El paquete tributario recientemente anunciado por el gobierno como parte del financiamiento del programa de reconstrucción post-terremoto parece representar un gran golpe de efecto político. Esto es lo que se deduce, por lo menos, de las reacciones políticas sobre este tema que han aparecido en la prensa. No obstante, existen distintos criterios en base a los cuáles es posible evaluar esta propuesta.

Un aspecto que llama especialmente la atención respecto del componente tributario del plan anunciado es su carácter discriminatorio. Las alzas de impuestos tocarán a las empresas que pagan impuestos de primera categoría (y dentro de estas únicamente a las grandes empresas), a las compañías del rubro minero afectas al royalty, a los propietarios de bienes raíces de mayor tasación fiscal, y a los consumidores de un tipo de bien en particular, el tabaco. Racionalizar una distribución de la nueva carga tributaria a estos grupos parece una cuestión sencilla; los defensores de la propuesta han ofrecido distintos tipos de argumentos que permiten justificar esta combinación de impuestos. Esa es justamente la gracia de elevar los impuestos en forma discriminatoria. Y, posiblemente, este podría ser el fundamento de la “eficiencia política” del paquete tributario del gobierno.

Pero un sistema tributario que grava a los contribuyentes de forma discriminatoria es esencialmente arbitrario y representa una amenaza contra los derechos individuales, existiendo alternativas impositivas que no adolecen de estos problemas. En este sentido, si bien nuestro sistema impositivo tiene virtudes y defectos, el paquete tributario propuesto tiende más bien a acentuar sus defectos. La información disponible sobre los elementos de la propuesta del gobierno que apuntan a un perfeccionamiento del sistema tributario, parecen demasiado tímidos para representar un avance significativo en este sentido.

Se puede argumentar, por cierto, que muchos de los componentes de este paquete son de carácter transitorio y que el plan del gobierno responde por lo demás a una situación de emergencia. Pero este punto nos invita a reflexionar sobre dos temas claves de considerar en esta discusión.

Por una parte, es importante abordar la real necesidad de un alza de impuestos en estos momentos, en un contexto en el cual existen otras alternativas de financiamiento de los programas de reconstrucción post-terremoto. Este es un punto importante de enfatizar; si bien de acuerdo a los últimos antecedentes disponibles nuestra situación fiscal no era tan sólida como creíamos, aquí no estamos en un contexto en el cuál subir los impuestos era la única opción disponible. Parece válido preguntarse, entonces, por la justificación de la alternativa tributaria que, bien vale la pena recordar, habría surgido de motu propio de parte del propio gobierno. ¿Es esta una cuestión de convencimiento o es más bien una medida de índole política?

A su vez, es necesario recordar que en una sociedad democrática la política tributaria se determina en un entorno donde consideraciones políticas toman una preponderancia fundamental. En el contexto del debate legislativo la propuesta del gobierno puede sufrir cambios que involucran, incluso, que los nuevos tributos sean permanentes en vez de transitorios. La apuesta del gobierno no sólo focaliza la discusión sobre la estructura de financiamiento en vez de concentrarse en la eficiencia de los gastos públicos actuales, que puede ser la variable más importante de considerar, sino que acarrea también riesgos desde un punto de vista de la economía política.

Fuente: La Segunda (Chile)