Las instituciones atraviesan momentos de tensión. Esta vez el Consejo Supremo Electoral, CSE, se haya fuera de la tormenta, pero en su lugar la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y la Asamblea Nacional pasan por una crisis que amenaza con extenderse.

El motivo parece ser sencillo: la elección de 25 funcionarios de Estado a quienes se les vence (y en algunos casos venció) su período este año. La práctica indica que no es así de simple, el camino para llegar a estos acuerdos suele ser sinuoso y la falta de coincidencias y voluntad política esta vez ha provocado grandes estallidos.

El inicio, si así se le quiere llamar, fue en enero, cuando el presidente Daniel Ortega emitió un decreto que prorroga en sus cargos a 22 de los 25 funcionarios mientras el Parlamento, donde aún no sale humo blanco de las negociaciones, no eligiera a los sucesores.

Además de usurparle funciones a la Asamblea Nacional, Ortega lanzó la primera pista de lo que se avecinaba. Actualmente dos magistrados de la CSJ se niegan a dejar sus cargos, aunque su período esté vencido, amparándose en el Decreto Presidencial y en un artículo constitucional en el que se arropa el Frente Sandinista, el 201, de la Carta Magna de 1987, que dice que los funcionarios de Estado de ese entonces podían permanecer en sus cargos mientras no asumieran sus relevos.

La salida a esta crisis, sostiene Félix Maradiaga, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Americana, UAM, no puede ser otra que jurídica.

¿Qué salida considera que se le puede encontrar a la crisis que atraviesa la Asamblea Nacional, y a la que se ha sumado la Corte Suprema de Justicia e incluso la Contraloría General de la República?
La salida ideal es la jurídica, donde ambas partes establezcan como elemento mínimo para cualquier negociación el respeto a las normas jurídicas vigentes.

El uso de la ley para fines políticos es legítimo en todos los regímenes democráticos, pero cuando el marco de la ley está subordinado para al debate político se cae en atropellos de esta magnitud, como lo más reciente, cuando quieren imponer un artículo a todas luces fuera de lugar.

La salida política no está divorciada de la jurídica, lo que pasa es que se crea un problema mientras una de las partes lea la Constitución con unos lentes distintos a los que lo leen las demás personas.

¿La salida jurídica es la elección de funcionarios en el Parlamento?
Exacto. Elección de funcionarios de conformidad con la Constitución vigente, esa es la única salida institucional y la única salida que le puede ahorrar mayores traumas al país. Cualquier otra salida, por muy política que sea, lo que haría sería comprarle tiempo al país porque tarde o temprano explotaría otra crisis.

Los que criticamos esta mala práctica de poner de lado la interpretación correcta para salir de problemas inmediatos, lamentablemente estábamos en lo correcto cuando criticamos la elección de algunos magistrados, entre ellos la magistrada Juana Méndez, cuando se eligieron en combo, y así no lo establece la Constitución. En ese momento se dio una salida política que compró tiempo.

Mi preocupación es que una salida que no esté apegada estrictamente a la Constitución lo que hace es suspender, por períodos cortos, traumas que explotarán luego y con mayor fuerza en el país.

¿Esto en qué derivaría?

La compra del tiempo es la principal estrategia del Frente. El partido de Gobierno a todas luces ha venido experimentando una estrategia en la cual logra muy rápido los avances en la captura del poder por la vía de la ilegalidad y una vez que ha logrado sus avances, los mantiene.

Y está convencido desde su óptica, de que la oposición, como lamentablemente ha sido cierto, va a llorar, va a patalear, pero eventualmente va a tener que tragarse la mayor parte del territorio ganado.

Veamos unos ejemplos prácticos, la reforma a la Ley 290, donde minimizaba o prácticamente erradicaba las funciones del Ministerio de Defensa, en ese momento, algunas personas, incluido este servidor junto con el Ieepp, publicamos algunas piezas en El Nuevo Diario y La Prensa, donde decíamos que eso no debía dejarse pasar y se dejó pasar.

En esa misma reforma se incluyeron los CPC. Un caso más grave es el anuncio de la candidatura del presidente Ortega, que no es legal, pero ya todos los partidos después de haber protestado por eso están hablando de una candidatura frente a Daniel Ortega, cuando esa candidatura no es constitucional.

La estrategia del Frente es clarísima, ellos han tenido medidos con bastante precisión los niveles de respuesta de la oposición y de la sociedad civil y están claros que éstos no han provocado retrocesos.

Por eso le pregunté, ¿esta situación que consecuencias tendrá? No estamos frente a un Frente Sandinista convencional
Está derivando en un agotamiento de las salidas legales e institucionales y abriendo cada vez más espacios para que grupos de oposición exploren salidas al margen del sistema, o sea, está abriendo espacios a la violencia.

Hasta el momento no hay indicios de violencia, excepto los pleitos en altas esferas, de los magistrados por ejemplo.
Claro, ese es el problema, el umbral de tolerancia de los nicaragüenses es tan alto que se nos ha hecho casi normal que dos magistrados se insulten. Como sociedad lo lamentable es tanta tolerancia. En una sociedad más o menos funcional esto sería motivo de escándalo.

¿Qué tanto puede durar eso?

Yo creo que en algún momento y espero honestamente equivocarme, los espacios a las salidas pacíficas se reducirán. Naturalmente hay otro escenario.

A pesar que la gente aún no está en las calles… la gente contra el gobierno digo.

Yo creo que eso en vez de ser favorable, es más bien algo preocupante porque la tensión social tiene mecanismos de escape. En toda sociedad funcional hay expresiones de ciudadanos en las calles, personas haciendo acción ciudadana para el cambio, pero cuando llega un momento en que no vemos eso, cuando el ciudadano pierde la fe en esos mecanismos, entonces se va generando un embrión, un semillero que es muy triste para el país.

¿De qué opciones estamos hablando?

En primer lugar el mayor deterioro de la institucionalidad del país y la desobediencia civil, que uno la ve, todavía tímida, pero más presente en algunas personas. La pérdida absoluta de fe en las instituciones es otra opción. La última encuesta de MyR revela el 85 por ciento de desconfianza en la Corte Suprema de Justicia.

En una sociedad que lleva a un absoluto descrédito de las instituciones que administran el poder y cuando entienden como sociedad que no son las instituciones las que resuelven las crisis, naturalmente dan espacio a ese descontento.

Hay otro escenario, el de la indolencia, del acomodo, y es que el que se ha venido repitiendo. No veo ningún escenario intermedio.

A su criterio, ¿este escenario podría prolongarse hasta el año que viene, cuando se celebrarán elecciones presidenciales?
Es el escenario ideal para el Frente, comprar tiempo para llegar a las elecciones y generarle la ilusión a la oposición de que la salida electoral es una salida. Cuando uno toma evidencia de lo que hemos visto hasta ahora, las elecciones dejan de ser una opción si el juego electoral es bajo la reglas de las elecciones municipales del 2008, donde hay pleno control de la inscripción de candidatos, no hay observación electoral y hay un partido de gobierno que tiene pleno control del Consejo Supremo Electoral, que cuenta los votos.

Es el escenario de mayor probabilidad, porque para llegar a la otra alternativa hay que llegar a un punto donde los partidos políticos, movimientos sociales y sociedad civil pierden toda fe en la lucha a través de mecanismos y avenidas institucionales. Esa salida no la veo porque todavía la oposición sigue aceptando el juego. Miremos el caso del artículo 201.

¿No cree que no tiene validez ver como ingenua a esa oposición?
Creo que sí, los resultados de las acciones de la oposición son ingenuas, pero creo que la ingenuidad tiene una base. Aunque ingenuidad es lo que se percibe, lo que hay es desacierto.

¿Aunque haya complicidad, al menos en una parte de esa oposición?
Una parte es cómplice por una sencilla razón y es el hecho de que los candados que se le hicieron a la Constitución en la reforma del 2000 y 2005 sólo permiten que haya surgimiento de una oposición con el visto bueno del partido hegemónico, para utilizar el término de Giovanni Sartori.

La pregunta que a todas luces surge es si tiene algún interés uno de los personajes de la llamada oposición de que se consolide una oposición, me refiero al doctor Alemán, quien tiene acciones minoritarias en ese consorcio.

¿Se vislumbra una tercera vía, una oposición que se consolide con otros personajes políticos?
Todas las condiciones están dadas, más que una tercera vía, falta la formulación de un camino ideológico con una propuesta. Dicho eso, sí debo admitir que están dadas las condiciones para un mecanismo alternativo de oposición, a excepción de uno: las institucionales.

Una opción alternativa pueda tener solidez dentro una propuesta electoral, pero ¿permitirá el Consejo Supremo Electoral la conformación de una nueva vía? Naturalmente que no.

Fuente: El Nuevo Diario (Nicaragua)