Los gobiernos de la izquierda radical latinoamericana tienen denominadores comunes. Feos, por cierto. Uno de ellos es el de cercenar la libertad de opinión, perseguir a las opiniones disidentes y reducir la influencia de los medios de comunicación privados mediante el uso de fondos públicos con los que financian diarios, radios y estaciones de televisión de propiedad de los gobiernos o afines a ellos con los que cantan loas a sí mismos y predican su ideología. Sobre esto -que es grave- nos hemos referido desde estas mismas columnas.

La semana pasada, desde Buenos Aires, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), coincidiendo con nuestra preocupación, expresó su alarma ante el creciente control de los gobiernos a la prensa, expresión inequívoca de una “tendencia autoritaria que busca debilitar sistemáticamente al sistema democrático”. Ocurre que los gobiernos deArgentina, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Uruguay y Venezuelapresionan de mil maneras a los medios. También el hondureño. Sancionan para ello una arquitectura legal disimulada pero asfixiante. Y distribuyen, señala la entidad, la publicidad oficial como instrumento de coacción o recompensa, según sea el caso.

De esta manera se impulsa lo que la SIP ha llamado, con razón, “el tortuoso tránsito hacia totalitarismos de naturaleza corrupta, que únicamente causan más pobreza y violencia.” Lamentablemente, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea han exteriorizado, hasta el momento, su preocupación específica por esta delicada cuestión.

Matones a sueldo.

Otro “denominador común” de los “bolivarianos” es el uso de grupos de matones a sueldo para -con ellos- dominar las calles, intimidar a la oposición y evitar que se exteriorice (en manifestaciones públicas) la disconformidad de la gente con sus respectivas “gestiones” de gobierno, siempre caóticas y corruptas.

Los cuatro países de la región donde los matones utilizados desde el poder controlan efectivamente la vía pública son: Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Según el país, la denominación de los matones cambia. “Piqueteros”, “brigadistas”, etc. Pero esas denominaciones son simplemente eufemismos, desde que el mecanismo final utilizado por todos ellos es el mismo: apalear a la gente.

Protesta nicaragüense.

Nicaragua, que ya ha sufrido reiteradas veces la acción intimidante de los matones, tendrá el próximo sábado 21 de noviembre una prueba más del fenómeno que describo.

Ese día, la oposición unificada en torno al llamado “Comité de Comunicación y Movilización” (que incluye al movimiento renovador sandinista, esto es a los disidentes del propio partido de Daniel Ortega) saldrá a la calle para protestar contra el reciente fraude electoral, la violencia y la creciente inseguridad personal, y el abuso corrupto del poder del régimen de Daniel Ortega.

Como suele suceder, el Diputado orteguista Gustavo Porras anunció rápidamente que habrá una “contra marcha” simultánea, organizada por el “sandinimso” y financiada con los recursos del Tesoro Nacional. Una “multitud alquilada” más, con licencia para la ferocidad. Así lo acaba de reconocer el presidente de la “Amcham” nicaragüense, Róger Arteaga, quien confirmó la existencia de pandillas pagas por su “trabajo sucio”.

No obstante, los nicaragüenses democráticos saldrán seguramente a la calle. Pese a todo. Esta vez agregando a su protesta el repudio al irregular -e hipócrita- procedimiento a través del cual Daniel Ortega pretende eliminar las restricciones a su reelección.

La manifestación opositora será pacífica. Así se anuncia. Pero si, como es habitual, ella es objeto de agresiones físicas por parte de los grupos de matones oficialistas, la violencia puede extenderse, desde que algunos dirigentes opositores han advertido que -esta vez- responderán a los ataques físicos. A los palos, con palos. A las piedras, con piedras. Y a los morteros (explosivos), con más morteros. Así lo ha asegurado el diputado Eduardo Montealegre. Preocupante, entonces.

Probablemente la policía nicaragüense, salvo que las cosas pasen realmente a mayores, adoptará su habitual papel de cínico “testigo silencioso” en “áreas liberadas”. Cumpliendo órdenes, desde luego. Para dejar pegar. Siempre es así.

Los mecanismos institucionales de defensa para proteger el ejercicio de las libertades civiles simplemente no existen. El vandalismo pareciera -en estos casos- tener vía libre. Y nadie es “responsable” de lo que sucede. Nadie. La protesta es sinónimo de provocación y, como tal, es demonizada.

A modo de amenaza, Ortega mantiene apostados, en las rotondas de la ciudad, a grupos de patoteros estatales, alegando que se trata de una espontánea “celebración permanente”, que no está dispuesto a interrumpir. El jueves pasado una señora inocente (Rosario Sánchez Dabud, según dan cuenta los medios locales) que pretendió ingresar en la Catedral de Managua (odiada por los “sandinistas”) no pudo hacerlo y recibió una golpiza por la que terminó en el hospital. Como cabía esperar, no denunció lo sucedido ante la policía, “para evitar una situación difícil”, dijo.

La sociedad civil y los partidos de la oposición enfrentan ahora el reto de enfrentar -todos- a la dictadura desde la unidad. La marcha del 21 de noviembre próximo puede ser una primera demostración de resistencia conjunta. Quienes concurran a ella sabrán cuál es su riesgo físico, que deberán enfrentar desde el coraje y -quiera Dios- desde la moderación.

Las turbas pagas del oficialismo se movilizan en Nicaragua en camionetas y motocicletas (que transportan a un “conductor” y, detrás de él, a un “golpeador”) financiadas por la alcaldía de Managua, con el dinero de todos. El esquema reproduce (en castellano) la eficaz estrategia represiva característica de los “mullahs” iraníes, que es utilizada contra los estudiantes y contra la oposición local, en general. Con rara eficacia y sin contemplaciones de ningún tipo.

Una hora bien difícil se acerca para los nicaragüenses. Managua será, el próximo sábado, el escenario sobre el cual los ojos de la comunidad internacional habrán de fijarse.

Es la primera vez que en la región la gente, harta, tiene la oportunidad de responder masivamente a una convocatoria que supone una protesta pacífica unificada. Que -sin embargo- puede ser brutalmente reprimida. Y nadie será “responsable”. Hay plena conciencia de la alta peligrosidad del ambiente. Muchos se vestirán de negro, en señal de protesta, lo que los “sandinistas” encuentran “inaceptable”. De allí la enorme inquietud por las provocaciones que se anticipan y los posibles desbordes que pudieran suceder.

* Emilio Cárdenas,  Ex Embajador de la República Argentina ante la ONU.

Fuente: Diario Exterior