Al reconocer la sucesión presidencial legítima en Honduras y reunirse con el Presidente Constitucional de esa nación, doctor Roberto Micheletti, el licenciado Montealegre se distancia de las actitudes favorables al comunismo de otros supuestos grupos de oposición al régimen de Daniel Ortega Saavedra.

Felicito al licenciado Eduardo Montealegre, líder de la oposición nicaragüense, quien ha sentado la pauta en nuestra clase política al respaldar la lucha por la libertad y la democracia impulsada por los hermanos hondureños en contra de las pretensiones dictatoriales e injerencistas de Hugo Chávez y el socialismo-comunismo del Siglo XXI en la región.

Al reconocer la sucesión presidencial legítima en Honduras y reunirse con el Presidente Constitucional de esa nación, doctor Roberto Micheletti, el licenciado Montealegre se distancia de las actitudes favorables al comunismo de otros supuestos grupos de oposición al régimen de Daniel Ortega Saavedra. La oposición izquierdista del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el liberalismo entreguista de Arnoldo Alemán, aliado de Ortega Saavedra, contrario a la actitud firme de Montealegre, han sido a favor de los planes totalitarios de Manuel Zelaya y su mentor, el golpista Hugo Chávez.

Como líder de la corriente de la derecha evangélica dentro del Partido Liberal Independiente (PLI) que preside el doctor Indalecio Rodriguez y principalmente como cristiano, conocedor de los oprobios del totalitarismo comunista, deseo extender por medio de este prestigioso Diario de los Nicaragüenses, mis felicitaciones a Montealegre por esta firme decisión.

Asimismo, felicito a los diputados democráticos que en defensa de nuestra soberanía viajaron a Ocotal a hacer entrega del pronunciamiento en contra de las actitudes ilegales de Zelaya en nuestro país, poniendo en riesgo su integridad física, tal como lo reflejaron los noticieros televisivos, especialmente felicito al verdadero alcalde de Masaya, diputado Francisco Valdivia, cuyo vehículo sufrió los daños del ataque de la turba orteguista-zelayista.

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En palabras de Félix Maradiaga (Matagalpa, 1976) al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le pican las manos por lanzarse a un proyecto bélico que dé legitimidad a la figura de revolucionario que él mismo trata de vender. Y encontró en la crisis hondureña el escenario perfecto para, al menos, ensayar esa posibilidad.

Para Maradiaga, tanto a Chávez como a su socio Daniel Ortega, no les interesa una salida negociada a la crisis, ya sea a través de la OEA o aceptando el Acuerdo de San José, auspiciado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, “porque implicaría que esa OEA tan criticada por Chávez y por Ortega, sigue siendo un organismo funcional”. ¿Qué esperan entonces los socios del ALBA? “Decir que la OEA no logró restituir a Zelaya y por tanto abre las puertas a que sean otras entidades las que logren la recuperación”.

Y es ahí donde Chávez intentaría probar su poder. Para eso cuenta con el perfecto conejillo de indias: Manuel Zelaya, un tipo “radical” que actúa más bajo “presión de sus patrocinadores que por determinación propia”. Zelaya, atrincherado en la frontera y organizando sus grupos de “milicianos”, parece estar más interesado en agravar la crisis que en buscar una solución pacífica. “Manuel Zelaya no es una víctima, es un provocador”, dice en esta entrevista Maradiaga, catedrático de temas internacionales, con maestría en la Universidad de Harvard, recientemente becado por la Universidad de Yale y premiado por el Foro Económico Mundial.


::: Hay dos grupos muy bien atrincherados en sus posiciones sobre la crisis de Honduras: el Gobierno de facto que habla de una sucesión constitucional y el presidente depuesto, Manuel Zelaya, que habla de golpe de Estado, ¿cuál de las dos partes tiene la razón?

A mi criterio, la toma del poder de un modo repentino y violento es un golpe de Estado. Un politólogo muy conocido, que es la principal referencia teórica sobre el tema, Samuel Finer, que tiene un libro que se llama “The Men on the Horseback”, dice que los golpes de Estado están caracterizados por la presión que los militares ejerzan sobre las autoridades políticas para que las autoridades políticas asuman el poder. En este caso fueron los estamentos políticos los que tomaron la decisión de deponer al presidente Zelaya y los militares son únicamente los ejecutores de una decisión que se tomó en el estamento político. Esa decisión fue ejecutada de una forma torpe: no es necesario teorizar para concluir que agarrar a un presidente en medio de la noche, llevarlo en pijama a otro país, es un atropello no sólo a las leyes, sino al sentido común.

Sin lugar a dudas, Zelaya no es una víctima, es un provocador. Hay claramente documentados casos que muestran que desde mayo se empieza a dar una batalla jurídica por frenar el proceso de la “cuarta urna”. Si asumimos como legítima esa cronología de las acciones de la Corte Suprema, el presidente Zelaya tuvo suficientes oportunidades para acatar las órdenes del Tribunal Supremo y evitar llegar a esa ruptura.

::: Pero una vez ejecutado el golpe, el Congreso destituyó a Zelaya. ¿Esto no pudo hacerse antes? ¿No cree que existían otras vías más que el golpe?

Sí había posibilidades de mediar, y aquí entra la parte más sospechosa, la que me levanta más suspicacias y que algunas voces han comenzado a señalarlas, como Mario Vargas Llosa. Cuando uno analiza las actuaciones de Zelaya en frío, te levantan sospechas de si realmente esto fue un acto provocado bajo la asesoría, posiblemente, del presidente Hugo Chávez.

::: ¿Habla de un autogolpe?

Sería demasiado arriesgado especular que Zelaya conscientemente provocó su salida, creo que él nunca calculó que podría llegar a este punto. Lo que sí creo que queda claro cuando uno hace un análisis frío de la situación, es que Zelaya estaba consciente de su bajísima popularidad, de las probabilidades muy bajas del éxito del proceso de la “cuarta urna” y de la posición de las Fuerzas Armadas, que en ningún momento acataron el proceso y expresaron claramente su rechazo a éste. En ciencia política siempre hay una premisa, y es que en toda acción política hay un incentivo, de lo contrario serían acciones irracionales que están fuera de la política. Entonces, ¿cuál es la razón de Zeyala para presionar a esos niveles? Yo creo que sus cálculos políticos eran elevar la temperatura del conflicto en Honduras para justificar la intervención política, muchísimo más agresiva, del ALBA; o para justificar algunas acciones de reformas aceleradas del sistema político hondureño, al estilo del modelo bolivariano. Zelaya nunca pensó que se le iba a salir de las manos. Yo creo que ésta es una crisis provocada indudablemente por Zelaya.

::: Pero Honduras ya era un país que formaba parte de esa iniciativa impulsada por Chávez.

La adhesión al ALBA es una adhesión formal a un convenio de cooperación. Ser parte del ALBA no se traduce automáticamente en una reforma al sistema político. Ante todo, el ALBA es un sistema de cooperación -o por lo menos así lo quieren presentar- cuyo propósito es dar una alternativa de intercambio, en el marco de la capacidad petrolera venezolana, a los modelos de cooperación tradicionales, sobre todo de los tratados de libre comercio. El hecho de que te suscribás al ALBA no implica que tenés ganada la campaña política de sustituir un sistema tradicional presidencialista por un sistema hiper-presidencial bajo el modelo bolivariano. Me refiero a una excesiva acumulación de poder en la Presidencia de la República, excesivo control de la Presidencia sobre la sociedad, bajo un modelo claramente identificado como el Socialismo del Siglo XXI, que a mi criterio muy poco tiene que ver con socialismo; y una alianza político-estratégica coordinada por Venezuela. Cuando digo político-estratégica implica también una dimensión en el ámbito militar, y aquí entramos a la discusión de fondo, que es que en Honduras, más que en cualquier parte del ALBA, las Fuerzas Armadas nunca se prestaron a esa colaboración. La salida de Zelaya podía ser, como yo lo veo, una forma de generar presión para sustituir mandos militares más conservadores bajo la aspiración de que podía colocar militares de su confianza y acelerar el proceso de colaboración. Naturalmente nunca esperó el respaldo unánime del Tribunal Supremo y del Congreso a la autoridad del general Romero Vásquez como Jefe de las Fuerzas Armadas.

::: ¿Entonces se puede interpretar la crisis de Honduras como una derrota del chavismo en la región?

Fue una victoria pírrica de la derecha, porque el proceso se le escapa de las manos y convierten a un presidente con bajísima popularidad, con un respaldo popular casi invisible, en una víctima. Vimos la respuesta desmesurada de la OEA, en el sentido de que con muy buena intensión de condenar desde el principio un golpe de Estado, no da la oportunidad de escuchar la otra versión y expulsa de inmediato a Honduras. Es una victoria pírrica porque si bien se da una expulsión física del presidente Zelaya, generaron una plataforma política para él, y estoy seguro que eso es lo último que querían las fuerzas opositoras al Gobierno de Zelaya.

::: ¿Una plataforma política para qué?

Cuando uno pone la BBC, CNN, Univisión, encontrás a Zelaya insistiendo en que las fuerzas conservadores en Honduras son irrespetuosas de la democracia, creando la percepción de que tenés en Honduras una derecha recalcitrante, ortodoxa, que cree todavía en los golpes de Estado. No creo que sea así. Creo que se ha satanizado al estamento político hondureño antizelayista, pero lamentablemente ésa es la consecuencia de un acto mal calculado. Especulemos: si Zelaya nunca hubiera sido sacado, ¿aparacería en la BBC? ¿Cuándo viste a la BBC dedicándole tanto tiempo? ¡Es una cuestión impresionante! Una plataforma para un presidente que prácticamente era invisible.

::: ¿Eso garantizaría el regreso al poder de un Zelaya más fortalecido?

No, lo dudo. Un retorno de Zelaya está dentro de la gama de probabilidades, aunque con una probabilidad bajísima, casi nula. Un retorno con mayor fuerza lo veo imposible, por algunas razones: la baja popularidad de Zelaya, está también su búsqueda de reingreso a Honduras, que ha sido de unas formas que lo han dejado en ridículo. Me parece a mí que dentro de la ideología de la izquierda latinoamericana, la actitud de Zelaya frente a su deposición, no es la que asociás con un transformador revolucionario. El otro hecho es que la comunidad internacional no previó la firmeza del Gobierno de facto hondureño, lo que, como pudimos ver en el Acuerdo de San José, replantea una posición frente a la situación, ya no de un retorno sin condiciones, sino un retorno condicionado.

::: ¿Qué consecuencias tiene esta crisis para la estabilidad de la región?

Creo que el caso hondureño es un campanazo de alerta para las democracias latinoamericanas. Habíamos casi descartado la posibilidad de una sustitución violenta de un presidente a través de las Fuerzas Armadas. Había una aceptación de que América Latina en su conjunto, y América Central en particular, había avanzado un peldaño en su institucionalización democrática, la consolidación a la que se refiere Samuel Huntington cuando habla de las olas de democratización. Sin embargo, este campanazo de alerta establece alarmas en varios sentidos: cuando no hay vías de escape institucional para procesos de cambio radical que quieren ser forzados aun contra la disposición de las mayorías, siempre va a existir una alternativa de reversión a esos cambios en la que no se descarta el golpe de Estado. Pero también ha quedado claramente evidenciado que la comunidad internacional no está dispuesta a aceptar sustituciones de esta vía, por mucha legitimidad de los argumentos. La sustitución de Zelaya puede ser legítima, pero no fue legal. El sistema interamericano ha tomado una posición legalista frente a esta situación, lo que invita a quienes están en los procesos de contrapeso a las actitudes expansionistas de Chávez, a repensar su estrategia.

::: ¿Este modelo del Socialismo del Siglo XXI puede ser un catalizador del descontento de ciertos sectores sociales, que puede desencadenar en más hechos de violencia?

Totalmente de acuerdo. El relativo éxito del avance del modelo chavista en algunos países de América Latina es fundamentalmente el resultado del descontento de estos sectores, porque no es un proyecto consecuente ideológicamente. El modelo chavista ideológicamente es algo que se parece más al fascismo. Te voy a dar un dato: durante todo el 2007 la cooperación venezolana fue un gran misterio. En enero de 2008 decía Ortega que eran 358 millones de dólares, hace un mes el Banco Central publica un par de páginas en las que dice que es ayuda venezolana, que en más del 90 por ciento está catalogada, por el Banco Central, como ayuda al sector privado, cuando clásicamente el modelo socialista ha hablado del fortalecimiento del Estado para que pueda responder ante las necesidades de la ciudadanía. El modelo chavista, como se ha demostrado a través del ALBA, está promoviendo la creación de estructuras privadas, como Caruna, que están generando una enorme riqueza. ¿Entonces dónde está la premisa clásica de la creación de un Estado fuerte? La propuesta bolivariana está creando un enriquecimiento extraordinario de estas llamadas organizaciones intermediarias.

::: ¿A qué viene esa comparación del modelo chavista con el fascismo?

A América Latina siempre han venido tarde todas las corrientes ideológicas, sobre todo a Centroamérica y el Caribe. Aquí vino el modelo tropicalizado del marxismo-leninismo, cuando ya era claro su fracaso en Europa. Cuando queremos clasificar el fascismo, vemos que algunos autores clásicos que se han dedicado a estudiarlo se refieren a él, y abro comillas, como una expresión de dominación política totalitaria y revolucionaria, guiada por el objeto central de subordinar y transformar la sociedad a través de la captura del Estado y el monopolio del poder desde un régimen Estado-partido, guiado por un caudillo carismático que se atribuye la virtud de interpretar casi metafísicamente las aspiraciones y voluntades del pueblo, es decir, “el pueblo soy yo”.

Dentro del concepto fascista no existe oposición, sino enemigos. El fascismo establece que hay que pactar con las fuerzas más conservadoras del país, como la Iglesia o los partidos tradicionales, pero hacerlo subordinado a ese caudillo central. El fascismo descalifica la mayoría del voto, porque esa mayoría no necesariamente encarga a una élite iluminada, al caudillo que interpreta la voluntad del pueblo. Mussolini decía que siempre que un fascista llega al poder, debe redenominar el término democracia. Desde el punto de vista filosófico-político, el fascismo no considera como legítima ninguna oposición nacional, porque toda oposición nacional es rebelión a la patria y al nacionalismo, y por tanto es delgada de fuerzas políticas extranjeras.

::: Parece una descripción de la Nicaragua actual.

Cualquier similitud es pura coincidencia. Lo que quiero demostrar es que el modelo chavista es fundamentalmente un modelo de fascismo, más que de socialismo.

::: Volvamos a Zelaya. ¿Por qué cree que Zelaya no ha entrado a Honduras?

Claramente percibió que no tenía el respaldo popular que intuía. No hay que negar que hubo bloques de las Fuerzas Armadas que evitaron presencia de ciudadanos hondureños que querían manifestarse, pero a pesar de ello, estos bloques no fueron de la magnitud que se pudo haber esperado. Lo otro lo atribuyo al temor. Me parece a mí que su lenguaje corporal indicaba claramente que no tenía la voluntad de entrar a toda consecuencia, porque si lo hubiera querido hacer, lo hace. Lo que me lleva a especular que las acciones que Zelaya está tomando en este momento, son más presión de sus patrocinadores que una determinación propia.

::: ¿Cree que no tiene interés en entrar a Honduras?

Interés sí tiene, no sé qué término puedo utilizar... lo que no tiene es...

::: ¿Agallas?

Posiblemente agallas, pero quiero ser menos brusco. Me parece que lo que no tiene es la voluntad de asumir cualquier consecuencia. Me parece a mí que sería mucho más legítimo entrar a Honduras y dejarse arrestar, elevar la temperatura y obligar a que la OEA o el Departamento de Estado tomen acciones. Zelaya argumenta que eso sería un baño de sangre y debemos darle el beneficio de la duda de que quizá tiene le legítima voluntad de evitar un baño de sangre. Pero si esa voluntad fuera cierta, no estaría en la actitud provocadora con la que lo hemos visto.

::: Zelaya habla de crear milicias para entrar a Honduras. ¿Qué consecuencias tiene esto en una zona en la que hubo enfrentamientos feroces entre la Contra y el Ejército Sandinista?

Ése es el tema de fondo de la actitud de Zelaya, que no está desprendida de la actitud de Ortega. Me parece que eso agrava la crisis y aleja la posibilidad de una salida pacífica. Zelaya, con estas acciones patrocinadas por Ortega, lo que está haciendo es alejando a las partes de una posibilidad de solución. Es una actitud provocadora, un cerillo en una zona altamente volátil, por las emociones, por las heridas abiertas que hay y por la polarización política. Me parece que cualquier actitud, sea de Ortega o de cualquier otro político nicaragüense, que no vaya en la dirección de promover una salida pacífica, crea las condiciones para algo que podemos lamentar.

::: ¿Cómo ve el manejo que el presidente Ortega ha hecho de esta crisis?

Ha sido un manejo torpe. Pero además de torpe ha sido intencionalmente agresivo. Ortega, y Chávez por extensión, lo que menos quiere es una salida pacífica a la crisis por las vías del sistema interamericano, porque implicaría que esa OEA tan criticada por Chávez y por Ortega, sigue siendo un organismo funcional. ¿Qué esperan? Decir que la OEA no logró restituir a Zelaya y por tanto abre las puertas a que sean otras entidades las que logren la recuperación.

::: ¿Habla de la posibilidad de una guerra para lograr ese fin?

Yo creo que está dentro de las aspiraciones de Chávez. Él tiene un enorme complejo: se presenta como un líder carismático revolucionario, pero nunca ha peleado una guerra exitosa. En el golpe de Estado que él dio, fue arrestado y, contrario a la mística revolucionaria, decidió no tirar un sólo tiro. Cuando a él le dieron un golpe de Estado ni siquiera intentó ser la sombra de Allende, él mismo se entregó. Chávez es un teniente coronel que en su vida ha tenido una credencial de batalla, que lo posicione como la reencarnación del Bolívar que él dice ser. Y me parece que le pican las manos por buscar una oportunidad.

::: ¿Honduras-Nicaragua son el laboratorio de Chávez para un enfrentamiento bélico patrocinado por Venezuela?

Creo que está dentro de las posibilidades. Desde el punto de vista del análisis prospectivo de conflictos, no se puede descartar. Es una probabilidad que desafortunadamente existe porque Ortega ha creado las condiciones.

::: ¿Qué soluciones hay para la crisis?

Esta crisis tiene solución en la medida que el presidente Zelaya ponga de primer lugar el interés de la nación más que su obstinado interés de querer buscar una solución en los términos que exige. No quiero insinuar que renuncie a su deseo de regresar, pero que entienda que para encontrar una salida a la crisis no puede tener un doble discurso en el que acepte entrar a una mediación y por otra parte mantiene un discurso provocador. Se está dejando llevar por los malos consejos de Chávez y Ortega, que no quieren salida institucional a la crisis. Los actores internacionales, por otro lado, deben jugar un papel distensionador. Concretamente me refiero a Ortega, Chávez y Estados Unidos. Y, finalmente, flexibilidad del sistema interamericano, en el sentido de que ha habido una sobre reacción sobre Honduras. El sistema debe entender que el Gobierno de facto, el Tribunal y el Congreso, tienen mucho que decir. Si esas características se cumplen, se abren puertas para una salida negociada.

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El diputado Roger Porras dice que no ve ningún problema y asegura que hasta el Grupo Pellas tiene su propio grupo de choque.

El diputado sandinista y líder sindical, Gustavo Porras, defendió esta mañana las llamadas “fuerzas de choque” orteguistas, apenas tres días antes de que organizaciones civiles efectúen una marcha en Masaya, denunciando el fraude cometido en las elecciones municipales de 2008.

Porras indicó que el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) estará a partir de hoy en las rotondas, sin especificar en cuáles, y añadió que todavía no está decidido hasta cuándo permanecerán en esos puntos.

“¿Son esas fuerzas de choque?”, le consultó una periodista a Porras.

“¿Cuál es el problema? si donde quiera hay fuerzas de choque. Los Pellas (el poderoso grupo empresarial) tienen sus fuerzas de choque. Los no sé qué tienen sus fuerzas de choque. Los sectores populares también tienen sus fuerzas de choque”, respondió Porras, aunque no precisó cuáles son las “fuerzas de choque” que tendría el Grupo Pellas.

Desde noviembre del año pasado y hasta los primeros meses de este 2009, organizaciones civiles y partidos políticos opositores han salido a las calles, para denunciar el fraude y exigir un recuento, pero las llamadas “fuerzas de choque” han impedido el normal desarrollo de las marchas, utilizando morteros de fabricación casera, armas blancas y piedras.

De acuerdo al diputado Porras, las organizaciones que han organizado marchas para oponerse al fraude electoral tienen el objetivo de “desestabilizar al país”, mientras que los grupos dirigidos por el oficialismo quieren “mantener la lucha por el cambio de sistema que siempre hemos pedido”.

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The billboards in Managua this winter advertised 2009 as ‘Year 30 of the Revolution.’

The Christmas trees in the traffic roundabouts sported a “30” on top where the angel would normally sit, and TV ads advising Nicaraguans to celebrate Year 30 were ubiquitous. The Sandinista National Liberation Front (F.S.L.N.) again governed the country after 16 years out of power, and Daniel Ortega, one of the original nine comandantes of the 1979 revolution, was again president, still making speeches denouncing Yankee imperialism.

But this was not revolution; the rhetoric and slogans were employed in the service of something quite different. Whatever ideals Ortega may once have stood for, he now stands for only himself. He was first elected president of Nicaragua in 1984 and, after losing power in 1990, regained the presidency in 2006, this time not as a Marxist-Leninist, not even really as a leftist. His government now embraces business and the Catholic Church warmly. Although he won the presidency with only 38 percent of the popular vote, he has abused the powers of his office to win near-total dominance of Nicaragua. For instance: in January, the Supreme Court, which Ortega controls, overturned the corruption conviction of a former president, Arnoldo Alemán, the dominant force of Nicaragua’s right-wing party; the same day, Alemán’s party gave the F.S.L.N. the votes it needed to control the National Assembly.

Late last year, the European Union and the United States announced they were cutting off Nicaragua’s aid because of credible evidence that the F.S.L.N. stole the municipal elections held in November. In addition, Ortega is trying to amend the Constitution to eliminate term limits so he can run again in 2011. He has become an old-fashioned Latin caudillo. His ideology is no longer Marxism but simply Danielism.

One thing, however, has remained constant in Nicaraguan life: for more than 50 years, the principal voice for democracy in the country has been that of a member of the Chamorro family. Before the revolution, during the 33-year dictatorship of the Somoza family, Pedro Joaquín Chamorro, editor of La Prensa, the only independent newspaper in the country, was the Somozas’ most important and principled opponent. His newspaper was closed several times and went through long periods of censorship. His assassination on Jan. 10, 1978 — by agents still unknown — turned even much of Nicaragua’s oligarchy into supporters of the Sandinista revolution. After Chamorro’s death, his wife, Violeta, continued his mission, first as the publisher of La Prensa during the Sandinista era and then as a politician, defeating Ortega in 1990 to become president of the country. Today, the family legacy has fallen to their youngest son.

If you are an independent journalist in a country in which independent journalism is seen as a danger to those in power, you sometimes cross a line from reporting the news to being the news. That is what is happening to Carlos Fernando Chamorro.

On a hot, dry Monday in January, Chamorro drove to the studios of Channel 8 to tape the day’s episode of “Esta Noche” (“Tonight”), a half-hour talk show of his that runs every weeknight at 10. “The owner says this is the Rolls-Royce of Nicaraguan television,” he said, smiling, as we walked into a studio that rather more called to mind a dented-up 1983 Plymouth. There was one room, with three cameras surrounded by three different sets of chairs and tables. He sat down, and a young woman brushed powder on his forehead.

Chamorro also runs a weekly newsletter, Confidencial, and the top-rated “Esta Semana” (“This Week”), a “60 Minutes”-style investigative magazine program that runs every Sunday night. “Esta Semana” regularly generates controversy with investigations of government corruption or cronyism and analyses of electoral fraud or the travails of Nicaraguan migrants in Costa Rica. It does this on a total budget, including all salaries, of $23,000 a month.

Chamorro is 53. He and his wife, Desirée Elizondo, have three children and a grandson. He has been bald since he was a young man and wears glasses and hearing aids, and his daily uniform is a button-down long-sleeve shirt and chinos. He is relentlessly unglamorous. On and off camera he comes across as serious but warm, with a youthful energy.

On that evening’s episode of “Esta Noche,” Chamorro talked about press freedom with visitors from the Inter American Press Association: Enrique Santos, the editor of El Tiempo in Colombia, and Robert Rivard, editor of The San Antonio Express-News. They talked about how drug cartels are silencing or killing journalists in Mexico and about Hugo Chávez’s refusal in Venezuela to renew the license of an opposition TV station. But mainly they discussed the escalation of attacks on the press in Nicaragua, a country that the Committee to Protect Journalists calls Latin America’s “ground zero” for the use of government institutions to silence critical reporting. Santos and Rivard noted that the Nicaraguan government recently released from jail two men convicted of killing journalists and also pressured two different TV stations to drop a talk show run by a fierce government critic. They also discussed other cases of intimidation they had heard about from Nicaraguans they interviewed — among them Chamorro himself, whom they had spoken with that morning. Now he was interviewing them.

The next day on “Esta Noche,” another set of Chamorro’s guests continued the discussion. The subject that evening was the government’s recent attack on Cinco, the Center for Communication Research, a small social-research and journalism organization run by Chamorro himself. In October a team of prosecutors, backed by 40 police officers, raided the Cinco office and over the next 13 hours took the files, computers and books. They announced they were looking for evidence of fraud and money laundering against Cinco and its leaders, Chamorro and Sofía Montenegro. (The basis for the charges, absurdly, was Cinco’s work with a feminist group that lacked official legal status.) Montenegro, a colleague of Chamorro’s for 30 years, is a journalist and Nicaragua’s most outspoken feminist. On Chamorro’s show that night, she and two other guests talked about a rare victory — the charges had been dropped, and the day of the TV show prosecutors began to hand back the contents of Cinco’s office. But the government was publicly threatening to continue to go after Cinco by other means.

It was an unusual week; normally, Chamorro’s shows are not about his own cause. And at least on the surface, there was something incongruous in discussing repression of the press on a highly rated national TV show. After all, in some countries, TV programs simply vanish when they begin to offend the powerful — or their journalists do. But the game of intimidation that Ortega plays with Chamorro is more subtle than the Somoza family’s crude aggression against Chamorro’s father. Nicaragua, despite its recent wars, is one of the least violent places in Latin America, and assassination is not common. The Ortega government, in addition to not having majority support at home, is heavily dependent on international donations — not only from Chávez, Ortega’s own personal Soviet Union, but also from governments that care about democratic freedoms. So it must tread carefully.

At the same time, Ortega and his wife, Rosario Murillo, continue to carry out personal vendettas and stifle critics by drawing on the nonviolent mechanisms of the state: subservient courts and prosecutors; large budgets for advertising in newspapers and television that can disappear overnight if the government is displeased; control of the price of newsprint, broadcast licenses and legal permissions.

At stake is more than just press freedom. Nicaragua is a country in which the parts of the state that are supposed to check the president’s power — courts, prosecutors, Congress, supposedly impartial agencies like the election commission — are controlled by the president. The function of government watchdog has fallen to journalists and members of civil society. Chamorro is walking point for both. He is resisting being silenced with every tool at his disposal: his airtime, his famous name, his credibility and his reputation for impartiality (after the Cinco raid, writers from all over the world, including such icons of the left as Eduardo Galeano of Uruguay and Ariel Dorfman of Chile, signed a public letter of support for him). If he loses his fight, the defense of democratic liberties will be left to people with much more limited weaponry.

Chamorro makes a particularly inviting target for a reason that goes beyond the values that he stands for today. Ortega and Murillo direct special fury at their former allies and intimates. And during the comandantes’ time in power, the editor of the newspaper Barricada, the official voice of the Sandinistas, was the committed revolutionary Carlos Fernando Chamorro.

Pedro Joaquín and Violeta Chamorro raised their four children “eating breakfast, lunch and dinner with talk of the news,” Cristiana, one of Carlos’s two sisters, told me recently. “Journalism was not imposed on us; my father left it for us to decide. But it was in some way in our blood.”

Carlos had not wanted to go into journalism. “I admired my father, and he was the most important person in my life, but I didn’t want to live in his shadow,” he said. After graduating from high school, Carlos left Nicaragua to study economics at McGill University in Montreal. In 1977, he returned to Nicaragua with the intention of acquiring a master’s degree and then helping Nicaragua’s poor. But for a young Nicaraguan concerned about social justice, a more direct route to change quickly presented itself: joining the armed guerrillas of the F.S.L.N., which was promising a dignified life and wage for the common man — shoes on his feet and beans on his table. In secret, Carlos did small-arms training, studied Marxism-Leninism and went to work in the F.S.L.N.’s propaganda department.

When his father was assassinated in 1978, however, Carlos embraced journalism. “My world changed when my father was killed,” he said. “I didn’t have time for personal grief. That was the moment to dedicate yourself to getting rid of Somoza. You get on the train, or it passes you by.” For him, that meant going where he could do the most to further Somoza’s overthrow: La Prensa, his father’s paper. He became a reporter, editorial writer and columnist.

On July 19, 1979, Managua fell to the Sandinistas. Taken in by the Sandinistas’ professions that there was room in the revolution for all, Violeta, Pedro Joaquín Chamorro’s widow, agreed to serve on the junta. She stayed nine months before she became disenchanted and left. Alongside her children Pedro Joaquín and Cristiana, who were also disillusioned early, she steered La Prensa back to its accustomed posture, firmly in opposition to the government. Pedro Joaquín, in fact, would leave Nicaragua in 1984 to join the armed opposition — the contras, who were trained, financed and essentially run by the Reagan administration.

Most of the La Prensa staff, however, did not share Doña Violeta’s views, creating a rift in the newsroom. Xavier Chamorro, her brother-in-law, who was an editor at La Prensa, sold his shares and with the money took most of the staff and started a pro-Sandinista newspaper, El Nuevo Diario. And Violeta’s two other children sided with the government — Carlos’s sister Claudia, who became ambassador to Costa Rica, and Carlos himself, who became editor in chief of Barricada.

Every newspaper in Nicaragua was now run by a Chamorro.

Salman Rushdie, in his 1987 Nicaragua travelogue, “The Jaguar Smile,” wrote that Barricada was the most boring newspaper he ever saw. He clearly had not read Pravda or Granma, the organ of Cuba’s Communist Party. I lived in Nicaragua in the mid-1980s and was a regular reader of Barricada. The paper was less mortifyingly submissive to the party than Granma. Sandinista Nicaragua was then an ongoing improvisation by the standards of socialist states, and Barricada was a much more laid-back mouthpiece. It had a world-class political cartoonist (who even made fun of Barricada’s own eagerness to be spoon-fed news), and it featured vivid, if one-sided war reporting. It had some beautiful writing, often by Chamorro and Montenegro, and a decent sports section, in which, because of Nicaragua’s obsession with baseball, you could occasionally read the startling headline “Yankees Victorious!”

What Barricada didn’t have was news. It covered an alternate reality. Day after day in the pages of Barricada, the heroic people of Nicaragua and their revolutionary vanguard celebrated victory after victory in the anti-imperialist struggle. To a lesser extent, the same editorial mission — serve the cause — was shared both by Carlos’s pro-Sandinista uncle, Xavier, at El Nuevo Diaria and his anti-Sandinista mother, brother and sister at La Prensa. Barricada, at least, did not pretend to be independent. Its slogan was “The Official Organ of the Frente Sandinista.”

Inside the F.S.L.N., Chamorro had his battles. He had to respond to the strictures of a political commissar and to lobbying from nine comandantes to put each one’s activities on the front page. When I met with him earlier this year, I asked Chamorro for an example of conflict with the F.S.L.N. He said that on the day Pope John Paul II was shot, his F.S.L.N. handlers insisted, over his objections, that the paper run as its top article a report of a meeting between the Sandinista and Honduran armies.

But this is a dispute over placement, not censorship, of an article. Was there no fight to run an article that might displease the F.S.L.N., I asked? There was not, he said. “The war impeded any profound debate,” he explained. “We had a sense of loyalty to the revolution, of self-protection.” Via the contras, the revolution was under attack from the United States, the most powerful country in the world. It did not occur to Chamorro to contribute to that siege. “We practiced self-censorship,” he went on. “If we discovered evidence of corruption that would damage the image of the government, my first instinct was to do an internal investigation and not publish it.”

Chamorro saw no contradiction between censorship and his ideals. What he valued as a Nicaraguan and as a Sandinista was social change, not democratic freedoms. “Nicaragua didn’t have a democratic culture,” he said. “We didn’t have respect for elections and rule of law. My father never voted in his life — he was in jail or in exile or there was no one to vote for. The concept of democracy didn’t have much legitimacy.”

Shortly after the revolutionary victory, the F.S.L.N. closed the small Maoist publication El Pueblo on charges of inciting labor unrest. La Prensa was closed by the F.S.L.N. for the first time in 1981 and then several more times over the course of the 1980s, including for more than a year beginning in October 1986. As of 1982, La Prensa and Nuevo Diario had to submit each day’s edition to a censor before publishing. Barricada did not. (At the same time in military-controlled El Salvador, there was no need for censoring left-wing journalists, as death squads had taken care of the problem.) “I rationalized the decision to censor even though the people who were victims were colleagues and family,” Chamorro told me. “In the 1980s we were prisoners of that era. To me it was justifiable to suppress freedom in order to preserve the state that made other liberties possible.”

Among his fiercest critics were members of his own family. “He was a cadre, a mechanized cadre,” Antonio Lacayo, his brother-in-law, husband of Cristiana, told me. “His headlines were slogans.” Carlos’s brother Pedro Joaquín expressed similar sentiments about his time at La Prensa: “He never called me when Sandinista gangs attacked my house. He never spoke out against censorship, never called me to say, ‘I’m sorry about what’s happening.’ ” At the time, Barricada and La Prensa were in a war of their own. La Prensa called Barricada “BarriKGB.” Barricada called La Prensa “La PrenCIA.” Privately, Doña Violeta took to calling her son’s paper “Barracuda.”

But Nicaragua during those years was so polarized that the divisions in the Chamorro family were not especially unusual. (The spokeswomen for the Sandinista and contra armies, for example, were sisters.) What was unusual about the Chamorros, aside from their high profile, was that they still gathered for family events. “Violeta was attacked by her brother-in-law and by her son, but at Christmas and my grandmother’s birthday, the whole family got together,” said Francisco, Xavier’s son, who is now editor of Nuevo Diario.

What was that like?

He laughed. “We didn’t talk politics.”

Cristiana explained further: “My mother never distinguished between her children — what she likes best is to see all of us at her house. She didn’t take politics personally. But when La Prensa was closed, or there was a very strong government attack against my mother or La Prensa, Carlos and Claudia didn’t come to the house that frequently. But we had a house at the beach and during vacations — the volume was always lower during vacations — and Carlos would show up as if nothing had happened.”

Doña Violeta is now retired from public life and does not speak about politics. But at a recent lunch in her house she was willing to talk to me about her family. “Everyone has the right to think as they want,” she said. “A mother doesn’t abandon anyone. Family relations are family relations.”

In 1990, after six years as president, and as the contra war was coming to a close, Daniel Ortega ran for re-election. The Sandinistas expected to win, perhaps by a landslide. The landslide instead went to the candidate of the momentarily united opposition: Violeta Barrios de Chamorro. “I voted for Daniel Ortega,” Carlos told me, and smiled sheepishly.

At Barricada, the staff was in shock at the Sandinista’s loss. For Carlos, the shock was more personal. “My mother was president,” he said. “I’m here at Barricada. Do I want to be in opposition to my mother?”

Well, yes, as it turned out, he did. Although Barricada eventually changed its slogan to “For the National Interest,” the paper was merciless with his mother’s government. Then there was another, more pleasant shock: for the first time, Carlos did not have to censor himself. “We can be real journalists, not people defending a political project,” he said he remembers thinking. “We began to feel liberated.” The shift in Barricada was not only a professional imperative; it was a necessity for survival. Barricada had lost its income from government advertising. Now it had to survive by selling papers.

Doña Violeta was a symbolic president; for all intents and purposes, the country was run by her chief of staff and son-in-law, Antonio Lacayo. But this woman, usually dressed beatifically in white, often photographed with her arms outstretched, helped bring to her country a degree of tolerance and freedom it had never before seen. The Chamorro children began to gather at their mother’s house for supper on Sunday evenings. She was doing for Nicaragua what she was doing for her family.

Meanwhile, Barricada was evolving and its ties to the F.S.L.N. were loosening. Carlos told the F.S.L.N. that there were new rules: decisions would be made on journalistic, not political, criteria. In 1988 he visited Scandinavia and for the first time experienced — and was deeply impressed by — democratic-leftist government. After the fall of the Berlin Wall, when leftist movements all over Latin America began shifting away from authoritarianism, his beliefs about what was best for his country began to change in earnest. “The conclusion you had to draw was that to be really on the left, you had to be democratic,” he said. “In the 1980s you could say what you wanted inside, but when the party made a decision, you followed it. After my mother became president, the debate became public. We were recognizing errors we hadn’t wanted to admit before — the war, bureaucracy, distancing ourselves from ordinary people. We had to examine why we lost. It couldn’t still be an official newspaper.”

Barricada, for example, did an investigative report in 1993 linking a cache of arms discovered in Managua, including 19 surface-to-air missiles, to the Salvadoran guerrillas and the Basque terrorist group ETA. The story deeply embarrassed the F.S.L.N., which had long denied letting Nicaragua be used as an operational base for ideologically kindred movements. Chamorro also investigated a terrorist group that compiled a death list of prominent rightists. Barricada found the group had associations with the F.S.L.N. Chamorro was told not to publish the article, but he did publish it, for good measure writing a strongly critical editorial and signing it.

The orthodox wing of the F.S.L.N. was furious at Barricada’s transformation. Ortega, who remained the leader of the party, wanted a newspaper he could control. At the F.S.L.N. party congress of 1994, the hardliners purged the more democratic members; soon after, the F.S.L.N. took control of Barricada. Chamorro, Montenegro and other top editors were fired, and most of the reporting staff quit. The newspaper went back to filling its pages with long interviews with Sandinista comandantes. (The market spoke, and Barricada closed in 1998. La Prensa and Nuevo Diario continue to publish today.)

Doña Violeta was president until 1997, and was followed by two conservative governments, ending with Ortega’s election. During this time, Chamorro became an independent journalist. In June 1995 he began “Esta Semana” and Cinco, and in 1996, Confidencial. The next year, he received a fellowship to study at Stanford University, and he and his family spent a year there and a year at the University of California, Berkeley. He taught reporting on Central America and took classes but also educated himself by watching “60 Minutes” and listening to NPR. In 2005 he added his daily show, “Esta Noche.”

His reporting was something new for Nicaragua. Latin America had little tradition of TV magazine shows outside Brazil and Argentina. And Nicaragua had rarely seen journalism that wasn’t tied to a political party. “He’s the gold standard,” said María López Vigil, editor of Envío, the monthly magazine at Central American University in Managua. “He’s an intelligent, neutral professional — not typical virtues here. Normally the press is very one-sided and sells itself for advertising. He’s serious, honest and responsible. Maybe because he’s the son of Pedro Joaquín or because of his years on TV, he has huge impact and influence among the elite.” She paused. “That the government touched him,” she said, “means it can touch anyone.”

The government’s decision to raid Chamorro’s office in October seems to have come from the very top. After trying to arrange interviews with about a dozen Sandinista officials, I was granted one by Rafael Solís. He is a Supreme Court judge and an adviser to Ortega. Solís told me that the decision to raid Cinco was made by the government’s security chief, Ana Isabel Morales. “It could have come from the presidency,” he allowed later. “Whether she took the decision with the president or on her own as minister, it was still coming from very high.” (Morales’s office did not respond to a request for comment.)

It was not a surprise. The government’s displeasure with Chamorro and Montenegro dated back to the days of Barricada’s independence in the ’90s; the authoritarian left has always reserved its strongest wrath for the democratic left. But there have been other provocations. Recently, for instance, there was the matter of Zoilamérica Narváez. She is the daughter of Ortega’s wife, Murillo, from a previous relationship and as a teenager was adopted by Ortega. In 1998, at the age of 30, she stunned Nicaragua by announcing that Ortega had been sexually abusing her since she was 11, and she supplied a 48-page dossier of details. Murillo immediately called her a liar. Ortega, who denies the charges, initially used his legislative immunity to avoid them, then three years later had the matter turned over to a Sandinista judge who dismissed the case on the grounds that the statute of limitations had passed. But the case has not been dropped by Latin American feminist groups, who organize protests wherever Ortega visits, calling him a rapist.

Montenegro, too, has been outspoken in her support for Narváez and her fury at how the case was handled. She has also enraged the government for her attacks on a recent ban on abortion, which until 2006 was legal to save the life or health of the mother. But during his campaign, Ortega supported its complete illegalization, a move that neutralized the opposition of the Catholic Church. For months, the Web site of the president’s office carried on its home page a headline that said “An Agent Named Montenegro” — a link to an article from Murillo’s personal magazine that claimed Montenegro was a C.I.A. agent.

Another story that stoked the government’s anger was a segment on “Esta Semana” in 2007 that captured on tape a businessman being asked for a $4 million bribe in a matter concerning a land dispute with peasant cooperatives. The fixer who was to resolve the legal problems was a confidant of Ortega’s. The government’s immediate response was to attack the accusers. Its TV channel accused the businessman, his associates and Chamorro of drug trafficking. Chamorro’s picture appeared on TV alongside some of the businessmen in the style of a “Wanted” poster, with the following list of accusations at the side: “Crimes: stealing land, swindling cooperatives, attempt to bribe and export, falsification of documents.”

When prosecutors announced in January that they were not going to press charges in the Cinco case, Chamorro tried to portray this as proof that citizens can stand up to their government. But it probably had more to do with his name and prominence, and in any event it was only a partial victory. The prosecutor who dropped the case went on to recommend that the government use its administrative power to pursue “evidence” that Chamorro was diverting money from Cinco to himself and his family. Chamorro disputes these charges convincingly; Oxfam Great Britain, the major source of the money, says it has full confidence in him and Cinco.

The government may be trying to use the Cinco case to tighten its controls on civil-society organizations. Officials have talked about introducing legislation to prohibit nongovernmental groups from engaging in “political” activities — it would be permissible, for instance, to feed the poor, but not to work to change antipoverty policy. Government officials are also discussing instituting a requirement that all foreign donations (which finance virtually every organization in Nicaragua) be approved by the foreign ministry. Ortega may also try to remove Cinco’s legal status or push Chamorro off the air. Channel 8, which carries both his programs, depends heavily on government-paid programming and ads, and its license is up for renewal soon.

Solís, the judge and Ortega adviser, argued that I was making too much of these conflicts between the media and the government. “There has been total freedom of the press except for a few isolated cases,” he said. “We have half a dozen TV channels, a quantity of newspapers, and they publish freely. And there is not a policy against civil society — if it had been otherwise, we would have begun to requisition the books of some 4,000 organizations. Some people have tried to use isolated cases to create the perception of a policy of harassment. There is no such policy. The situation of these organizations is very particular. Some have confronted government policies like abortion. Some have made very critical personal attacks on the president and first lady.” What struck me was that Solís considered this a defense.

I asked Chamorro if the intensity of the attacks against him ever led him to think that he was in physical danger. “The moment you become a government target, there’s a risk,” he said. “When people asked my father that, he’d reply that yes, he was afraid, but would then quote a Mexican saying: ‘Each person owns his own fear.’ That’s the way to try to live.” Chamorro has no bodyguards. At his wife’s insistence he agreed to get a driver for his Toyota S.U.V., but he often drives alone anyway, as his father did.

Chamorro is the same age as his father on the day of his death. Last year marked 30 years since Pedro Joaquín Chamorro’s assassination, and in January, at his father’s grave, Carlos read from a collection of his father’s articles and speeches about the press. “I read things he wrote in 1974 and found they are very current today,” he told me. “One theme is the weight of free expression as the basis for all public liberties. The other dimension is his political thought: the need for profound social change, but with roots, so the changes last. This is different than the revolutionary dream — where you have big radical changes, but then you see what happens. That’s heroic, but what the country needs is gradual but real revolution, with strong democratic institutions. Back then my father was talking about justice, accountability of the government toward its citizens, clean elections, a ban on re-election. Back then it was Somoza, now it’s Ortega.”

Every year, Doña Violeta’s charitable foundation and the United Nations award the Pedro Joaquín Chamorro Prize for Excellence in Journalism, and every year she hosts a luncheon in her home for the winners. She lives in a sprawling four-bedroom house with an interior courtyard in a middle-class neighborhood, surrounded by a wall, with the Nicaraguan flag flying from a tall pole. This year’s gathering began in Doña Violeta’s study, a room redolent of the past. Near the door there is a glass-fronted cabinet that serves as a shrine to her husband. It contains the artifacts of his life and death: a striped prison shirt; the now-shredded ivory sweater he was wearing when he was killed; a letter he was carrying; his glasses, still covered with dust. Next to the cabinet is a rug rolled up in a heavy plastic bag. It was the rug from the car he was shot in, still stained with blood. When the children gather at their mother’s house on Sunday nights, the family eats in this room.

But today the lunch was more formal: seafood paella and sherbet served in the dining room. All of Doña Violeta’s children were home, along with the spouses of Carlos and Cristiana. The Chamorros casually gathered in an open-air room off the dining room. Their conversation was about the doings of their children and grandchildren, family things, but also about the Ortega-Alemán pact, the National Assembly, Carlos’s case. Politics, in other words — a subject on which they are, for the first time, united.

Labels: Nicaragua

The United States is using the threat of withholding millions in development aid to force action by President Daniel Ortega's Sandinista government.

U.S. Ambassador Robert Callahan is warning Nicaragua's Sandinista government that it has ''no more than 90 days'' to resolve lingering controversy over November's municipal elections if it hopes to unfreeze $62 million in U.S. development aid.

''For us, the fundamental thing, the most important thing, is that Nicaraguans resolve the problem of the elections of last November,'' Callahan said this week.

Business leaders worry that if Washington decides to permanently cut its aid under the Millennium Challenge Corporation (MCC), other European countries and international lending institutions would follow, spelling disaster for the hemisphere's second-poorest nation behind Haiti.

''The government is playing with fire,'' said Roger Arteaga, president of the Nicaraguan-American Chamber of Commerce (AMCHAM).

SEEKS NEW SYSTEM

The Daniel Ortega administration has consistently refused to discuss allegations of election fraud and, instead, is pushing a plan to convert Nicaragua into a quasi-parliamentary system that would allow Ortega to seek reelection indefinitely.

The MCC's board of directors, which originally announced the aid freeze in December, upheld its decision this week.

''The government of Nicaragua has failed to reaffirm its commitment to democratic principles and practices since its suspension in December,'' Acting MCC Chief Executive Officer Rodney Bent said in a March 11 statement.

The main issue of concern for the U.S. government is the Sandinista government's ''manipulation of municipal elections'' last November, in which the ruling party claimed ''an overwhelming victory'' in an election fraught with allegations of fraud.

Callahan said this week that Washington considers there was ''sufficient doubt and credible irregularities'' in last year's electoral process, ''before, during and after'' the vote.

Electoral watchdog group Ethics and Transparency claims the election was riddled with ''systemic fraud'' and that 10 articles of Nicaragua's Electoral Code were violated to assure a Sandinista victory.

Callahan said if the Nicaraguan government continues to ignore these national and international concerns and doesn't address the issues before the MCC board meets again in 90 days, ``it will be very difficult to renew the project.''

FINAL DECISION

The MCC, which has already contracted more than $90 million of the original $175 million compact awarded to Nicaragua in 2005, will meet in June to make its final decision on the remaining $62 million yet to be allocated for infrastructure and landtitling programs.

Sandinista officials insist that last year's elections are not subject to discussion -- ''not even with historians,'' according to presidential economic advisor Bayardo Arce.

Ortega has repeatedly urged Nicaraguans and the foreign community to ''forget'' about the elections and focus on pulling together to resolve the country's economic crisis.

Ortega has attempted to initiate a so-called ''national dialogue'' with opposition and business leaders, but Sandinista authorities have made it clear that the electoral fraud will not be discussed because it would only ``contaminate the national dialogue.''

The opposition, however, says Nicaragua's political and economic crises cannot be separated and that one is feeding the other.

Ortega, meanwhile, is more focused with pushing his plans to change Nicaragua's system of government and remain in power.

In his first news media interview since returning to the presidency more than two years ago, Ortega recently told British journalist David Frost that his government aims to ''put an end to the presidential system and establish a parliamentary system'' in which ``there is no inhibition for authorities to get reelected.''

Labels: Nicaragua, United States

Nicaragua's opposition leaders to the Sandinista government accused President Daniel Ortega and his wife Rosario Murillo of using Venezuelan cooperation funds for alleged family business and to become richer under the protection of power.

The report was published on Wednesday by the Nicaraguan newspaper La Prensa and was based on statements made by leaders of the opposition Sandinista Renovation Movement (MRS, center-left) and the economist Francisco Lainez, founder of the Central Bank of Nicaragua.

According to the opposition sources, the family of the Nicaraguan President owns companies related to livestock, import and marketing of oil sold by Venezuela at lower prices, in addition to some media outlets, AFP reported.

"At this pace, the Ortega-Murillo family will be richer than the Somoza family at the end of the presidential term of Daniel Ortega," Lainez told La Prensa. The Somoza family ruled Nicaragua for decades.

Labels: Nicaragua, Venezuela

La oposición en el Parlamento de Nicaragua acusó hoy al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de ofrecer sexo y dinero a los legisladores para que desistan de anular las elecciones municipales de noviembre pasado a través de una ley y apoyen las políticas del Ejecutivo.

Una mujer camina frente a un mural con la imagen de Augusto César Sandino hoy, 21 de febrero de 2009, en Managua (Nicaragua). El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus disidentes evocaron este sábado, por separado, al “general de hombres libres” y héroe nicaragüense Sandino, en el 75 aniversario de su asesinato. EFE/Mario López
El jefe del grupo parlamentario liberal opositor, Ramón González, dijo a los periodistas que los sandinistas han hechos “ofrecimientos sexuales” y de dinero a sus colegas en su afán de controlar el pleno de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría precaria.

Según González, la diputada sandinista Olga Xochilt Ocampo Rocha, de 25 años, la más joven en el Poder Legislativo, “anda enamorando” al diputado liberal Porfirio Castro para que haga causa común con el oficialismo.

“Lo abraza, lo toca, lo tienta”, indicó el legislador, quien aseguró que su colega Castro también ha recibido ofrecimientos de dinero de parte de los sandinistas.

Castro confirmó que la diputada sandinista es de las encargadas de hacer esas propuestas, situación que negó la misma Ocampo Rocha.

La diputada sandinista, por su parte, se declaró víctima de las “propuestas indecorosas” que le hacen los “irrespetuosos” diputados liberales.

La denuncia de diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ocurre un día después de que uno de sus miembros, Carlos Olivas, renunciara a ese colectivo en el Congreso y se sumara, como aliado, a los sandinistas.

Olivas, diputado por la provincia de Río San Juan, fronteriza con Costa Rica, hizo quórum de ley este martes para que los sandinistas y sus aliados celebraran sesión plenaria.

Sus antiguos colegas liberales aseguran que la decisión de Olivas fue por asuntos de “pesos y centavos”, sin embargo éste sostiene que es porque sus compañeros no apoyaban los proyectos de su localidad.

La oposición también denunció a los sandinistas de amenazar de muerte y chantajear a los diputados para que no apoyen la propuesta de anulación de las elecciones municipales.

Uno de ellos fue el ex opositor Guillermo Osorno, aliado ahora de los sandinistas.

El presidente del partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), ex aliado del PLC, Osorno declaró en diciembre pasado que “los sandinistas no compran a nadie. Los sandinistas no dan nada”.

“¿Sabes qué hacen los sandinistas?: te apuntan con la mira telescópica, te escudriñan y te investigan (para descubrir) qué es lo malo que tenés y te dicen ’si no hacés esto, te vamos a hacer esto’”, explicó Osorno en esa ocasión.

El secretario ejecutivo de la bancada sandinista, José Figueroa, negó que estén chantajeando o comprando a los demás diputados, como afirman los liberales.

En la Asamblea, el FSLN suma 38 diputados, más seis de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y los autodenominados independientes Osorno, Juan Ramón Jiménez, Mario Valle y ahora Carlos Olivas, para sumar 48, uno más que el mínimo requerido para abrir quórum de ley.

A la bancada del Gobierno se suma en ocasiones el también independiente Salvador Talavera.

La oposición, conformada por el PLC, la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), suma 42 diputados.

El diputado 92 es el ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007), que no se ha incorporado a los trabajos legislativos por motivos personales.

El FSLN insiste en que la iniciativa que promueven los liberales opositores para desconocer los resultados oficiales es inconstitucional porque el Consejo Supremo Electoral (CSE) es el único que tiene competencia en esa materia.

Además, considera como un hecho consumado el resultado de los comicios avalado por el CSE, que da a los sandinistas el triunfo en 105 de las 146 alcaldías disputadas, incluida Managua, a pesar de las denuncias de fraude de los liberales.

Labels: Nicaragua

A decade after opening to harsh reviews in Managua, "El Pacto" — the tragicomedy that has defined Nicaraguan politics and disappointed audiences since 1999 — finally appears to be approaching its denouement. But, following a recent plot twist that saw one of Nicaragua's most notorious crooks freed from prison, many fear the worst act of this Nicaraguan novela is being saved for last.

"El Pacto" refers to the power-sharing agreement between Arnoldo Aleman and Daniel Ortega, rival political bosses ostensibly from opposite ends of the political spectrum, that has allocated government institutions as partisan booty and manipulated Nicaragua's weak democracy. For example, the pacto changed the electoral law to allow Sandinista leader Ortega to return to the presidency in 2006 with only 38% of the vote, then helped him to consolidate his power by eliminating third-party opposition and cracking down on political enemies using politically appointed judges.

Although the pact was forged between the two strongmen as equal partners in 1999, subsequent events — most importantly, Aleman's corruption trial and conviction in 2003 — relegated the so-called "fat man" to de facto junior-partner status. With Ortega well entrenched in the presidency and Aleman quite literally put out to pasture under house arrest at his sprawling hacienda estate, it had lately begun to appear that the Sandinista leader had, in fact, outwitted his partner, and that their pact was becoming irrelevant.

Aleman's increasingly frustrated Liberal Constitutional Party began to rebel against El Pacto's status quo at the end of 2008, by protesting the Sandinistas' alleged theft of the Nov. 9 municipal elections. Aleman supporters staged street protests against the Ortega government and paralyzed the National Assembly to prevent passage of several of the President's bills.

Repairs to the fraying pact began on Jan. 16, when the Supreme Court absolved former President Aleman of all crimes, wiping out his 20-year sentence for money laundering. In exchange for his freedom, Aleman returned the favor by essentially forgiving the Sandinistas last November's electoral theft by providing the congressional votes needed to give Ortega control over the National Assembly, which had been considered the "last democratic holdout."

By the end of the day, Aleman was free, Ortega was in control of all four branches of government, and El Pacto was retored. For their next act, the duo plan to rewrit eNicaragua's bruised Constitution to create a hybrid semi-parliamentary system headed by President Ortega and Prime Minister Aleman. "This is the final act of the pacto," said former Attorney General Alberto Novoa, whose efforts to put Aleman behind bars for corruption were foiled by El Pacto.

Analysts say the proposed semi-parliamentary model, for which Ortega and his minions have been lobbying in recent months, would suite both men's leadership style. President Ortega, who's as nocturnal as an opossum but less charismatic, would no longer have to feel guilty about not getting out of bed in the morning to administer the country's daily affairs. Ortega's main interest in the presidency has always been the international stage, where he feels he still has enough credibility to inhabit the part of erstwhile revolutionary icon. Aleman, meanwhile, has no international credibility and limited travel possibilities due to ongoing international corruption investigations and a revoked U.S. travel visa. But he loves to micromanage the day's events.

By sharing the duties of governance, Ortega could travel to South Ossetia to rail against U.S. capitalism, while Aleman stays back at home to tend to the state farm — an arrangement comfortable for both men. (See pictures of the Russians in Ossetia.)

For most Nicaraguans, however, the possibility of an Ortega-Aleman tag-team rule would be the worst of both worlds — a "bipartisan dictatorship" run by two of the least popular figures from the country's history. "This is a reproduction of a corrupt model based on cronyism and privileges that will forever impede the economic, political and social development of Nicaragua," said the civil society group, Citizens' Union for Democracy.

Aleman, however, already appears to be testing the limits of his newfound freedom. He now says he won't support Ortega's constitutional reforms, and instead will consider running for President in 2011 — which wasn't part of the deal. The Ortega government quickly responded by threatening Aleman with new corruption charges in the event he tugs too hard on his leash.

"Aleman is still Ortega's prisoner," said opposition lawmaker Victor Hugo Tinoco, of the recently banned Sandinista Renovation Movement — a minority party that fell victim to El Pacto's guillotine last year. "Aleman has to support the constitutional reforms. Corruption is the only way he can maintain political power."

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En la conversación de una hora que sostuvieron representantes de la SIP con el poeta, Ernesto Cardenal, salió a flote la enfermedad sanguínea que padece el mandatario

El presidente Daniel Ortega está "muy mal de salud" y depende mucho de su esposa Rosario Murillo para gobernar, aseguró el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal en un encuentro con una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

"Ortega está muy mal de salud, tiene una enfermedad sanguínea del corazón que no le permite tener más de una hora de sol al día, por eso todas sus actividades son de noche ... hasta los desfiles militares", afirmó Cardenal a la delegación de la SIP, que lo visitó en su residencia en Managua.

Cardenal, de 84 años, habló de la supuesta enfermedad del gobernante sandinista en su encuentro con el presidente de la SIP, Enrique Santos, y uno de los integrantes de su delegación, Robert Rivard, del San Antonio Express-News, Estados Unidos, efectuado en presencia de algunos periodistas.

Salud de Ortega
La salud de Ortega salió a flote en la conversación de una hora, en la que Cardenal habló de diversos tópicos con los delegados de la SIP, que visitan Managua para evaluar la situación de la libertad de prensa en Nicaragua. El sacerdote católico dijo que Murillo tiene "mucho poder sobre él (Ortega)", quien "depende en todo" de la primera dama.

El poeta atribuyó responsabilidad a Murillo por las supuestas discrepancias entre Ortega con su hermano, el ex jefe del ejército sandinista, el general retirado Humberto Ortega. Cardenal, quien apoyó la revolución sandinista que tomó el poder en 1979 y fue ministro de Cultura del primer gobierno de Ortega, se convirtió en los últimos años en fuerte crítico del presidente.

La SIP visitó al poeta Cardenal para conocer su situación legal, tras la cuestionada sentencia que un juez le impuso el año pasado por injurias y calumnias contra un ciudadano alemán, en un juicio del que había sido absuelto años atrás. "No estoy preso por mi edad", pero tienen "mis cuentas congeladas", se quejó el religioso, quien mostró al final del encuentro a los delegados de la SIP, varias fotografías de amigos guerrilleros muertos durante la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza en los años 70.

Labels: Nicaragua

El viernes de la semana pasada la nación fue testigo, entre estupefacta e indignada, de una de las negociaciones políticas más inmorales y vergonzosas de nuestra historia.

No hay otro calificativo para designar el escandaloso "trueque" convenido entre los dos caudillos: sobreseimiento definitivo para Arnoldo Alemán, pese a la abundancia de pruebas en su contra, tal como lo reconocen en su voto razonado los magistrados orteguistas, a cambio de entregar al caudillo del FSLN el control de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Afirmar que se trató de una simple "coincidencia" es agregar una dosis de cinismo a la falta de ética.

Existen, además, fundadas sospechas acerca de que el "dando y dando" posiblemente incluya el compromiso, de parte de la cúpula del PLC, de apoyar una reforma parcial de la Constitución Política que suprima la prohibición de la reelección presidencial continua, algo que tanto ambiciona el caudillo del FSLN, que estuvo dispuesto a pagar el enorme costo político que significa la sentencia de sobreseimiento para Arnoldo Alemán.

Y no es creíble el argumento de algunos diputados de la cúpula liberal que afirman que "el trueque" más bien aleja la posibilidad de la reforma constitucional, porque así lo acordó el CEN del PLC (también habían prometido no entregar la directiva de la Asamblea al FSLN), y porque Alemán estaría interesado en postularse como candidato presidencial en 2011, por lo que no le convendría pagar el costo político de la reforma constitucional.

Este argumento nadie se los puede creer, por la tremenda erosión que sufrió la credibilidad de la cúpula liberal con el "trueque", y el hecho de que si Alemán realmente delira volverse a presentar como candidato, pese a sus antecedentes, entonces más bien le conviene que el candidato contrincante sea Daniel Ortega, a quien se imagina podría derrotar con mayor facilidad por el enorme descrédito que éste viene acumulando como gobernante.

Si las cosas se cumplen de esta manera, en 2011, que está a la vuelta de la esquina, tendríamos un escenario realmente trágico para el pueblo nicaragüense: verse obligado a escoger entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Seguramente los dos caudillos, gracias a la reciente reedición del pacto, se las arreglarían para impedir que participe en las elecciones de 2011 otra fuerza política que pudiera representar una alternativa decente para el país.

¿Cómo es posible que habiendo elegido el pueblo 53 diputados, supuestamente democráticos, en las elecciones de 2006, con el 62% de los votos, ese bloque se haya desmoronado por las componendas y disputas políticas, y el FSLN, que logró elegir sólo 38 diputados, tenga ahora el control de la Asamblea Nacional?

Hay que tener presente que 21 diputados del PLC hicieron posible la elección de la nueva Junta Directiva, dominada por el FSLN, a cambio del sobreseimiento definitivo de Arnoldo Alemán, anteponiendo así los intereses personales de su caudillo a los de su propio partido y, ya no digamos, de toda la nación.

Todo esto refleja el total deterioro de la decencia política en que hemos caído. Además, negociar políticamente una sentencia de sobreseimiento representa un estímulo para la corrupción. En el futuro, muchos se sentirán tentados a enriquecerse desmesuradamente desde el poder, sabiendo que en este país las sentencias de nuestro más alto tribunal de justicia son susceptibles de negociación política, aunque se afecten no sólo el erario público, sino también la imagen y el futuro del país.

En conclusión, Arnoldo Alemán dejó de ser reo de graves delitos y rehén de Ortega. Pero ahora es todo el pueblo de Nicaragua el que se convierte en rehén de los mezquinos intereses políticos de los dos caudillos.

Nicaragua no merece semejante destino.

* Carlos Tünnerman es miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento por Nicaragua (MpN).

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La ceremonia a mano alzada, celebrada en la Plaza de la Revolución, tradicional coso sandinista, fue rechazada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que reclama la repetición de los comicios y desconoce los resultados de la convocatoria del pasado noviembre.

Las circunstancias políticas de Nicaragua no dejan de asombrar. Ahora, los funcionarios sandinistas elegidos en las últimas elecciones juraron en masa sus cargos para evitar verse enfrentados a un proceso de "revisión", debido a lo irregular del acto eleccionario. En el acto intervino Daniel Ortega, a quien la oposición acusa de orquestar "un verdadero fraude."

En esa oportunidad, Diario Exterior había podido comprobar que el recuento de las boletas se había hecho en el famosos Estadio Nacional -en Managua-al que los representantes de la oposición no pudieron acceder. También hubo problemas con las denuncias a la policía que no respondieron a los reclamos opositores.


La ceremonia a mano alzada, celebrada en la Plaza de la Revolución, tradicional coso sandinista, fue rechazada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que reclama la repetición de los comicios y desconoce los resultados de la convocatoria del pasado noviembre.

Los liberales opositores que se presentaron en la plaza fueron para recibir a Ortega con gritos de "fraude, fraude", bajo la mirada amenazante de los sandinistas.

La oposición exigió que por ley esos resultados fueran declarados nulos y que las actas de escrutinios de la convocatoria fueran revisadas en presencia de observadores nacionales e internacionales imparciales.

El presidente del CSE, Roberto Rivas, en el discurso que pronunció antes de juramentar a los electos, señaló sobre las denuncias de fraude que estos ataques procedían de "sectores que todavía no se subordinan al imperio de la ley".

Ortega, por su parte, pidió a sus adversarios políticos que cesen sus "apologías de la guerra" entre nicaragüenses, ya que en el país lo que hay que enfrentar es la miseria y el analfabetismo.

Nicaragua tiene pendiente aún elecciones en siete municipios del Caribe Norte de Nicaragua, que se recupera de las secuelas del huracán "Félix" (2007), donde se celebrarán el próximo 18 de enero.

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Los presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y de Bolivia, Evo Morales, colocaron ayer la piedra fundamental de la ciudadela del Parlamento de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), a ser construida en la localidad de San Benito. Para arrancar con este proyecto, cuyo costo total se estima será de 100 millones de dólares, el gobierno de Bolivia dispondría de un presupuesto inicial de 10 millones de dólares.

La también presidenta pro témpore de Unasur, Michelle Bachelet,y Morales colocaron la piedra fundamental de ese ambicioso proyecto e inauguraron en forma simbólica las obras, con 8 tinajas pequeñas de chica de Cliza, ayer en un emotivo acto, aunque azotado por un fuerte ventarrón.

Ambos mandatarios llegaron al promediar las 10:50 llegaron a la meseta de Laimiña, del municipio de San Benito, distante a 37 kilómetros de Cochabamba.

Horas más tarde, los parlamentarios de los países miembros del Unasur, también se trasladaron hasta San Benito para conocer el lugar donde se tiene previsto construir la sede del nuevo bloque de integración regional.

Las dos comitivas, de la presidenta Bachellet y de parlamentarios, recibieron obsequios tradicionales de la región como sombreros de paja, rosquetes y canastillos de duraznos, en señal de reciprocidad por la determinación asumida en diciembre de 2006 de construir en Cochabamba la sede parlamentaria.

Tras la bienvenida del Alcalde de San Benito Rodrigo Valderrama, la presidenta protémpore de la Unasur, informó que después de dos años llega a Cochabamba para cumplir el compromiso expresado por los presidentes de Unasur de designar a Cochabamba como sede el parlamento sudamericano.

Luego de felicitar al Gobierno boliviano por la elección del lugar, expresó su satisfacción por haber colocado la piedra fundamental del Parlamento Sudamericano, "para hacer lo que queremos, que todos los pueblos puedan vivir de manera justa, digna y humana. Ese es nuestro propósito como presidentes de los países miembros de Unasur".

Por su parte, el presidente Morales informó que la ciudadela de la Unasur, a construirse sobre una superficie de 300 hectáreas, concedida por el municipio de San Benito, tendrá todas las comodidades y facilidades de organismos internacionales para forjar, desde el corazón de Bolivia la unidad de los pueblos sudamericanos.

Detalló que según el proyecto, la moderna infraestructura de Unasur contará con oficinas administrativas, salas de comisiones de trabajo, campos deportivos para varias disciplinas, una piscina techada y ambientes para grandes eventos sociales internacionales, como coliseos, donde se debatirán políticas sociales, económicas, culturales. "Estamos hablando de una moderna ciudadela que será diseñada en detalle por los mejores profesionales de los 12 países miembros de Unasur", sostuvo.

"Regalo"

Informó que cada una de los 12 países que conforman el Parlamento Sudamericano dispondrá de 2 hectáreas para construir la infraestructura que considere necesaria para que sus parlamentarios puedan desarrollar cómodamente sus actividades, "en el Municipio de San Benito, que es la capital del Durazno del valle Alto y que ahora se convertirá en la capital del Parlamento Sudamericano, para beneficio despueblo de Laimiña y otras comunidades".

El primer mandatario aseguró a las comunidades aledañas a Laimiña cuyos terrenos, construcciones y cultivos tradicionales se verán afectados por el Proyecto, que serán compensados económicamente por el Estado.

Al promediar las 11:20, el presidente Morales acompañó a la presidenta chilena hasta el Aeropuerto de Cochabamba donde se despidió hasta el próximo encuentro de mandatarios sudamericanos.

Se prodigaron en obsequios

Tras dos horas de espera paciente y soportando fuertes ventarrones, la concentración de organizaciones sociales del Valle Alto recibió al promediar las 13:30 de ayer la visita de una veintena de parlamentarios de los países sudamericanos.

En un acto de reciprocidad y consonancia con las tradiciones y cultura andina, autoridades municipales de San Benito se prodigaron en una diversidad de obsequios a los parlamentarios de Sudamérica como tasas pintadas con motivos andinos, artesanías típicas de la región, canastillos de duraznos tempraneros y los infaltables panes de Arani de 30 centímetros de diámetro. "Es apenas una pequeña muestra del profundo agradecimiento que sentimos por estos ilustres visitantes por habernos designado sede de Unasur", sostuvo Carlos Terrazas, productor de duraznos.

Perspectivas del valle Alto

Todas las actividades agro productivas, industriales, comerciales, de construcción y de servicios de los cinco municipios del Valle Alto, ingresarán a partir del próximo año en una dinámica ascendente debido a la cantidad de fuentes de empleo que generará la construcción y funcionamiento del parlamento de la Unasur, según el ministro de Obras Públicas y Servicios Oscar Coca.

"A partir de hoy (por ayer) empieza a cambiar la realidad social y económica de todo el Valle Alto", sostuvo a tiempo de anunciar que la reunión de parlamentarios de la Unasur en Cochabamba definirá el cronograma de construcción, que se desarrollará durante los próximos cinco años. Informó que a la fecha el Gobierno dispone de 10 millones de dólares para iniciar las obras en los próximos meses y que los restantes 90 millones serán financiados de cada uno de los países miembros de la Unión.

Aeropuerto Internacional

En la perspectiva de facilitar el funcionamiento y deliberaciones del parlamento de la Unasur, el Municipio de San Benito logró, a la fecha, ripiar una plataforma de 1.500 metros correspondiente a la pista principal del moderno aeropuerto que se proyecta construir en los próximos cinco años, según el Alcalde Rodrigo Valderrama.

Las obras del nuevo aeropuerto comprende el asfaltado de 4.500 metros de pista, torre de control y una serie de edificaciones auxiliares de seguridad, sobre una superficie de 200 hectáreas ubicada en la antigua pista de Aramani, distante a dos kilómetros al sur de San Benito.

"Una vez que concluyamos el proceso de expropiación de terrenos colindantes al nuevo aeropuerto internacional con compensaciones económicas, retomaremos el ripiado de la plataforma principal hasta completar los 4.500 metros, en coordinación con la Cancillería de la República y el Ministerio de Obras Públicas, según mandan las normas internacionales", sostuvo.

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San Benito ya empezó aeropuerto de Unasur - por Gisela Alcócer C.

El alcalde de San Benito, Rodrigo Balderrama (izq.), en la pista donde será construido el aeropuerto para el Parlamento de Unasur. | Fotos: Dico Soliz

4 unidades militares se asentarán en el lugar, donde ya está el CITE; se espera el arribo de la Escuela Naval

San Benito ya trabaja su aeropuerto. La pista de aterrizaje del que será el aeropuerto de la sede del Parlamento Sudamericano ya empezó a construirse con la apertura y el ripio que puso el municipio de San Benito a los primeros 1,3 kilómetros en los que por ahora pueden aterrizar helicópteros y avionetas.

Esta pista tendrá una longitud de 4,5 kilómetros cuando esté concluida. En este espacio funcionará el Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE), que contará con un terreno de 300 hectáreas aproximadamente, donde sus miembros podrán practicar saltos en paracaídas.

Cuatro unidades militares custodiarán la Sede Sudamericana, pues, además del CITE, funcionará en este municipio la Escuela de Sargentos Maximiliano Paredes, que ya tiene saneadas 169 hectáreas y ya compró el material de construcción, como el hierro y el cemento, que llegarán hasta San Benito en las próximas semanas. Además, ya se encuentran en la zona el regimiento Víctor Ustáriz, de San Lorenzo, en Tolata (a cinco kilómetros de San Benito), que cuenta con una superficie de 150 hectáreas, y la Escuela Naval, en la zona de Carcaje, frente a la laguna de La Angostura.

La pista de aterrizaje empezó a ser construida en julio pasado, cuando el presidente de la República, Evo Morales, puso la piedra fundamental para la pavimentación. Hace un par de semanas aterrizó la primera nave en este nuevo aeropuerto, que era una avioneta de una organización no gubernamental.

Expropiaciones

Además de estas medidas, la Alcaldía de San Benito continúa en negociaciones con los comunarios de Laguna Carmen y Sunchu Pampa, propietarios de una parte de este terreno y exigen, en compensación, un resarcimiento económico de 300 mil dólares, que deberá ser asumido por el Gobierno Central debido a que el municipio no tiene los recursos suficientes.

Una negociación similar ocurre con la comunidad de Laimiña, en el terreno destinado a la construcción de la sede del parlamento, pero en este caso los propietarios de terrenos que deberán ser expropiados piden la construcción de viviendas en otros lugares del municipio.

Según el alcalde, Rodrigo Balderrama, se necesitan alrededor de 200 hectáreas y más de 50 millones de dólares para construir el edificio en el que funcionará la entidad legislativa y las embajadas en las que trabajarán los representantes de los países latinoamericanos. También se prevé que en esta región se construya el primer metro de Bolivia, que conectará San Benito con Sacaba y Cochabamba.

La Escuela Naval está casi concluida

El presidente de la República, Evo Morales, confirmó en julio que San Benito sería el municipio que albergaría al Parlamento Sudamericano, comprometido por los representantes de los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) durante la II Cumbre Sudamericana de Naciones realizada en diciembre de 2006 en Cochabamba.

Esta sede tendrá la mayor seguridad posible, pues tiene cuatro unidades militares alrededor, entre las que está la Escuela Naval, cuya construcción está a punto de ser concluida.

Según informó Carlos Romero, uno de los ingenieros responsables de la obra, los más de 300 aspirantes a oficiales de la Naval vendrán a estudiar a Cochabamba desde la próxima gestión, debido a que su sede en la ciudad de La Paz les quedó demasiado pequeña.

La nueva obra tuvo un costo de 7,6 millones de bolivianos y consta, en una primera fase, de dos edificios en los que funcionarán las jefaturas de carrera, la cafetería, los laboratorios y ocho aulas. Luego, se ampliarán los edificios para construir una mayor cantidad de aulas.

Actualmente se tienen más de 30 hectáreas construidas. Según informaron los ingenieros militares que supervisan la ejecución de la obra, este edificio es similar al que tiene la marina brasileña.

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Representantes del Grupo Promotor de las Reformas Electorales consideran que existe una mayor disposición en la Asamblea Nacional para impulsar una reforma a la actual legislación electoral, a fin de consolidar el proceso democrático, tomando en cuenta las graves irregularidades registradas durante los comicios municipales, agravados por los vacíos que contiene la misma.

Leana Bello, representante del Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), explicó que desde hace tiempo elaboran un documento que recoge las discrecionalidades y vacíos que contiene la Ley Electoral, mismos que quedaron en evidencia durante el desarrollo del proceso electoral, aspecto que les sirvió para afianzar el planteamiento de modificar la actual legislación electoral.

“Nuestras propuestas pasaron un examen, por decirlo así, de las irregularidades que se presentaron en el proceso y estas propuestas están orientadas a subsanar o a complementar los vacíos que tiene la Ley Electoral”, manifestó Bello.

Por su parte, Mario Quintana, de la Coordinadora Civil, aseguró que los diputados con los que han logrado establecer una comunicación para exponer la necesidad de cambiar la legislación actual, comparten el criterio de reformar la Ley Electoral, por lo que cree que el próximo año puede ser decisivo para lograr ese objetivo.

Entre los aspectos que el Grupo Promotor recoge en su propuesta que deben ser reformada en la Ley Electoral, está el hecho de que niega espacios de participación a la ciudadanía, limitando su ejercicio del voto.

Además señala que no contiene regulaciones concretas sobre el financiamiento a los partidos políticos, a excepción de algunas específicas para la campaña electoral, así como el fomento de uso de criterios partidarios para seleccionar al personal administrativo y las autoridades del proceso electoral en todos los niveles.

Para Leana Bello, del Ipade, las reformas electorales no se han efectuado por falta de voluntad política, por lo que esperan que haya un cambio en la actitud de los parlamentarios, a fin de que no se repitan situaciones de denuncias de fraude, que han derivado en una crisis política.

Bello es del criterio que la participación de la Sociedad Civil en el proceso de consultas para impulsar reformas electorales, es necesario, contrario a la opinión expresada por magistrados del Poder Electoral.

“La Sociedad Civil tiene un rol específico, estamos conscientes que los partidos políticos tienen un rol particular, tienen obligaciones con la nación, son personas jurídicas y tienen también sus derechos como partidos políticos, no queremos como grupo promotor asumir el rol de ningún partido político”, indicó Bello.

El Grupo Promotor estima que las irregularidades presentadas durante el pasado proceso electoral profundizaron la falta de credibilidad y de confianza en el actual sistema electoral, “poniendo en duda que éste sea capaz de asegurar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, y que tales anomalías hayan llegado a afectar los resultados obtenidos”.

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, culmina un año complicado bajo el asedio de la oposición, que le acusa de robarse las elecciones municipales, y de sanciones económicas de Europa y Estados Unidos, mientras se declara víctima de una conspiración que busca desestabilizarlo.

Ortega, con un discurso plagado de referencias bíblicas y de amor por los pobres, asumió el poder hace dos años prometiendo “unidad y reconciliación nacional“, pero ahora se muestra decidido a dar la batalla en cualquier terreno, ofreciendo a sus adversarios el “acero de guerra“.

De manera desafiante ha declarado que confía en que su amigo y aliado, el presidente venezolano Hugo Chávez, le proporcionará el dinero que le falta tras los recortes en la ayuda extranjera a Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina.

En medio de denuncias de fraude en los comicios municipales, sus críticos dicen que Ortega está tratando de establecer un gobierno de corte familiar, junto a su esposa Rosario Murillo, y que ha creado grupos de choque para impedir cualquier protesta en su contra en las calles.

El Congreso culminó el año legislativo paralizado mientras la oposición intentaba, sin conseguir el quórum necesario, aprobar una ley para anular los comicios municipales del 9 de noviembre, ganados oficialmente por el Frente Sandinista de Ortega.

En el plano externo, Ortega ha causado sorpresa con ciertas decisiones, como cuando reconoció la independencia de regiones separatistas de Georgia, pero también ha arrancado las iras del presidente colombiano Alvaro Uribe por llamar “hermanos” a los guerrilleros de las FARC.

Ortega, de 63 años, ha acusado a países europeos y Estados Unidos de “injerencismo” por criticar los comicios municipales y el cierre de espacios a la oposición, que incluyó la anulación de la personalidad jurídica de dos partidos, entre ellos uno formado por disidentes del Frente Sandinista.

Los recortes en la ayuda, sumados a la parálisis en el Congreso, abrieron un agujero de más de 100 millones de dólares en el presupuesto de esta empobrecida nación, muy dependiente de la asistencia internacional.

Pero el tozudo Ortega se ha mostrado desafiante ante las críticas, diciendo que no le atemorizan las sanciones, y se ha propuesto conseguir fuentes alternativas para cubrir el millonario hueco en las finanzas.

Recientemente declaró que Chávez le ofreció el dinero que Estados Unidos y Europa han dejado de proporcionar, pero analistas creen poco probable que el presidente venezolano pueda cumplir su oferta debido a la caída de los precios del petróleo.

En la medida que afianza su poder interno y se apoya en Chávez para afirmar una perspectiva ideológica “sesgada por una visión anticuada y primitiva”, la política exterior de Ortega se mueve hacia un posicionamiento en pugna con la comunidad internacional, dijo a la AFP el analista Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano.

En esa lógica se inscriben sus vínculos con Irán, su “enajenación ideológica y acrítica en relación a Venezuela y su oportunismo político frente a Rusia“, indicó Orozco a la AFP.

Ortega reconoció en septiembre la independencia de Georgia de las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, algo que sorprendió al propio Kremlin, pues Nicaragua fue el segundo país en hacerlo luego de Rusia.

En una visita a Moscú, Ortega y el presidente Dimitri Medvedev retomaron la centenaria idea de abrir un canal interoceánico en Nicaragua, con financiamiento ruso, que compita con el de Panamá, pero analistas panameños estiman que no hay negocio para dos canales.

Ortega ha intentado armar un frente antiimperialista, aunque su “eco es muy limitado” ya que otros dirigentes de izquierda de América Latina advierten la debilidad democrática y la pobreza de su política exterior y “no están dispuestos a arriesgar su reputación al asociarse con Ortega“, declaró Orozco.

A nivel interno, sus críticos advierten un retroceso en la confrontación con la empresa privada, la Iglesia Católica y el odio de clases, que ha vuelto a polarizar al país entre pobres y “oligarcas”, izquierda y derecha, como durante el gobierno revolucionario que encabezó Ortega entre 1979 y 1990.

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El macro fraude cometido por el partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre en Nicaragua sólo es comparable con el que ordenó el dictador Anastasio Somoza García en 1947. Entonces, para hacer que ganara su candidato a la Presidencia, mandó que se invirtieran los resultados, haciendo que se adjudicaran a su candidato los votos del triunfador y viceversa.

El fraude esta vez se vio venir desde el momento en que el Gobierno de Ortega, rompiendo una sana práctica establecida, se negó a permitir que las elecciones fueran observadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y cualquier observador independiente.

En la organización y ejecución del fraude tuvo una participación destacada el ex coronel del Ejército y ex jefe de la temible Seguridad del Estado en el gobierno sandinista de los años ochenta Lenín Cerna, actual secretario de organización del Frente Sandinista y jefe de los «comandos electorales» (fuerzas de choque) de ese partido. Cerna operó en estrecha colaboración con el también ex coronel sandinista Emmet Lang, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), que preside el magistrado Roberto Rivas Reyes, famoso por su corrupción.

Uno de los robos más descarados ocurrió en la capital, Managua, donde el Consejo Supremo Electoral alteró los resultados para declarar ganador al sandinista Alexis Argüello. El candidato de la Alianza PLC, Eduardo Montealegre, que había sido el verdadero triunfador, pidió de inmediato un recuento de las actas electorales con la supervisión de la OEA y de otros organismos independientes. El Consejo se negó, y Montealegre llamó a una manifestación para protestar cívicamente. La manifestación,aunque autorizada, no se pudo llevar a cabo porque los «comandos electorales» de Cerna, encapuchados y armados de machetes, palos, piedras y lanza morteros,bloquearon, a vista y paciencia de la Policía, las vías de acceso al punto de partida de la manifestación.

A ese estado de regresión democrática ha llegado Nicaragua en menos de veinticuatro meses de gobierno sandinista. Pareciera que de nada han servido los millones de euros que, a través de los años, la comunidad internacional, y España en particular, han donado generosamente para que en ese país se pueda, en palabras de la Agencia Española de Cooperación Internacional, «consolidar la democracia, fortaleciendo el Estado de Derecho mediante el desarrollo institucional...». Qué triste sería ver que esa ayuda, en vez de servir para consolidar la democracia, pudiera usarse ahora para consolidar una nueva dictadura.

* JORGE SALAVERRY, Embajador de Nicaragua en España 2003 - 2007.

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