Los permisos de transmisión de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV) y varios otros canales de cable, “acusados” de no haber televisado una de las infinitas cadenas presidenciales, fueron recientemente revocados por el gobierno de Hugo Chávez. Este lamentable atentado contra la libertad de expresión, se suma a los cuatro cortes de luz diarios, a la devaluación del 50% de la moneda, a la inflación del 25% (la más alta de toda la región), al creciente número de presos políticos y a la violación sistemática de derechos fundamentales de los hermanos venezolanos que osan opinar distinto.

Como era de suponer, las reacciones de rechazo por parte de la sociedad civil, no se hicieron esperar y hoy la hermana república de Venezuela se muestra una vez más dividida entre pacíficas – aunque estridentes – manifestaciones estudiantiles y acciones de represión violenta por parte de los grupos de choque del régimen y sus cómplices. El gobierno venezolano aduce que los sancionados incumplieron con la ley de comunicación que obliga a los canales nacionales a enlazarse en la transmisión de cadenas presidenciales. El sentido común nos lleva a preguntarnos ¿qué pasa cuando dichas cadenas se convierten en un constante bombardeo de propaganda gubernamental y son utilizados para infundir temor en aquellos que no comulgan con el régimen de turno?

Recientemente la fundación Ethos presentó los resultados de un estudio realizado sobre el número de cadenas efectuadas por los gobiernos de América Latina durante el año 2009. Sorprendentemente o no, Ecuador encabezó la lista con 233 cadenas nacionales (sin incluir los enlaces sabatinos) a comparación de Venezuela que se ganó el segundo puesto regional con unas 195 cadenas anuales. Haciendo uso de esta técnica, combinada con los “gabinetes itinerantes” (que posibilitan que se reúna el presidente y sus ministros en lugares muy remotos del país) nuestro gobierno adicto a las encuestas, está logrando generar la percepción de mayor cercanía con sus gobernados.

Las reuniones de un presidente y su gabinete en lugares diferentes a la sede del gobierno, constituyen una estrategia política que incluso ha sido utilizada por otros gobiernos con principios contrarios al socialismo del siglo XXI, como es el caso de la administración de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Pero ¿qué pasa cuando las cadenas gubernamentales, lejos de cumplir el encomiable propósito de la rendición de cuentas, se utilizan como plataforma para injuriar o amedrentar a los opositores al régimen? Y ¿qué pasa cuando en tiempos de campaña política las cadenas se utilizar con fines obviamente propagandísticos?.

En este preciso momento, en que se ha reinstalado en la Asamblea Nacional la discusión de la ley de comunicación, debe tenerse en cuenta la inclusión de medidas que protejan a los ciudadanos de un potencial abuso gubernamental del monopolio de la información. Es decir, no sólo descartar una ley destinada a restringir la libertad de expresión y amordazar a los medios que opinan distinto al gobierno de turno, sino además definir claramente la naturaleza y limitaciones de las cadenas nacionales. Esas mismas cadenas, que bien pueden ser utilizadas para informar a la ciudadanía sobre temas de enorme trascendencia económica y política de nuestro país o con meros fines populistas.

El caso venezolano nos muestra que la coexistencia pacífica de los ciudadanos depende de la capacidad de diálogo que un gobierno tenga con la sociedad civil. El futuro de las libertades y derechos fundamentales de los ecuatorianos está, una vez más, en manos de los legisladores.

Fuente: HACER