Existen más de medio centenar de perseguidos por el gobierno de Morales, en su mayoría autoridades y dirigentes de oposición en los últimos cuatro años. El Mandatario llama “delincuentes confesos en un sindicato” a ex presidentes que denuncian persecución.

El monseñor Sergio Gualberti en la homilía dominical en la catedral de San Lorenzo, en nuestra capital, hizo ayer una analogía de la justicia divina que no es como la de los hombres que manipula las leyes y que busca amedrentar y perseguir a sus adversarios.
“Que diferente sería la justicia humana, si es que actuara como la justicia divina, evitando la manipulación de leyes e instituciones judiciales que instrumentaliza a la justicia con segundas intenciones que la utiliza para amedrentar y perseguir a adversarios o para desprestigiar a las personas”, dijo Gualberti en la homilía dominical.
La homilía coincide con una denuncia elevada por diputados opositores a la cabeza de Carlos Subirana y David Mejía que piden al Parlamento Andino de la Comunidad Andina de Naciones, un pronunciamiento sobre la violación a los derechos humanos traducida en persecuciones políticas a opositores y aprobación de leyes “guillotina”  para judicializar y aniquilar candidatos a los comicios del próximo 4 de abril.
Los diputados enumeran también la potestad cedida por la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo para que nombre directamente a altos magistrados judiciales, en un actuar inconstitucional.
“En gran parte del territorio nacional no se permite a los candidatos opositores hacer campaña debido a la existencia de llamados “movimientos sociales” que impiden el libre ejercicio democrático”, dice la carta entregada el 14 de marzo a Rosa Marina León, presidenta del Parlamento Andino.
Asimismo, el pronunciamiento se suma al calificativo de “totalitario” que hiciera en su editorial del sábado el influyente periódico español “El País” a tiempo de enumerar la persecución y aprobación de la ley anticorrupción y la ley de juicio de responsabilidades que ha puesto en alerta a tres  ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) que emitieron un pronunciamiento.
Sobre el tema, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, calificó como un “manifiesto político”, lejos de un argumento jurídico, la demanda de las ex autoridades.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales Aima, llamó a los ex presidentes que efectuaron declaraciones reclamando la inconstitucionalidad del proyecto de Ley de Juicios de Responsabilidades “delincuentes confesos organizados en sindicato”.
“Si alguien no tiene nada, no hay porqué temer a nada. Yo puedo entender que (los ex presidentes) son delincuentes confesos y que se organizan en un sindicato para defenderse, a esa conclusión llego”, dijo Morales tras la caminata proselitista organizada para apoyar candidaturas del MAS en La Paz.
El Comité pro Santa Cruz tiene previsto continuar con una reunión ampliada de directorio para mañana y que coincide con un encuentro  de cívicos de la medialuna opositora para tomar algunas medidas contra la persecución política.
El periódico paceño La Razón publicó recientemente que son 59 opositores políticos que enfrentan procesos judiciales alentados por el Gobierno. ED/agencias

Fiscal Soza prevé concluir el caso en tres semanas

El fiscal Marcelo Soza, que encabeza la investigación del caso terrorismo afirmó el domingo que las pesquisas están cerca a concluir para dar paso a las posibles imputaciones a los sospechosos de  planes secesionistas.
En una entrevista con los medios estatales, Soza aseguró que sólo faltan “algunos informes más’ que deben ser recabados en Canadá y Estados Unidos, además de la declaración de entre 10 a 20 personas para concluir con la indagación.
“Tenemos que recabar información de países extranjeros, estamos hablando de Canadá y Estados Unidos. Parte de información informática, correos electrónicos, con eso ya concluiremos todo el tema investigativo, teniendo en cuenta de que en cuanto a evidencias tenemos todo consolidado”, puntualizó.
Explicó que en las investigaciones ya se ha establecido qué personas participaron en la acción irregular e insistió que tras cumplir con lo poco que falta se presentarán las “imputaciones correspondientes y luego, de aquí a dos o tres semanas más una probable acusación”. Estudia la posibilidad de tomar declaración a Gary Prado Salmón en Santa Cruz./ANF

la ‘lista negra’

1) El ex Conalde • Tienen acusaciones formales los ex prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija), José Luis Paredes (La Paz), Manfred Reyes Villa (Cochabamba), Leopoldo Fernández (Pando) y la actual prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar. En la mayoría de los casos se les acusa de malversación de fondos y daños económicos al Estado y en el caso de Leopoldo está preso en San Pedro.

2) Líderes y cívicos • En un segundo grupo está la alcaldesa suspendida de Sucre Aydée Nava, el ex alcalde de Potosí y ahora candidato, René Joaquino; el ex presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera; el ex rector de la universidad San Francisco Xavier y presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón y el ex cívico de Sucre y candidato prefectural John Cava. ahí mismo está el ex presidente cívico de Santa Cruz Branko Marinkovic y el segundo vicepresidente Guido Náyar, acusados de daños económicos al Estado o de estar involucrados en el llamado Caso Rózsa.

3) Otros casos • Por los hechos de Porvenir en Pando donde murieron 13 campesinos en un enfrentamiento, existen al menos 30 pandinos perseguidos o autoexiliados en el Brasil, por el juicio a Goni varios ex ministros como Guido Áñez, Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia, ex ministro de Salud se autoexiliaron en Perú y EEUU. Se habla de la judicialización y el revanchismo durante el actual Gobierno.

Fuente: El Nuevo Dia (Bolivia)