Una marcha protestó ante la delegación diplomática en La Paz exigiendo la extradición de Sánchez de Lozada. El expresidente acusa a grupos corporativos sindicales.

Luis Alfredo Castaño Moreno, uno de los 450 heridos que dejó la denominada guerra del gas, fue el primero en arribar a la embajada de Estados Unidos en la avenida Arce de la ciudad de La  Paz, a las 11:30 de ayer, apoyado en las muletas que lo ayudan a transportarse porque su pierna izquierda quedó cercenada por un balazo el 12 de octubre de 2003. Él, como otras víctimas, pidió ayer cerrar la embajada del país del norte en La Paz si es que en 90 días ese país no entrega al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Por su lado, el exmandatario reapareció ayer a través de una solicitada publicada en tres periódicos del país titulada El día que murió la democracia, en referencia al 17 de octubre de 2003, cuando huyó del país tras renunciar a la Presidencia. La publicación contiene su carta de dimisión enviada al Congreso Nacional aquel día en que partió hacia Estados Unidos para no regresar hasta el día de hoy.

“Pedimos que se lleve la embajada si no suelta en 90 días al carnicero Gonzalo Sánchez de Lozada; si no lo devuelve, la vamos a hacer volar, no la queremos ver, que se vaya, que se recoja, pedimos eso como familiares de los heridos”, dijo Filemón Condori, representante de las víctimas.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Javier Ajno, dijo que en las reuniones que su organización tuvo con las víctimas, esta propuesta no fue expuesta, pero se sumó a la decisión de las familias.

“Si esa es la decisión vamos a tener que apoyar por la unidad del pueblo, por eso con las familias todos tenemos una sola idea”, afirmó Ajno.

La multitudinaria marcha que pidió la entrega del ex- presidente partió desde la ciudad de El Alto y rodeó por dos flancos la embajada de Estados Unidos en La Paz. Las avenidas Arce y 6 de Agosto fueron los puntos de acceso de los marchistas, que se encontraron con un contingente policial dirigido por el comandante departamental de la Policía, coronel Rosalío Álvarez.

La Policía estableció un perímetro alrededor de la embajada de EEUU y vigiló, incluso, apoyado por el gigantesco carro antimotines que despliega en casos de emergencia. El coronel Álvarez refirió que los informes de Inteligencia establecieron que  no había intención de atacar la embajada en esta movilización.

En junio de 2009, una marcha alteña, que llegó hasta esta delegación, luego de confirmarse el asilo a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, atacó la embajada y se produjo un enfrentamiento que duró una hora aproximadamente.

Ayer, el panorama fue distinto. Pese a que los alteños lograron el apoyo de una comitiva de los mineros asalariados que hizo detonar al menos cuatro cachorros de dinamita en la caminata, la movilización se disolvió apenas los caminantes pasaban por el frontis del inmueble.

La embajada, por su lado, dispuso la tolerancia para todos los empleados y declaró día no laborable por razones de seguridad. Solo quedaron “unos 50 marines”, indicaron las fuentes.

Las víctimas y la dirigencia, que llegaron hasta las puertas de la embajada, no ocultaron su rabia e impotencia y profirieron estribillos en contra del país del norte. “Estados Unidos, asilo de asesinos” o “Goni asesino, el pueblo no se olvida”, eran los gritos de los presentes.

Velas, flores y epitafios portaban las familias de aquellos que fallecieron desde octubre de 2003. Rubén Cadena Calle murió hace cinco meses exactamente y su familia pidió, en medio del llanto, “la devolución” del expresidente.

Sánchez de Lozada, en la carta de renuncia publicada ayer, acusa a “grupos corporativos, políticos y sindicales” de utilizar la democracia según su conveniencia.

“No se puede retirar a un presidente elegido democráticamente por mecanismos de presión o de violencia que están al margen de la ley. (…) Es mi deber advertir que los peligros que se ciernen sobre la patria siguen intactos: la desintegración nacional, el autoritarismo corporativista y sindical y la violencia fratricida”, señala parte de la carta.

Por otro lado, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, planteó ayer la necesidad de incorporar en el tratado de extradición con Estados Unidos las figuras de genocidio y masacre, para que se facilite la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y pueda ser procesado en la justicia boliviana.

Asimismo, la ministra de Estado considera necesario que el tratado debe ser adecuado a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, además de ser coordinado en su redacción por ambos gobiernos y no ser “impuesto” como se firmó el anterior documento bilateral.

“Es un tratado de extradición que impide la extradición de algunas personalidades, porque la figura política que nosotros utilizamos de genocidio, de masacre, no existe por lo menos dentro del tratado de extradición en Estados Unidos. Esta figura legal se tiene que introducir en un nuevo tratado”, manifestó en rueda de prensa, en puertas de Palacio Quemado.

Fuente: EJU.TV (Bolivia)