El ministro de Gobierno dice que no se necesitaba de una autorización del Legislativo para el operativo. Aduana afirma que la intervención fue planificada.

El Gobierno respalda el uso de las Fuerzas Armadas para el operativo de Challapata en la ley modificatoria del Código Tributario y la Ley General de Aduanas, por lo que no se requería de una autorización de la Asamblea Legislativa.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que para la intervención pesaron los criterios de “oportunidad” y “sorpresa” para golpear exitosamente a los contrabandistas de vehículos.

Un trabajo minucioso de la inteligencia policial, militar y del COA permitió determinar garajes donde se esconden autos indocumentados y por la magnitud de la organización ilegal se determinó realizar una actuación interinstitucional.

“Si nosotros vamos a hacer un trámite legislativo para pedir una intervención, lo único que vamos a provocar es una mayor polarización en el escenario”, declaró Romero respondiendo a asambleístas de oposición que indicaban que para el uso de las Fuerzas Armadas se requiere de la autorización de la Asamblea.

La Constitución Política no establece este trámite en ninguno de sus artículos; no obstante, el Órgano Ejecutivo se ampara en la ley modificatoria del Código Tributario y la Ley General de Aduanas, que en su disposición transitoria única establece: “en tanto se considere necesario, el Órgano Ejecutivo dispondrá la participación de las Fuerzas Armadas, en el control aduanero en un espacio territorial expresamente determinado, con facultades de secuestro y comiso de los instrumentos y bienes provenientes del contrabando”.

La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, explicó ayer que el operativo desarrollado el martes en Challapata fue planificado con varios meses de anticipación. “Las Fuerzas Armadas tomaron el mando (del operativo) a partir de la Ley 100, que les faculta justamente a actuar en temas de contrabando”, justificó.

La norma citada por la autoridad también establece en el artículo 13 que las FFAA a través de los comandos conjuntos ejecutarán los planes de acción aprobados por el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad y en caso de flagrancia, donde se cometan delitos aduaneros pueden efectuar operativos aún sin la presencia de un fiscal.

Ante el rechazo de la población ante la presencia de militares, el ministro Romero dijo que no se retirarán estas tropas.

“Nosotros no podemos replegar a la Policía, no podemos replegar al Ejército, porque eso sería transigir ante los contrabandistas”, manifestó la autoridad.

Fuente: Página Siete (Bolivia)