aprovechando la situación para generarle un problema grave al gobierno. A esto se añade otro problema: que lo que sea que se pacte con las FARC, no será acatado por buena parte de la organización terrorista y tampoco será aceptado por una gran parte de los ciudadanos. Estamos viviendo un despelote general.   Malos tiempos para Juan Manuel Santos, en buena parte debidos a sus errores.

Fuente: Verdad Colombia (Colombia)