Presidente Martinelli ofreció regularizar el status migratorio a miles de colombianos y así lo cumplió. La medida permitió a estos “panameños de hecho”, incorporarse a la formalidad con todas sus ventajas;  para ellos y para el país.  En vez de gestos eventuales a favor de la apertura laboral, el Ejecutivo debería reformar radicalmente la ley de migración, un lastre serio al desarrollo nacional.

Quizá porque como país vivimos y luchamos contra las políticas discriminatorias que nos impusieron los EEUU en la antigua Zona del Canal, nuestras relaciones laborales con extranjeros son exageradamente sectarias y discriminatorias. Sorprende, que la aparente apertura y afabilidad del panameño de la calle, no corresponde la política laboral ni migratoria del Estado. Estamos, de la Constitución para abajo, plagados de reglas y restricciones a extranjeros;  mucho pero mucho más que países más atrasados y con menos apertura económica.

Así, nos hemos inventado normas para excluir extranjeros de casi cualquier oficio o profesión, aun cuando sea un emigrante legal.  Estas normas sectarias alcanzan más de 190 oficios y profesiones donde hay que ser “panameño” para ejercerlas y en algunos casos incluso hay que ser “panameños de nacimiento”  como lo es para ser médico o abogado. Pero este triste tema será motivo de otro análisis.

En el campo de las cosas menos permanentes, como las visas de trabajo y residencias temporales para extranjeros que vienen a trabajar, ya sea como inversionista o como asalariado, hemos pasado de malo a peor. A pesar de que el mundo entero se mueve en dirección contraria, aquí hacemos cada vez más difícil y oneroso obtener visas de trabajo y ponemos una ridícula cuota de  extranjeros de 10% independientemente de su nivel técnico o salarial.

En esta  equivocada política, convergen tres malas influencias; ignorancia o desdén del gobierno respecto del impacto positivo de una buena política de migración;  la prevalencia de una doctrina de “seguridad nacional” inspirada en los cuarteles y en ideas fascistas ya superadas, pero no derogadas y, no menos importante, un contubernio de muchos abogados, que como los mercaderes del Templo lucran y re-lucran en el laberinto de papeles, procesos, multas y demoras que caracterizan el infierno de la Dirección de Migración.

Los que impiden una política migratoria abierta y clara,  encuentran apoyo moral en la creencia, común entre sindicatos y organizaciones “populares”; que la migración viene a quitarles puestos de trabajo a los panameños y a llevarse la plata. Este mito no tiene asidero económico ni político. Si fuera verdad, hace años los emigrantes de Colombia y la región ya hubiesen desplazado a la masa obrera local. No solo no lo han hecho, sino que han enriquecido la oferta laboral, contribuyendo  a expandir la economía.

Cuando nuestra “sabiduría tradicional”  se refiere a los emigrantes como  gente que viene a quitarnos nuestros empleos y la plata;   debemos de preguntarles si esa fue la experiencia de sus antepasados. Habrá que recordarles que, los que vinieron en busca de trabajo y  fortuna formaron hogares y empresas que son el pilar de nuestra sociedad, amén de lo que abonaron nuestro desierto cultural.

Después, habrá que preguntar  si ese extranjero que labora  aquí y vive aquí. ¿Acaso compra su súper  en Bogotá?; o… si la casa donde vive, ¿ queda en Madrid o en Panamá ?o… si sus hijos ¿ van a la escuela en Condado del Rey o en Lima ? Por último, adónde pagan impuestos, tasas y derechos por los ingresos de su trabajo?

La  mano de obra es un recurso necesario, como el capital, las materias primas o la tecnología, para producir bienes y servicios. Cuando no hay,  se importa.  A nivel de emigración técnica y científica el beneficio es mayor porque estos trabajos tienen un efecto multiplicador en el empleo local. COPA por ejemplo genera 85 empleos por cada nuevo avión que adquiere, pero necesita importar los pilotos. Sin pilotos no hay aviones y no habrá nuevos empleos de azafatas, mecánicos, ingenieros y más.

Hasta ahora la queja de la restricción laboral se vió como impedimento a nuevas actividades. Pero ya  vemos peligro en las limitaciones que estamos empezando a imponer a nuestros sectores más dinámicos. El mejor ejemplo: el sector financiero. Allí muchas entidades bancarias y bursátiles que necesitan especialistas en temas de negociación de divisas, valores, tecnología, no obtienen permisos por las estrechas cuotas y mueven entonces esas operaciones a otros países (como Colombia) limitando seriamente nuestra capacidad de competir y crecer internacionalmente. Con el tiempo, y con condiciones laborales más amigables no será raro que algunas de nuestras fortalezas se transfieran a países vecinos con mejor visión estratégica.

Es urgente un cambio de política en las cuotas laborales. Si a los Sindicatos y amigos, les preocupan los plomeros y los carpinteros, elevemos las cuotas en los sectores estratégicos  como finanzas, tecnología, turismo, logística o biotecnología y en niveles de salarios que no rocen las bajas capas salariales.

Es ahora, cuando somos un sitio popular y que gozamos de alto empleo que debemos hacer los cambios. Petrificarnos por la queja de los demagogos y dejarnos engatusar por los mercaderes de visas, será un costoso error.

* Roberto Brenes P. es ex Presidente de la Fundación Libertad de Panama.

Fuente: Fundacion Libertad (Panama)