¿Ahora cuál es la excusa para que la Corte Suprema no cumpla con su obligación constitucional de nombrar al fiscal general?

Una vez superado el argumento de que, ante la incertidumbre sobre la posibilidad de una reelección del Presidente Uribe, la elección, en este período, de un fiscal general de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia, ponía en riesgo el sistema de pesos y contrapesos que garantiza el equilibrio de poderes y la institucionalidad en el marco del Estado de Derecho, cuál va a ser ahora la excusa de la más alta instancia del poder judicial para seguir aplazando esta vital decisión para el país.

Más grave aún es que, si son ciertas las especulaciones sobre supuestos cálculos con intencionalidad política por parte de miembros del alto tribunal, para intentar aplazar la elección a la espera de la posesión del próximo Presidente de la República, esto sería contradictorio con los argumentos iniciales referidos al equilibrio de poderes. Si esto fuera cierto efectivamente la Corte Suprema estaría dándole la razón a quienes piensan que son razones políticas y no jurídicas las que explican la incapacidad de esa corporación para ponerse de acuerdo en el nombramiento del Fiscal; y también a quienes piensan que en un intento de hacerle daño al actual gobierno, lo que están logrando es hacerle daño a la institucionalidad del país.

He ahí la paradoja, quienes en un principio parecían defensores de la institucionalidad y del Estado de derecho resistiéndose a nombrar al fiscal general ahora parecen agresores de la democracia y de la constitución al seguirse resistiendo a cumplir a cabalidad uno de sus deberes consagrados en la carta magna.

Lo he dicho antes y lo repito, gravísimos problemas pusieron en cuestión la legitimidad del poder legislativo en los últimos años al evidenciar nexos entre congresistas y grupos terroristas; también graves sucesos han puesto en cuestión la legitimidad y la transparencia en la actuación de ciertos órganos dependientes del poder ejecutivo que presuntamente han atentado contra los derechos fundamentales; pero lamentablemente el poder judicial no se salva de esa nube que ensombrece el futuro inmediato del país, asumiendo este tipo de actitudes que terminarán por causarle grave daño a la institucionalidad.

Todo esto sucede al tiempo con una de las campañas presidenciales más cortas, más superficiales, más mediáticas y menos sobresalientes de la historia reciente del país que se da en el marco de serios cuestionamientos a la eficiencia y transparencia de la autoridad electoral, del terrible renacer de las formas tradicionales de corrupción electoral, y sobre todo de la profundización en el deterioro y el descrédito de los partidos políticos la única base, para muchos, de la consolidación de un sistema político eficiente y democrático.

* Víctor Hugo Malagón es economista, especialista en política y relaciones internacionales, y profesor universitario.

Fuente: El Nuevo Siglo