Un vehículo transita por la vía del trolebús a la misma velocidad que muchos otros lo hacen cuando llevan en su interior a funcionarios públicos: tal parece que todos temen atrasarse a su cita con la revolución ciudadana y por eso invaden el carril con el acelerador a fondo, seguidos por otros autos donde viaja el séquito de guardaespaldas.

En su vertiginoso desplazamiento, el vehículo atropella a una joven y arrastra su cuerpo un largo trecho, hasta que se detiene.

La joven está muerta.

Algunas personas han observado el accidente. Y varias identifican a una mujer como la conductora del vehículo.

Después de una serie de triquiñuelas, la justicia, sin que medien más arbitrios, da por resuelto el caso: quien manejaba el vehículo era uno de los guardaespaldas de la señora, un hombretón de gafas verdes y tranquilidad pasmosa que, tras declararse culpable, se encaminó a su celda como si estuviera yendo a cumplir cualquiera de las cotidianas diligencias que su jefe, el Fiscal General del Estado, suele encomendarle.

Días más tarde, los fiscales provinciales, directores nacionales, asesores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado “a nivel nacional” publican en la prensa un comunicado en que afirman que la víctima (calificada de manera reiterada como “ciudadana colombiana”) era la infractora, por haber cruzado la vía sin tomar las debidas precauciones.

Y con ello se pretendió dar por zanjado este incidente que hubiera quedado, poco a poco, en el olvido si es que la gente que lo presenció, los amigos y los familiares de la joven atropellada, no hubieran, gallarda, digna, valientemente, gritado su verdad, que se contrapone con el veredicto de quienes dicen actuar con imparcialidad pero desechan testigos, tuercen los hechos y, con una arrogancia propia de aquellos que ejercen cualquier tipo de poder en esta hora revolucionaria, protegen los intereses de sus jefes. (Es curioso, pero de este triste, fatal accidente, no se han hecho cadenas de televisión, como se hicieron para, con saña, con odio, inculpar al director de un diario en un suceso menos grave y en el que él hizo por la víctima todo lo que estuvo a su alcance para salvar su vida y lograr su mejoría).

Como si de reafirmar tanta afrenta se tratara, pocos días más tarde unos magistrados suplentes aceptan el criterio emitido años atrás por quien se desempeñaba como fiscal, y cambian la figura penal que inculpaba a dos de los banqueros corruptos, causantes del más grande asalto a los fondos del Estado y al bolsillo de los ciudadanos del común, y los declara reos de falsificación y no de peculado, con lo cual les condenan a una pena ya prescrita y les mandan pagar una multa equivalente a tres centavos de dólar, más o menos (aunque acostumbrados a pedir el vuelto como están esos banqueros, tal vez habría que devolverles la mitad).

Y con ello, esos jueces dan por zanjado el incidente que produjo en el país tanto dolor, tanta migración, tanta orfandad y tanta muerte.

Ahí, en estas dos acciones acaecidas con una diferencia de pocos días, está retratada nuestra justicia, en la que nadie cree por tramposa y corrupta, pero a la que los ciudadanos tenemos que someternos, aunque sus designios vengan marcados con el sello indeleble de la infamia.

Fuente: El Universo