¿Qué sentido tiene la instalación de los diálogos en Oslo si la sustancia de la negociación ya se está cocinando aquí?

El pasado viernes debió comenzar el proceso de impunidad para las Farc en Oslo. Pero esa primera fecha, el 5 de octubre, fue cambiada por el 8; luego, por el 15, y ahora vamos en 17 de octubre, no se sabe de qué año. Se dirá que es un tema menor pero con esa guerrilla nada lo es. El pretexto es que está en trámite el levantamiento de las órdenes de captura de los delegados de las Farc, pero eso no disipa el tufillo a silla vacía.

En Internet se puede constatar que no hay vuelos directos Bogotá-Oslo ni La Habana-Oslo, y que todos hacen escala en países cuya justicia requiere a los terroristas de las Farc, como EE. UU., Canadá, Francia, España y el Reino Unido. Pero, por una parte, todos esos gobiernos han manifestado apoyo al proceso y, por otra, no se requieren vuelos comerciales para enviar a estos personajes a Noruega. De hecho, trascendió que a alias el ‘Médico’ lo llevaron a La Habana en un avión de la FAC y sabemos que Chávez, el mayor factor de inestabilidad del continente, está presto a disponer de los petrodólares que sean necesarios para financiar sus desvaríos ideológicos en todo el mundo.

Si nos atenemos a la revelación del pazólogo catalán Vicenç Fisas -quien también pide perdón y olvido para las Farc- de que estos diálogos se iniciaron con una reunión de ocho horas entre ‘Timochenko’ y Chávez en Venezuela, lo de prestar un avión es una minucia. Pero, más de fondo, ¿qué sentido tiene la instalación de los diálogos en Oslo si la sustancia de la negociación ya se está cocinando aquí? ¿O será, como dicen, que todo fue negociado ya a nuestras espaldas?

El Fiscal General de la Nación acaba de expresar que los guerrilleros de las Farc no irán a la cárcel pues -asegura- “el Estatuto de Roma no obliga”. Montealegre dice que el derecho fundamental a la paz está por encima de la justicia, sin importar ni siquiera los crímenes de lesa humanidad. Una de dos: o las doctrinas de la Corte Penal Internacional (CPI) son maleables como plastilina o se trataría, simplemente, de un tribunal de izquierda. Si la CPI condenó a Thomas Lubanga a 14 años de cárcel por reclutamiento forzado de menores en el Congo, también tendrá que condenar a los líderes de las Farc por lo mismo, pues las pruebas abundan.

Al mismo tiempo, César Gaviria viene a aclimatar la impunidad con posturas insostenibles, como esa de que “el problema grande que tiene Colombia hoy frente a la CPI se llaman los paramilitares. No es el proceso con las Farc. (…) Lo de las Farc es un problema menor”. Sin embargo, la realidad enseña que los ‘paras’ están presos, aunque a la fecha haya pocas condenas, mientras que los cabecillas de las Farc no van a pisar cárcel. Trastrocar eso es de un cinismo similar al de la declaración que le dio Rodrigo Granda a la BBC: “No hemos hecho sufrir a nadie”.

Cuando se anunciaron estos diálogos pensé que el papel de la prensa tendría que ser de absoluta discreción. El 29 de agosto escribí en Twitter: “Proceso no debe ser confidencial pero sí alejado de los medios. Mejor comunicados y ruedas de prensa que chivas y exclusivas”. No obstante, tanto secretismo me ha convencido de lo contrario. Sin un periodismo independiente, que defienda la democracia, estaremos en una dictadura como la de Venezuela antes de que cante el gallo.

En No hay causa perdida, el expresidente Uribe relata que Fidel Castro le advirtió en 1997, por intermedio de Gabriel García Márquez, que las Farc estaban interesadas en una negociación engañosa para “aumentar en secreto su poderío militar”, tal como ocurrió posteriormente en el Caguán. Una década después, Castro confirmó en su libro La paz en Colombia que sabía de las intenciones de esa guerrilla. Hoy no hay que ser Castro ni Gabo para saber que estamos en las mismas y que, como presagió el Nobel en aquel entonces, “se vienen años difíciles”.

Fuente: El Tiempo (Colombia)