La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) finalizó su 68ª Asamblea General con las conclusiones que resumen los riesgos y las principales dificultades que enfrenta la prensa en las Américas. Más de 500 delegados se reunieron durante cuatro días en esta ciudad para evaluar el estado de la libertad de prensa en el hemisferio occidental.

En las conclusiones, la SIP advierte que la violencia contra la integridad física de los periodistas y la creciente intolerancia de gobiernos autoritarios constituyen los principales problemas que afronta la prensa independiente hoy en el continente.

En efecto, trece periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses en México, Honduras, Brasil y Ecuador por el solo hecho de realizar su trabajo.

La SIP señaló que una feroz ofensiva encabezada por los mismos presidentes de los países busca silenciar al periodismo independiente en Argentina, Ecuador y Venezuela mediante leyes regulatorias, discriminación de la publicidad oficial e inmensos aparatos mediáticos estatales y privados utilizados para difamar y hacer campañas de desprestigio contra los periodistas.

Indicó que existe preocupación debido a que las reformas que están en consideración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para modificar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden debilitar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionado con la defensa de la libertad de expresión, así como a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esa organización.

Resaltó que en Cuba continúa la política del amedrentamiento, habiéndose detenido en septiembre a 533 opositores mientras que en Haití, Venezuela, Honduras y Perú se asiste a un alto grado de violencia contra la prensa. A su vez, en México, agresiones, amenazas y atentados representan el mal principal.

Leyes de prensa que restringen la tarea del periodismo son promovidas en Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay.

En Ecuador la justicia carece de imparcialidad y continúa agrediendo a medios y periodistas bajo un discurso oficial hostil que genera autocensura, en tanto que en Brasil la justicia sigue fallando en contra de los medios para prohibir dar información.

En Argentina la presidenta sigue sin dar conferencias de prensa y abusa de la cadena nacional para anuncios que no contempla la legislación, además de tergiversar estadísticas oficiales y mantener un costoso aparato de comunicación utilizado muchas veces para atacar a los críticos.

La amenaza a la prensa independiente puede tener un capítulo oscuro en diciembre, cuando el Gobierno pretende avanzar sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín desconociendo fallos judiciales y normas legales. Esos medios son los pocos que hoy informan con independencia del relato oficial.

En Nicaragua y Venezuela la publicidad oficial se entrega a medios afines y se niega a los críticos, mientras persiste el secretismo y la falta de acceso a la información pública, concluyó la SIP.

Resolución sobre Venezuela

Este martes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer una resolución sobre Venezuela donde exige al gobierno venezolano cesar la persecución política, policial y judicial contra los periodistas y medios. También llamó a las autoridades a mostrar “plena disposición y tolerancia al libre ejercicio de la libertad de prensa”.

La SIP solicitó al Presidente Chávez la revisión y derogación de leyes que violen los principios democráticos, los derechos humanos y la libertad de expresión y acceso a la información.

La organización, durante su 68 asamblea anual, realizada en Sao Paulo, exigió al gobierno de Venezuela el cumplimiento de la Constitución Venezolana y los tratados internacionales.

La SIP consideró en su resolución que el gobierno de Hugo Chávez ejerce el control sobre los poderes y esto le ha permitido aprobar leyes que niegan “esenciales derechos humanos”.

Destacó también la SIP la persecución policial, política y judicial contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, contra el periodista y editor Rafael Poleo y contra la periodista Patricia Poleo, quienes se han visto obligados a estar en el exilio.

La SIP señaló que el Estado venezolano incumple las obligaciones dictadas por la CIDH y continúan cerradas 34 emisoras y el canal RCTV.

Fuente: Globovisión (Venezuela)