El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe, llegó a mis manos por pura casualidad y especialmente recomendado. Es un libro escrito por Alejandro Peña Esclusa, ingeniero venezolano, ex candidato a la presidencia de su país, escritor prolífico y hábil empresario. Actualmente es presidente de la asociación civil Fuerza Solidaria y una de las principales figuras de la resistencia en Venezuela.

Este libro, cuya lectura recomiendo, analiza la organización política denominada el Foro de Sao Paulo (FSP), cuyo origen se remonta al año 1990, un año después de la caída del muro de Berlín y del derrumbe del comunismo en la Unión Soviética. Fue convocado por Fidel Castro y Luis Ignacio “Lula” Da Silva para realizarse en Brasil con el apoyo parlamentario del Partido de los Trabajadores, con el fin de reunir allí a todos los grupos guerrilleros de América Latina y diseñar una nueva estrategia para la toma del poder. Por supuesto, asistieron los representantes de las Farc y el Eln entre muchos otros grupos cuya lista se puede consultar en Internet, o en el libro mencionado. Raúl Reyes, líder guerrillero colombiano, admitió, en una visita a Venezuela, que las Farc forman parte del llamado Foro de Sao Paulo.

En la página 113 y siguiente puede leerse la siguiente anotación (textualmente); “El FSP puede recurrir a varios mecanismos de presión, entre ellos los siguientes:

Primero, llevar a cabo una campaña diplomática, en la que participen todos los gobiernos e instituciones vinculados al Foro de Sao Paulo, para desprestigiar al gobierno colombiano, restándole credibilidad a la información proveniente de la computadora de Reyes. Segundo, provocar un conflicto fronterizo, posiblemente con Ecuador, donde Correa todavía mantiene un cierto respaldo popular a diferencia de Chávez, que no cuenta con el apoyo para una acción bélica. Tercero, ahogar económicamente a Colombia, saboteando el comercio con ese país. En este sentido, el gobierno venezolano ya está tomando acciones para perjudicar el intercambio bilateral. Cuarto, fortalecer a los enemigos internos de Uribe, para que desestabilicen su gobierno… (etc) Quinto, llevar a cabo atentados terroristas selectivos, con el apoyo logístico de los gobiernos controlados por el FSP”.

El FSP usa varios disfraces, uno es el indigenismo o la supuesta lucha por los derechos indígenas. La promoción del separatismo con argumentos contra la ocupación de los territorios por parte del Estado.

No puede ser simple coincidencia con esta estrategia, todo lo que está ocurriendo en Colombia.

En la edición de El Tiempo del 31 de Oct 08, aparece una columna de Plinio Apuleyo Mendoza, de cuyo texto se concluye que ya se están dando las situaciones planteadas por el FSP para acabar con este gobierno que tan duro le ha dado al “guerrillero rural que tomaba poblaciones a su antojo, hacía inseguras las carreteras, asaltaba guarniciones militares y secuestraba en su propia casa a quien le daba la gana” (textualmente).

Cuando Ingrid Betancourt fue liberada por el Gobierno de Uribe en la operación Jaque, ella comentó que, una de las cosas que más duro le había dado a la guerrilla, fue la reelección de Álvaro Uribe pues estos grupos estaban acostumbrados a esperar el cambio de gobernante para replantear nuevas estrategias de lucha. Se reagrupaban, esperaban, borraban todo lo hablado donde nunca dejaron actas de negociación (caso El Caguán), etc., para empezar de nuevo y así llevamos cincuenta años de conflicto.

¿No será que ya es hora de asestar un segundo o tercer golpe y aprovechar, tal vez, la última oportunidad que daría el Congreso para reelegir a Álvaro Uribe Vélez?

De nuevo, recomiendo el libro al amable lector.

Labels: Book Review, Colombia

La fiscalía de la Audiencia Nacional española consideró probada la relación entre ETA y las FARC, y presentó una querella hoy contra cinco supuestos activistas de la organización separatista vasca por impartir cursos a miembros de la guerrilla colombiana.

En un escrito de 17 folios, el fiscal Vicente González Mota estima que existen pruebas de los contactos entre ambas organizaciones que, dice, fueron regulares e intensos a partir del año 2003.

La Fiscalía asegura que cinco miembros de ETA impartieron un curso de 20 días en agosto de 2007 a trece miembros de las FARC y pide a la Audiencia Nacional su procesamiento por los delitos de pertenencia a grupo terrorista, colaboracion con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.

Los etarras, dice González Mota, impartieron sesiones teóricas y prácticas sobre el manejo del explosivo militar c-4 y la utilización de teléfonos móviles para detonar la carga.

Además, la fiscalía también afirma disponer de documentación que acredita que ETA se comprometió a ayudar a las FARC en el asesinato de altos dirigentes colombianos que residían en España en 2003.

Labels: Colombia, Spain

La guerrilla colombiana solicitó a la organización armada vasca que realizara atentados contra algunos de sus objetivos en Europa, entre ellos Noemí Sanín y Francisco Santos.


Así lo informó la radio española 'Cadena Ser' basada en documentos incautados a ETA por la policía francesa. La emisora aseguró que dos miembros de esa organización "intercambiaron técnicas y procedimientos" durante una visita de siete días que realizaron en 2003 a un campamento de la guerrilla en Colombia.

Durante estas reuniones, las Farc se ofrecieron a "ocultar a miembros de ETA durante el tiempo que fuese necesario" a cambio de que la organización armada vasca proporcionara "voluntarios expertos en medicina que pudiesen ayudar en los campamentos de prisioneros".

Las Farc también solicitaron a ETA "armamento antiaéreo", como el sistema de misiles tierra-aire SAM 7, uno de los cuales fue incautado en octubre de 2004 tras la detención en Francia del entonces número uno de ETA, Mikel Albitzu Iriarte, alias 'Mikel Antza'.

La 'Cadena Ser' afirma que según las actas realizada por ETA de estos encuentros e incautadas por la policía francesa, la organización armada vasca se interesó en cómo las Farc utilizaban teléfonos móviles para hacer detonar explosivos, mientras que la guerrilla colombiana quería saber más sobre la construcción de "zulos", escondites de armas y material, de ETA.

Las Farc también solicitaron a ETA que realizara atentados contra algunos de sus objetivos en Europa, tal y como supuestamente recogía el ordenador incautado al número dos de las Farc, Raúl Reyes, muerto en una incursión del ejército colombiano contra un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano el 1 de marzo pasado.

Entre los supuestos objetivos que figuraban en el ordenador estaban la embajadora colombiana en España entre 2002 y 2008, Noemí Sanín, o el actual vicepresidente colombiano, Francisco Santos.

Sin embargo, no consta policial ni jurídicamente que ETA llegara a colaborar operativamente con las Farc en la comisión de atentados o secuestros, concluye la 'Cadena Ser'.

Según las autoridades colombianas, las Farc y ETA mantenían un "acuerdo terrorista" que se hizo evidente en los correos de los computadores encontrados al líder guerrillero Raúl Reyes, que murió en un ataque del Ejército colombiano en marzo pasado.

Labels: Colombia, Spain

With global financial markets in turmoil and several trade deals on ice, labor unions and business groups are trying to decipher how President-elect Obama and an expanded Democratic majority in Congress will approach international trade policy, and are eyeing the U.S.-Colombia trade pact as an early indicator.

President Bush wants to see action on the deal, which has been hamstrung due to Democratic concerns over violence against union activists in the South American country, in a lame-duck session next week. With Democrats seeking to advance an economic stimulus package that the White House has thus far resisted, the deal could be a bargaining chip.

But unions and other skeptics of trade liberalization are arguing that the election results were a clear signal that the public is opposed to further trade agreements, and Democratic action on the Colombia deal would prompt a backlash from organized labor and other groups, which would be unhelpful, to say the least, to Obama’s political honeymoon.

“I think it’s ridiculous. It’s a complete non-starter,” said Thea Lee, policy director for the AFL-CIO, adding that the deal would not stimulate the economy. “The Colombia agreement has nothing to do with the economic crisis we’re facing right now. ... We obviously would be strongly opposed.”

Obama’s incoming chief of staff, Rep. Rahm Emanuel , D-Ill., appears to agree. “You don’t link those essential needs to some other trade deal,” he said Sunday on ABC.

Stalled Agenda
While President Bush was able to push through several free trade initiatives in his administration, including a renewal of fast-track trade negotiating authority and passage of the Central American Free Trade Agreement, the pace has slowed considerably since Democrats captured control of Congress in 2006.

In 2007, the White House and congressional Democrats reached a deal on how labor and environmental standards should be dealt with in trade agreements. But the Democratic majority remains split on trade policy, thwarting Bush’s trade agenda.

A deal with South Korea faces opposition from domestic automakers. An agreement with Panama was sidelined after Pedro Miguel Gonzalez, wanted in the United States for the murder of a U.S. soldier in 1992, was elected in 2007 to Panama’s National Assembly. (Gonzalez has now stepped down, however, possibly removing that political obstacle.) And the Colombia deal, which is strongly supported by companies like Caterpillar Inc., remains in limbo.

‘Clear the Decks’?
Pro-trade business groups, whose victories have been few and far between of late, would like to see the deals — particularly with Colombia and Panama — done before the new president takes office and has an opportunity to renegotiate them. The logic being pushed is that Obama should want to “clear the decks” before delving into the myriad challenges that face him starting Jan. 20.

A coalition of more than 1,000 business, chambers of commerce and other industry groups calling itself the Latin America Trade Coalition wrote Obama Nov. 5 urging him to work with lawmakers to get the Colombia and Panama deals passed.

“To delay approval of these trade deals would be to abandon America’s closest allies in Latin America at a critical moment,” the group wrote. “To approve them will spur the economic growth and job creation that U.S. workers, farmers, and companies need; approval of these agreements is a logical part of any stimulus package.”

Retailers would also like to see lawmakers attach language to the stimulus that would eliminate a tariff on low-cost imported footwear originally enacted as part of the 1930 Smoot-Hawley law.

But during his bitter primary battle with Sen. Hillary Clinton, D-N.Y., Obama’s rhetoric on trade in battleground states like Michigan and Ohio had a decidedly skeptical tint, and he at one point suggested that the North American Free Trade Agreement be re-negotiated.

In his final televised debate during his general election campaign against Sen. John McCain , R-Ariz., Obama expressed clear concerns about the Colombia deal. “The history in Colombia right now is that labor leaders have been targeted for assassination on a fairly consistent basis and there have not been prosecutions,” Obama said. “I think that the important point is we’ve got to have a president who understands the benefits of free trade but also ... is going to stand up to other countries.”

The Bush administration and Colombian officials insist that Bogota has made significant progress in curbing violence and instituting the rule of law amid a 40-year civil war against leftist guerrillas and right-wing militias. But Democrats say the progress is insufficient.

Congressional Election Issue
Organizations like Public Citizen are watching Obama’s words carefully, and say they intend to hold him to them. The group, which calls for “fundamental overhaul” of U.S. trade policies, tracked how trade was used as an issue during the 2008 campaign, especially in political advertisements, and argues that as many as 37 members of Congress were replaced by newcomers more apt to overhaul current trade policy.

“This political shift follows where the American public has been moving for years,” Lori Wallach, director of Public Citizen’s Global Trade Watch program, said during a Nov. 6 conference call. “The challenge . . . is to translate the electoral messaging into real change.”

“Just the political cost of doing a Colombia agreement . . . would just shut down everything else they’re going to do,” Wallach argued in a separate interview.

“Fair trade has become a national priority,” Sen. Sherrod Brown , D-Ohio, said during the conference call. “We start with a timeout on trade agreements.”

Still, many in the business community argue that Obama will find it in his interest to pursue more free trade agreements — and even to ask Congress for a new version of trade promotion authority. The biggest test may be how Obama handles calls from some Democratic lawmakers for the administration to take action against China for alleged currency manipulation.

At the same time, business groups anticipate a difficult road ahead on trade and other issues on which organized labor is weighing in.

“I’m not naive. I’ve been around a long time, and I can count,” Thomas J. Donohue, president of the U.S. Chamber of Commerce, said at a Nov. 6 news conference. He predicted it will be “much harder to stop some anti-business” measures, and that unions and trial lawyers will be looking for “quick and frequent political payback.”

Benton Ives contributed to this report.

Labels: Colombia, United States

President Bush denies reports that, in conversations with President-elect Barack Obama, he linked his support for a bigger auto industry bailout, or possibly a fiscal stimulus package, to a demand that House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) end her legislative blockade of the Colombia free-trade agreement. The Obama transition team denies it, too. That's just as well, since every legislative proposal should stand or fall on its own merits. Fortunately, the Colombia agreement passes that test.

Democrats in Congress, regrettably echoed by Mr. Obama on the campaign trail, frame their objections not in economic but political terms, arguing that Colombia has a dismal record on human rights. This characterization defies all reality. Since President Álvaro Uribe's first election in 2002, murder has declined by 40 percent; kidnappings have fallen by 75 percent. Supported by the United States and by a huge majority of the Colombian people, Mr. Uribe's firm but professional military approach has decimated the Marxist Revolutionary Armed Forces of Colombia (known as FARC), which once threatened to render the country ungovernable. Mr. Uribe has also brought right-wing paramilitary groups to heel. When evidence emerged recently that some of his troops had killed innocent people to inflate enemy body counts, Mr. Uribe fired 27 army officers and soldiers, including three generals.

Nor do the facts support Democrats' oft-repeated claim that Colombia is a particularly deadly place for trade unionists. Crime statistics for 2007 show that union members in Colombia were actually less likely to be murdered than members of the general population. This is partly due to the overall drop in homicide, but it is also because of special protective measures instituted by the Uribe government, at a cost of $38 million last year. More broadly, the U.S.-Colombia pact contains the same protections for labor rights -- and the environment -- that Congress accepted in a separate deal between the United States and Peru. A steadfast U.S. ally in South America, Colombia deserves the political seal of approval that the free-trade agreement would deliver -- not ostracism.

And then there's self-interest: The main economic effect of the trade agreement would be to enable U.S. producers -- automakers included -- to export to Colombia tariff-free. This would simply level the playing field, because 90 percent of Colombian goods already arrive in the United States tariff-free under temporary trade preferences that Congress recently renewed. With U.S. goods exports to Colombia totaling over $8 billion per year, the pact offers a nifty dose of stimulus for U.S. businesses and workers. While America stalls, Europe moves: The European Commission announced yesterday that it wants to start free-trade talks with Bogota. Why would Democrats need any deals or inducements to pass a measure that would promote U.S. foreign policy interests and create American jobs?

Labels: Colombia, United States

Conozca cómo las Farc, a través de “Alfonso Cano”, diseñaron planes que incluían adoctrinar profesores y estudiantes de bachillerato, así como la infiltración en las universidades. En un contundente reporte de Caracol Radio.

Guerrilla creó una ‘academia’ para entrenar a milicianos infiltrados en universidades

Las Farc crearon una “academia” en la clandestinidad para instruir a guerrilleros que lograron infiltrarse en varias universidades del país, con el fin de crear grupos promotores de hechos de orden público y que buscan atemorizar a la comunidad académica.

Caracol Radio conoció apartes de la investigación que adelanta la Fiscalía, en la que se ha logrado establecer que por lo menos 15 de los 55 nombres encontrados en un computador de las Farc, decomisado a comienzos de 2008 en el Meta, sí lograron infiltrarse en varias universidades.

Según fuentes judiciales, la guerrilla logró crear una “oficina de personal” entre los años 1997 y 2002, con las hojas de vida de por lo menos ocho mil integrantes del grupo armado ilegal, con información muy detallada sobre su familia, sus antecedentes delictivos, las enfermedades padecidas y cuáles aparecían como sus aptitudes dentro del grupo armado al margen de la ley.

En el sitio donde se instruían a los milicianos, el mismo frente de las Farc les asignaba a cada uno la universidad en la cual debían infiltrarse. También se logró establecer por parte de los investigadores que el grupo guerrillero tenía cuadernillos en los que explicaban los métodos de capacitación para quienes debían infiltrarse en las universidades.

Una alta fuente dijo a Caracol Radio que incluso los instructores hacían exámenes sorpresa a los milicianos, que en su mayoría son jóvenes recién ingresados a las universidades, a quienes instruyen en el manejo de explosivos.

De igual forma se supo que nueve de las personas mencionadas en los documentos del grupo armado al margen de la ley, están plenamente identificadas y podrían se expedidas órdenes de captura en su contra en los próximos días.

Según lo establecido por las autoridades, dentro de las personas identificadas como presuntos milicianos de las Farc infiltrados en las universidades, están varios profesores y algunos estudiantes que llevan más de diez años supuestamente adelantando su carrera profesional.

Igualmente, algunas informaciones de inteligencia permitieron concluir que ocho de las personas mencionadas en los computadores de las Farc, fueron abatidas en combates.

En materia financiera, para la Fiscalía está claro que las Farc patrocinan con dinero al Partido Comunista Clandestino y al Grupo Comunista Clandestino.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades que comenzaron desde el año 2003, las Farc a través de “Alfonso Cano”, diseñaron tres radios de penetración del grupo armado ilegal en las ciudades.

El primero tiene que ver con profesores y estudiantes de bachillerato, a quienes pretendían adoctrinar contra el servicio militar obligatorio.

El segundo está relacionado con la infiltración en juntas de acción comunal y en organizaciones barriales, a quienes pretendían organizar en contra del Estado.

El tercer radio es el que más preocupa a las autoridades, y es precisamente la infiltración en las universidades.

Labels: Colombia

Organismos del Ejército colombiano, incautaron 11,5 toneladas de explosivos y más de 40.000 balas a la guerrilla de las FARC, en 18 escondites localizados en los Llanos Orientales del país, así lo informó una fuente militar.

Según las fuentes, llamada Fuerza de Tarea Conjunta Omega de las Fuerzas Militares, “golpeó la red de apoyo logístico” de Gener García Molina, alias “John 40?, jefe del frente 43 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una “operación continuada que se ejecutó durante mes y medio” permitió que las tropas hallaran los 18 lugares en los que el rebelde “escondía armas municiones, explosivos y pertrechos”.

Los escondites fueron ubicados en las selvas del llamado caño Cabra, en zona rural del municipio de La Macarena, departamento del Meta, “gracias a la información suministrada por varios desmovilizados” que sirvieron a órdenes del cabecilla, según un comunicado del Comando de las Fuerzas Militares.

Además de los explosivos y las balas, las tropas hallaron y se incautaron de casi 13 toneladas de productos para la fabricación de artefactos, 64 bombas, más de un millar de detonantes y 3.550 metros de cordón para activar dichos artefactos.

También 506 uniformes de fatiga, 470 pares de botas de caucho, 90 trajes deportivos negros de algodón y 4.500 metros de lona para la confección artesanal de equipos de combate.

Asimismo, las tropas destruyeron en el lugar, de manera controlada unos 2.000 litros de precursores químicos empleados en el proceso de refinado de cocaína.

Labels: Colombia

Terrorism: The March 1 death strike by the Colombian army against FARC warlord Raul Reyes broke open a trove of contacts in his computer. So why did the name of Barack Obama turn up there?

Admittedly, it pales compared with other material from the dead thug's computer — such as FARC efforts to obtain uranium or Hugo Chavez's $300 million support.

But the little Obama reference within the 15 FARC letters released by the Colombian government signals a disturbing pattern of contacts with rogue actors. It's not the first time, and Obama has yet to distance himself.

In a Feb. 28 letter, FARC chieftain Raul Reyes cheerily reported to his inner circle that he met "two gringos" who assured him "the new president of their country will be Obama and that they are interested in your compatriots. Obama will not support 'Plan Colombia' nor will he sign the TLC (Free Trade Agreement)."

Aside from some interesting possibilities about who these "gringos" are — a congressional delegation did visit Ecuador and an international leftist "congress" was held in Quito around this time — the real question is why anyone secretly consorting with FARC would be able to speak for presidential candidate Obama.

Obama hasn't said a whole lot about Colombia other than to criticize President Bush's good relations with President Uribe. With this correspondence suggesting that FARC knows what he thinks, maybe the American voters have a right to know what he thinks, too. Five questions come to mind:

1. Is it true Obama would cut off Plan Colombia military aid to our ally, which would serve the terrorist group FARC's interests?

2. Does Obama still oppose a free trade agreement for Colombia, even though that puts him on the same side as FARC in the debate?

3. Does Obama know or care that one of his staffers or supporters is claiming to disclose his positions in secret meetings with FARC terrorists outside government channels?

4. Can he tell us why his supporters would pass on such information to terrorists, and what he or she could gain from it?

5. Will Obama, as president, treat FARC as the serious terrorists they are, given that they still hold three Americans hostage?

These aren't idle "gotcha" questions, by the way. Based on his campaign so far, Obama favors meeting and negotiating with rogue leaders without preconditions, passing secret messages to foreign countries at odds with his public positions and tolerating Che-flag wielding leftists among his supporters who advance a radical agenda in his name.

Now that FARC seems to have an inside line to Obama's campaign, maybe he ought to come tell voters what he really stands for.

Labels: Colombia, United States

El Ejército colombiano quedó esta semana en la picota tras la destitución de tres generales y otros 24 militares acusados de violación de los derechos humanos, lo que fue aprovechado por la oposición para reclamar, una vez más, la renuncia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

La salida de los militares fue anunciada el miércoles por el presidente Alvaro Uribe, cuyo gobierno enfrenta el escrutinio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos.

A los uniformados se les imputa responsabilidad “por acción u omisión” en la muerte de unos once jóvenes que habían desaparecido de sus hogares en un sector humilde del sur de Bogotá, y que fueron presentados como muertos en combate con el Ejército, presumiblemente para reclamar éxitos militares.

Tras la poda en el mando castrense se desató una ola de denuncias de casos similares en otras regiones, que señalan un centenar y medio de muertes, según parientes de las víctimas y de organizaciones no gubernamentales.

Aunque la decisión supone la mayor purga en el Ejército en los seis años de gobierno de Uribe, los tres generales dijeron respetarla, si bien negaron las acusaciones.

Los militares han contado con todo el respaldo de Uribe, quien sustenta en ellos el cumplimiento de su promesa electoral de derrotar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a la que en efecto le han propinado contundentes golpes que la han debilitado.

Con el fin de estimular la eficacia en esa lucha, el gobierno implementó una política de incentivos y beneficios para los uniformados que mostraran mejores resultados, lo que para la oposición política es la causa de las violaciones.

En tal sentido se pronunció el jueves el fiscal general, Mario Iguarán, quien le pidió al gobierno revisar la estrategia puesta en marcha en 2005, preguntándose si el “afán por el positivo y el ansia por la recompensa está generando estos oscuros sucesos”.

La oposición, tanto del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo (PDA), como del socialdemócrata Liberal, le atribuyen al ministro Santos la principal responsabilidad por la muerte de los jóvenes.

“Uno se pregunta por qué el ministro de Defensa se muestra poco acucioso para asumir su responsabilidad”, declaró el presidente del PDA, Carlos Gaviria.

Por su parte, el senador liberal Juan Fernando Cristo, al recordar a Santos un debate legislativo por otras denuncias sobre montajes del Ejército para presentar supuestos resultados en la lucha contra los grupos ilegales, dijo que “debe dejar el cargo”.

Pero Uribe salió en defensa de su ministro declarando en el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana de El Salvador, que resulta “injusto” que “ahora se pida la cabeza de quien está luchando para que Colombia tenga una política de seguridad democrática más confiable”.

La seguridad democrática -como Uribe denomina la estrategia contra las guerrillas izquierdistas y los grupos paramilitares de extrema derecha-, se ha convertido en su obsesión, deslizando que sólo desistirá de una segunda reelección si su sucesor garantiza la continuidad de esa política.

Y a juzgar por otra declaración que formuló en El Salvador, no está dispuesto a aflojar, sino que por el contrario demandó más resultados a los militares, cuestionado si acaso éstos protegen a reconocidos narcotraficantes que ordenó capturar.

“Voy a preguntar especialmente a la División del Ejército en (la ciudad de) Villavicencio (centro) si es capaz de capturar al ‘Loco Barrera’ o si es que lo está protegiendo”, dijo, en un pronunciamiento que tiende un nuevo manto de duda sobre las tropas.

Labels: Colombia

U.S. and Colombian officials say they have dismantled a South American-based drug ring that helped finance the Lebanon-based Shiite militant group.

Reported from Bogota, Colombia and Madrid -- U.S. and Colombian investigators have dismantled an international cocaine smuggling and money laundering ring that allegedly used part of its profits to finance Hezbollah, the Lebanon-based Shiite militia, officials said Tuesday.

Culminating a two-year investigation, authorities arrested at least 36 suspects in recent days, including an accused Lebanese kingpin in Bogota, the Colombian capital. Chekry Harb, who used the alias "Taliban," acted as the hub of an unusual and alarming alliance between South American cocaine traffickers and Middle Eastern militants, Colombian investigators allege.

Authorities accuse Harb of being a "world-class money launderer" whose ring washed hundreds of millions of dollars a year, from Panama to Hong Kong, while paying a percentage to Hezbollah, which is designated as a terrorist group by the United States and Israel. Harb was charged with drug-related crimes in a sealed indictment filed in Miami in July, but terrorism-related charges have not been filed.

The suspects allegedly worked with a Colombian cartel and a paramilitary group to smuggle cocaine to the United States, Europe and the Middle East. Harb traveled extensively to Lebanon, Syria and Egypt and was in phone contact with Hezbollah figures, according to Colombian officials.

"The profits from the sales of drugs went to finance Hezbollah," said Gladys Sanchez, lead investigator for the special prosecutor's office in Bogota, in an interview. "This is an example of how narco-trafficking is a theme of interest to all criminal organizations, the FARC, the paramilitaries and terrorists."


The FARC is the Spanish acronym for the Revolutionary Armed Forces of Colombia guerrilla group.

The U.S. Drug Enforcement Administration led the far-flung investigation, playing a central role in nailing down the Hezbollah connection, Sanchez said. U.S. officials in Bogota and Washington declined to discuss details of their evidence.

Iran, Hezbollah's longtime sponsor, and donations from the Lebanese diaspora are two sources for a multimillion-dollar budget that pays for the militia's armed and political wings and for social projects such as hospitals in Beirut. But investigations around the world have shown that Hezbollah also funds itself through drug dealing, arms trafficking, contraband smuggling and other rackets in the Americas, Africa and elsewhere.

Western anti-terrorism agents have expressed concern about an increasing Hezbollah presence in South America. The militia is accused of two major anti-Jewish bombings in Argentina in the 1990s. In June, the U.S. Treasury Department designated two Venezuelans of Lebanese descent, one a diplomat, as Hezbollah financiers and supporters.

Venezuelan President Hugo Chavez's alliance with Iran raises fears that his country could become a base for Hezbollah activity, said U.S. and Israeli anti-terrorist officials who spoke anonymously because of the issue's sensitivity. Venezuela has strongly denied any links to terrorist activity.

Venezuela also serves as the corridor for a third of Colombian cocaine bound for the U.S. and Europe, including some loads moved by Harb's group, Colombian investigators said.

The case unveiled Tuesday began as a money laundering probe, but as agents followed the money they discovered the links between Harb and Hezbollah operatives, investigators said. Harb's group paid Hezbollah 12% of its profits, much of it in cash, the investigators said, without giving a dollar figure.

The inquiry grew into Operation Titan, a two-year case worked by Colombian and U.S. agents that has led to more than 130 arrests and the seizure of $23 million, Sanchez said. Investigators deployed 370 wiretaps and monitored 700,000 conversations.

"This case was brought about by putting undercover agents into the money laundering cycle," said a U.S. government official who was not authorized to comment publicly. "This has given us a window into the worldwide financial enterprise that by dotted lines links traffickers from South America and the United States to West Africa, Europe and Hong Kong."

The drugs were allegedly sent via Panama, Venezuela and Guatemala to the U.S., the Middle East and Europe.

Chinese police this year captured Oscar Cano Alazate, a Colombian accused of setting up dozens of front companies in Hong Kong to launder money for the group. Hong Kong and the Panama free-trade zone served as centers for a scheme whereby drug cash from the U.S. was funneled to firms that use it to buy goods, which are shipped to Colombia and sold to be turned back into cash, investigators said.

The group also used human couriers, fake businesses, international transfers and real estate transactions to launder the money in other locations, including Africa and Canada, Colombian officials said.

On Oct. 13, Colombian police arrested Harb, who lived on a resident's visa in Bogota with his family, after learning that he had an Air France ticket to Syria for the next day and becoming concerned that he might flee. They also arrested the other accused boss, Ali Mohamad Rahim, and Harb's brother, Zacaria, both Lebanese immigrants who had been living in Bogota. Chekry Harb is in his late 50s and Rahim in his early 40s, officials said.

Colombian officials said the three are among 15 of the suspects who will be extradited to the United States.

Harb's key suppliers in Bogota included leaders of the so-called Office of Envigado, according to Colombian authorities. The paramilitary drug trafficking organization headed by Diego Fernando Murillo, known as Don Berna, and other former foot soldiers of the late Medellin cartel boss Pablo Escobar has an international reach.

Labels: Colombia, Iran

After the final debate between John McCain and Barack Obama last week, the media lost no time digging for dirt on Joe the Plumber. Too bad a similar level of scrutiny was not applied to the slanderous remarks Mr. Obama made against Colombia.

Joe, in case you've been hiding under a rock, is the working-class, well, Joe, from Toledo, Ohio, who last week delivered a neat summation of the Obama economic plan: Increase taxes on successful risk-takers and use the money to expand the welfare rolls.

Joe was practicing what I call the audacity of veracity. He made the Harvard-trained candidate look bad. For that the media decided he needed to be taken down a notch. Meanwhile, the fourth estate walked away from any serious discussion of Mr. Obama's slander of the finest U.S. ally in Latin America.

To be fair, Mr. Obama probably did not set out on Wednesday night to insult millions of Colombians and revive the notion many U.S. neighbors have of the Ugly Gringo. But when Mr. McCain pointed out that opposing the U.S.-Colombia Free Trade Agreement doesn't make sense -- because the U.S. is already open to imports from Colombia and because the agreement will open new markets for U.S. exporters during rough economic times -- Mr. Obama was caught flat-footed.

He reached into his memory bank for whatever he had been told to say about Colombia. He seems to have found his hard drive loaded with Big Labor talking points. Here's what it spit out: "The history in Colombia right now," he said, "is that labor leaders have been targeted for assassination, on a fairly consistent basis, and there have not been prosecutions."

Mr. McCain should have blown the whistle right there because bearing false witness against your neighbor, who also happens to be a friend, is a foul. Labor killings in Colombia have gone down sharply in the past five years and convictions have gone up. Mr. Obama was wrong. Moreover, Mr. McCain missed an opportunity to ask Mr. Obama how he squares his antagonism toward Colombia -- whose president has an 80% approval rating -- with his promise to boost America's image abroad.

An American politician ought to know better than to deliver a morality lecture to Colombia. American demand for cocaine, which funds Colombia's worst criminality -- including the bloodthirsty Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) -- has nearly wrecked that beautiful country. Colombians, who have bravely cooperated with the hapless U.S. "war on drugs," have paid a steep price.

By the time President Alvaro Uribe took office in August 2002, Colombia was almost a failed state. That year there were 28,837 homicides nationwide, making it one of the most dangerous places on planet Earth.

There were also 196 union members killed that year. Their deaths were not unrelated to the political violence sweeping the country. The dominant public-sector unions have their roots in a revolutionary ideology that they share with the FARC. This has put them on the left side of Colombia's violent politics for decades. On the other side have been those who took up arms to oppose guerrilla aggression.

Mr. Uribe has worked to restore peace by strengthening the state. This has been bad for both sides. But as the rebels have been pushed back, FARC sympathizers have run to Washington to discredit Mr. Uribe. Democrats have welcomed them. Meanwhile the death toll has dropped dramatically, and union members have especially benefited from improved security.

As a Journal editorial on Friday explained, from 2002 to 2007 the number of murdered Colombian union members dropped by almost 87%. By any fair standard that is progress, especially considering the pattern Mr. Uribe inherited. In 2000, 155 unionists were murdered and in 2001, 205 died. The numbers only started to come down when he took the helm.

In October 2006, the president created a special investigative unit inside the attorney general's office to handle union murders. The unit began operations in February 2007, and it says that as of this August "some 855 cases have open investigations" and that "179 security preventive detention measures have been issued, 61 cases are ready to be referred to court for trial, and 115 suspects have been convicted in 75 sentences."

It is far safer to be a union member today in Colombia than to be a member of the general population. This is a fact, and it would be interesting to know why Mr. Obama has repeatedly refused to acknowledge it.

Is it because of his heavy reliance on campaign contributions from the antitrade AFL-CIO? Or perhaps, like House Speaker Nancy Pelosi, Mr. Obama has an ideological bias in favor of Colombia's hard left. If it's the latter, then it is worth asking whether an Obama presidency would change U.S. foreign policy to look more favorably on insurgents of the FARC variety.

Labels: Colombia, United States

La senadora colombiana, Piedad Córdoba, conversó con Diego Sequera del semanario ‘Temas’ sobre la situación social de su país y de cómo la crisis mundial podría llegar a repercutir en Colombia y en la gestión del presidente Uribe.

Para leer el articulo completo haga click aqui.

Labels: Colombia

Así lo afirmó Alejandro Peña Esclusa, ex candidato presidencial en Venezuela, en diálogo con C5N. Asimismo, vinculó a agrupaciones políticas argentinas con la guerrilla y dijo que los terroristas colombianos son comparables a Hitler

"Chávez integra las FARC, es un hombre de las FARC desde antes de que fuera presidente de la Republica", explicó Esclusa.

De acuerdo al político venezolano, la relación entre el mandatario y la guerrilla marxista se remonta a 1994, en el marco del Foro Social de San Pablo, un reagrupamiento de la izquierda en la región.

De este modo, Esclusa explicó: "Los integrantes del Foro de San Pablo ayudaron a Chávez a llegar a la Presidencia, quien a su vez utilizaría esos recursos para ayudar a sus compañeros". "Chavez se reunió con Raúl Reyes con motivo de un Foro de Sao Paulo (y) los mails de Reyes demuestran esa integración", agregó.

Justamente, el caudillo caribeño "guardó un minuto de silencio manifestando su tristeza por el criminal más peligroso que hubo en Latinoamérica (Raúl Reyes)", señaló Esclusa. También, explicó que "al apoyar a estos terroristas, es cómplice de delitos de lesa humanidad".

Consultado respecto del vínculo financiero entre las FARC y el gobierno de Hugo Chavez, Esclusa manifestó que "les da dinero (a la guerrilla) , porque hay denuncias de ex funcionarios que eran obligados a darle dinero a los terroristas".

"Hoy en día las FARC están siendo derrotadas militarmente por el gobierno de Álvaro Uribe, y encuentran en Venezuela un aliviadero" sentenció.

Asimismo, el ex candidato presidencial vinculó a diversas organizaciones argentinas con el Foro de San Pablo. "Patricio Echegaray (del Partido Comunista Argentino), Chacho Álvarez (…), ha habido piqueteros como Emilio Pérsico, que reconocieron haber recibido dinero de Hugo Chávez".

En ese sentido, Esclusa propuso constituir "una comisión internacional que investigue a las personas que aparecen en el computador de Raúl Reyes".

Para ver el video de la entrevista haga click aqui.

Labels: Argentina, Colombia, Venezuela

"Si pudieran votar en Casa Nariño en las elecciones norteamericanas, McCain arrasaría. El Ejecutivo que preside Álvaro Uribe está convencido de que la victoria republicana ayudará a impulsar tanto el Tratado de Libre Comercio como el Plan Colombia, dos programas claves. Y con Barak Obama no sacarán adelante el primero, al menos pronto, y verán cómo disminuyen de forma sustancial los fondos del segundo, sobre todo en el componente militar".

Si bien en Bogotá alardean de que la política con Washington es bipartidista, lo cierto es que Uribe puso todos los huevos en la canasta de George W. Bush y cuando los demócratas conquistaron el Legislativo y la bola de cristal auguró que también podrían arrebatar la Casa Blanca, era ya demasiado tarde para cambiar de bando.

El eje principal del gobierno de Uribe, el que le ha catapultado a índices de popularidad estratosféricos, ha sido su política de seguridad. Por primera vez en varios lustros, la mayoría de la opinión pública colombiana siente que el Ejército puede derrotar a las Farc, y que ya no representan una verdadera amenaza a la estabilidad institucional. Pero en el campo de batalla, la visión no es tan triunfalista.
Los generales que persiguen a la guerrilla más antigua del continente son conscientes de que está debilitada pero que aún está lejos el día en que le asesten el golpe de gracia. Para logarlo, en todo caso, necesitan el dinero de Washington y su asistencia técnica.

Para hacernos una idea de la magnitud del empeño, sólo para perseguir al Mono Jojoy, número dos de las Farc y símbolo por excelencia de la barbarie guerrillera, hay más de siete mil militares metidos en la selva. Y para mantener activo ese frente de guerra, requieren una inversión que sólo es posible con la ayuda del coloso del norte. El Ejército y la Policía aumentaron en 28.000 el número de efectivos este año, alcanzando una cifra total de 424.873 hombres. El Presupuesto del Ministerio de Defensa para el ejercicio del 2009 será de 11.428 millones de dólares, cercano al 5 por ciento del PIB.

El objetivo principal es derrotar a las Farc, que cuenta con unos doce mil armados, al margen de un número similar en tareas de apoyo logístico y urbano. Hace un año, antes del tsunami financiero, la agencia Reuters citaba a un analista de Colombia de la calificadora DBRS, basada en Nueva York, hablando sobre la voluminosa inversión en guerra: "Desde el punto de vista del crédito, el problema número uno a nuestra posición es la insurrección," decía. "El mayor progreso que Colombia ha hecho es establecer la ley y el orden a lo largo del país. Entonces, aplaudimos el fuerte incremento en el gasto militar."

Sería difícil saber qué opinan ahora, tanto por la crisis financiera como por la perspectiva de que el bastón de mando cambie de manos el 4 de noviembre. Para la Administración Bush, Colombia, máxime a raíz de la Operación Jaque, representa un caso de éxito en su lucha global contra el terrorismo, tan escasa de triunfos. Es, además, un aliado incondicional en la región, el mejor contrapeso a Hugo Chávez y su revolución bolivariana. Como premio a la lealtad, quisieron aprobarle el TLC. Pero todo lo que el tejano ha conseguido es extender un año más las preferencias arancelarias (ATPDEA). La tesis ‘bushiana' la compró McCain, encendido defensor del gobierno colombiano.

No así Obama. En el debate último con su rival, dejó claro que no respaldará el TLC, la única propuesta económica a futuro de Uribe. Y tampoco los demócratas son partidarios de seguir alimentando la guerra contra las Farc. Los generales lo saben y por eso creen que necesitan dar el do de pecho en los doce meses venideros, el tiempo en que tienen asegurados los fondos norteamericanos y Uribe tendrá aún todo el poder concentrado en sus manos.

* Salud Hernández-Mora, periodista y columnista del diario colombiano El Tiempo, colaboradora del diario español El Mundo, Caracol radio, Canal Capital (tv pública de Bogotá) y miembro de las Juntas directivas de la Fundación País Libre y de la Fundación Esperanza se incorpora hoy al equipo de analistas de Infolatam formado por más de cincuenta de las mejores firmas de América Latina.

Labels: Colombia, United States

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y la candidata republicana a la vicepresidencia de EE.UU., Sarah Palin, sostuvieron en Nueva York un encuentro, que el mandatario describió como "muy provechoso". Uno de los asuntos destacados en la reunión fue el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

Palin no hizo declaraciones a la prensa después de la reunión, de 30 minutos de duración, que, según Uribe, tuvo un carácter "cordial" y "distendido". La portavoz de la campaña republicana Hessy Fernández indicó que la reunión sirvió para "reconocer la importancia de este aliado en América Latina".

Además del TLC, según Fernández, los dos políticos abordaron asuntos como la lucha contra el narcotráfico. La reunión se llevó a cabo en la residencia de la embajadora colombiana ante la ONU, Claudia Blum, en el Upper East Side neoyorquino. El candidato republicano a la presidencia de EE.UU., John McCain, ha manifestado su apoyo al libre comercio, una posición que ya expresó durante su visita a Colombia en julio pasado.

Según el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, su país está interesado primordialmente en la aprobación en el Congreso de EE.UU. del TLC y para ello buscan el apoyo bipartidista, tanto de republicanos como de demócratas. Bermúdez enmarcó la reunión dentro de los contactos que las autoridades colombianas desarrollan para recabar ese apoyo al TLC.

La gobernadora de Alaska y candidata republicana a la vicepresidencia de EE.UU. lleva a cabo en estos días una serie de encuentros, al margen de la Asamblea General de la ONU que tiene lugar en Nueva York, de cara a adquirir credenciales internacionales. Palin, seleccionada hace tres semanas por McCain para ser su "número dos", ha dado un nuevo empuje a la candidatura republicana, pero carece de experiencia en política exterior.

La gobernadora de Alaska se sacó el pasaporte por primera vez el año pasado, para visitar a las tropas de la Guardia Nacional de su estado en Kuwait. La candidata a la vicepresidencia se reunió también con el presidente afgano, Hamid Karzai, y con el ex secretario de Estado Henry Kissinger.

Labels: Colombia, United States

El homenaje a Tirofijo en Venezuela y la denuncia de un exguerrillero de las Farc sobre la protección que este país brinda a la guerrilla han vuelto a ensombrecer las relaciones entre Colombia y el gobierno de Hugo Chávez.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano rechazó oficialmente el homenaje que se le rindió en Venezuela a "Tirofijo" a quien se le dedicó una "Plaza Marulanda". El homenaje fue impulsado por la Coordinadora Simón Bolívar, el Partido Comunista de Venezuela, la corriente comunista Antonio Machado, el Movimiento 28 de Marzo, entre otros sectores afines a las Farc.

La Cancillería colombiana expresó " el sentimiento de indignación de la Nación y el Gobierno de Colombia con ocasión del ofensivo homenaje que se realiza en Caracas al terrorista Manuel Marulanda Vélez, quien cometió múltiples delios de lesa humanidad contra el pueblo colombiano y atacó continuamente la institucionalidad democrática del país". Además, señala que "en el entendido de que el homenaje a Manuel Marulanda es una iniciativa de particulares, Colombia espera la misma posición de rechazo de la comunidad internacional".

En el acto hubo palabras como "¡Vivan las Farc, viva Manuel Marulanda! Hablar de Marulanda es hablar de Raúl Reyes, es hablar de esos compañeros vilmente asesinados en Colombia y en otros países; es hablar del proceso revolucionario que se libra en Colombia...Desde acá exigimos inmediata libertad de los presos revolucionarios que están bajo el imperio neofascista de Álvaro Uribe".

Entre los presentes estuvo Freddy Bernal, el alcalde chavista del municipio El Libertador, en Caracas, que aseguró que su presencia en el acto no "tenía nada que ver" con las relaciones de su país con Colombia.

Paralélamente, Víctor Antonio Leones, guerrillero desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia asegura que la guerrilla está protegida por Venezuela, país en donde los rebeldes pasan y se mueven sin problema, según declaró a radio Caracol.

Leones además afirmó que varios comandantes de las FARC tienen campamentos en el vecino país: "Estaba Iván Márquez, cuando era del (frente) 41 (que actuaba en la serranía) del Perijá. (Martín) Caballero también estuvo en Venezuela, que era del (frente) 35".

Explicó que en "esos campamentos ponen avanzadas, por decir, si hay 1.000 hombres, ponen 500 a la redonda y ellos (los comandantes) están en el centro", contó al programa 'Las voces del secuestro'. Según Leones, los comandantes "nunca pelean, los que pelean son los que están de avanzada". Los jefes están en Venezuela "tranquilos como Juan por su casa".

Leones atribuyó esa situación a que los comandantes de las FARC "tienen contacto con el presidente" venezolano, Hugo Chávez: "Chávez les da la orden, porque nosotros recibíamos munición, uniformes venezolanos, todo lo recibíamos de Venezuela", aseguró.

Labels: Colombia, Venezuela

Elección Visible espera que la próxima elección de seis magistrados de la Corte Constitucional sea transparente y democrática. Su vocera, Margareth Flórez, explica cómo 13 organizaciones ejercen la veeduría y cómo los ciudadanos del común pueden participar. Para ella, una sociedad civil activa es el mejor antídoto contra la corrupción.

La corporación Transparencia por Colombia en sus 10 años de presencia en el país, ha puesto la lupa en el tema de la corrupción en el Estado y en las empresas. Actualmente, esta ONG, junto con otras trece, hacen la veeduría ciudadana al proceso de elección de los magistrados de la Corte Constitucional, cuya votación se hará en el Pleno del Senado el próximo diciembre.

En entrevista con Semana.com Margareth Flórez, directora de la corporación y vocera del proyecto de veeduría Elección Visible, hace un balance de cómo está el tema de la corrupción en el país, y cómo la perciben los colombianos. Ella argumenta que para aumentar la transparencia en el Estado es necesario que la ciudadanía salga de su letargo. Flórez también habla de los nuevos retos que tiene el país frente a nuevas modalidades de filtración de las mafias en el Estado.

¿Cómo va el proceso de observación de la elección de los magistrados de la Corte Constitucional que ustedes estámn haciendo?

Margareth Flórez: Hemos solicitado a los nominadores, (al Presidente de la República, a la Corte Suprema y al Consejo de Estado), que cumple 10 años, que den a conocer a los colombianos los criterios de conformación de las ternas, las hojas de vida de los postulados, que nos cuenten el cronograma del proceso y que hagan audiencias públicas para entrevistar los candidatos. Hasta el momento la Rama Judicial ha contestado, pero no lo ha hecho el Presidente. Estamos atentos a que nos hagan llegar la información porque desde el gobierno nos han dicho que quieren hacer de éste un proceso transparente y queremos que eso se traduzca en hechos.

Es la primera vez que la ciudadanía hace un proceso de veeduría de una elección de magistrados de una Alta Corte. ¿Porque es importante para la sociedad civil que este proceso sea transparente?

M.F.:Todos los procesos de denominación de magistrados deben ser transparentes, así se plantea en todos los países del mundo. Pero en particular en este momento van a cambiar 6 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, es decir, va a cambiar el 66 por ciento de la composición de la Corte. La Corte Constitucional es de los órganos máximos de la justicia, la que toma decisiones que tienen que ver con la vida diaria de los colombianos. La Corte debe decidir sobre las tutelas, va a decidir sobre la reelección del Presidente, por eso necesitamos una corte legítima, que genere confianza y que sea independiente en sus decisiones.

La semana pasada la corporación Transparencia se reunió con congresistas del Partido Liberal. ¿Cuál fue el compromiso que salió de esa reunión?

M.F.:Hemos hablado con los nominadores, con el órgano que los va a elegir que es el Senado y su presidente, Hernán Andrade, y hemos visitado las bancadas de los diferentes partidos para que estén muy atentos a la composición de las ternas, que verifiquen los antecedentes de los ternados, que indaguen sobre sus hojas de vida y que pidan a los nominados que hagan públicos los criterios de selección. El objetivo es que del debate en el Pleno del Senado se elijan a los mejores hombres y mujeres que queremos que lleguen a la Corte, que tengan una actuación ética y profesional. La bancada del partido liberal dijo que atendía las solicitudes, que apreciaba que existieran iniciativas como ‘Elección Visible’. Esperamos que así sea.

¿Cómo ha visto las recientes elecciones de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y del Defensor del Pueblo?

M.F.: Veo con mucha preocupación lo que pasó en el Concejo Superior de la Judicatura. La elección de los magistrados y sus cuestionamientos ha sido ampliamente cubierta por los medios. Pareciera que no se hizo un proceso de verificación de los antecedentes de los candidatos, y el hecho de que ya hayan sido elegidos genera mucha desconfianza, sobre los candidatos y sobre el órgano que van a integrar. Además pareciera que hubo un intercambio de favores entre los partidos políticos y los candidatos y consideramos que eso no es lo que necesita la democracia colombiana, ni la justicia.

¿Cuál es el mensaje que se da al país cuando las instituciones del Estado esperan a que sean los medios los que pongan en la agenda los casos de corrupción para tomar medidas?

M.F.: Es muy importante que los medios cumplan ese papel de denunciar la corrupción, pero no podemos entregar solo a los medios ese rol ni tampoco a las organizaciones de la sociedad civil.
Entre todos tenemos que contribuir a que haya más transparencia. Pero la responsabilidad principal está en los nominadores y en los que eligen a los funcionarios del Estado.

Elección Visible ha abierto un canal a la ciudadanía en la página web, donde estamos buscando que todos los ciudadanos que conozcan o que quieran comentar sobre el perfil de los candidatos a magistrado, lo puedan hacer. Y vamos a dar a conocer esa información a los nominadores y al Senado.

¿En estos 10 años de Trasparencia por Colombia cuál ha sido la evolución del tema de la corrupción en el Estado?

M.F.:Creemos que hay logros, pero también, enormes desafíos. Algunos de los logros están en el campo donde ha habido un mejor acceso a la información, y mayor rendición de cuentas y control social. Sin embargo, la corrupción se ha complejizado, se ha vuelto más sofisticada y está en manos de redes delincuenciales que tienen propósitos sistemáticos de expoliar lo público. Eso hace que la tarea que se adelante sea de gran envergadura y va a requerir el compromiso de todos en la sociedad. Esto pone a Colombia en una situación difícil porque narcotráfico, violencia y corrupción se refuerzan entre sí, porque los tres necesitan el uno del otro para prosperar en sus propósitos egoístas contra el interés colectivo.

Y esa evolución en las estadísticas...

M.F.: En los 10 años de mediciones del índice de percepción de corrupción Colombia empezó en 1998 con 2, 2 de una escala de 0 a 10. En el 2001 llegó a su mayor puntaje que fue 4. Y en los últimos años no hemos logrado bajar de 3.8 o 3.9. Ahí estamos estancados.

La misma encuesta el año pasado preguntó si íbamos a poder a combatir la corrupción en los próximos 3 años y la respuesta es que no creen, un 52 por ciento dice que vamos a seguir en las mismas.

En la presentación del informe de los 10 años de Transparencia se mencionaron las nuevas modalidades que usa la mafia para captar el Estado. ¿Cuáles son los nuevos retos para combatirlas?

M.F.: Uno de los retos más importantes es entender el fenómeno de la captura del Estado. En muchos países se ha entendido por la cooptación del Estado cuando grupos económicos legales entran en él para favorecer propósitos particulares e influenciar sus decisiones. Pero hemos encontrado, en el caso colombiano, que los grupos ilegales también lo hacen, y no solo buscando un poder económico, lo hacen buscando un poder territorial por la vía de la legitimación. Lo que hemos visto con los parapolítica es un ejemplo de ello: es una mezcla entre políticos y paramilitares que buscan entrar al Estado por la vía legítima e influenciar decisiones.

Lo grave que es que al entrar por las vías legitimas, institucionales, se da una mezcla entre grupos ilegales y economía formal, lo cual disfraza el fenómeno y hace difícil combatirlo. Necesitamos entender mejor cómo ocurre, para encontrar las herramientas que hay que emprender, porque la lucha convencional que hemos llevado contra la corrupción ha mostrado contribuir en muchos aspectos, pero también es insuficiente para luchar contra este fenómeno, que incluso incorpora redes delincuenciales internacionales.

Transparencia hace un seguimiento a nivel mundial de estos casos de corrupción, ¿qué significa la parapolítica a nivel internacional?

M.F.: La parapolítica es una expresión de la cooptación del Estado, similar a lo que se ha encontrado en algunos estados mafiosos, como Sicilia, o en Europa del este. Hemos observado que lo que pasa en Colombia, hace parte de un fenómeno internacional. Leyendo un informe de la comisión europea que trabaja los temas del crimen organizado, uno encuentra una enorme coincidencia entre los grupos ilegales asociados al narcotráfico en Colombia con las mafias que operan en otros países.

¿Que se necesita para combatir este fenómeno?

M.F.: No tengo la respuesta. Estamos en esa búsqueda.

Y para combatir la corrupción en general...

M.F.: Hay que trabajar en muchos frentes. Poner la corrupción en la agenda pública como una prioridad, porque en un país concentrado en vencer el conflicto armado, la corrupción pasa a un segundo, tercer, o cuarto plano.

Además, cuando uno pregunta a los colombianos sobre la corrupción tienen una percepción muy alta de que existe, pero cuando se indaga sobre qué tanto cree que les afecta, solo un 3 por ciento cree que le afecta, lo cual significa que no entienden el impacto que tiene sobre el acceso a la educación, a la salud, a los subsidios, a la lucha contra la pobreza.

Creemos que hay que fortalecer una justicia independiente, capaz de sancionar y combatir la impunidad. Hay que fortalecer los organismos de control, necesitamos que actúen con con eficacia, que los empresarios emprendan acciones para prevenir el soborno y luchar contra la corrupción, dentro de sus empresas como en el entorno de negocios que tienen. Creemos que la sociedad civil tiene que despertar, estar más atenta al cuidado de lo público. Los ciudadanos tenemos que generar un rechazo social a la corrupción, pues en Colombia muchas veces se tolera dependiendo de los fines que se persigue.

Pero vuelvo e insisto, entender lo que pasa con la reconfiguración coptal del Estado implica un esfuerzo adicional para entender el fenómeno: cómo se manifiesta y cómo hay que combatirlo y creo que no estamos preparados todavía para esto.

Dentro de los indicadores de percepción de la corrupción en estos 10 años, ¿qué instituciones han mejorado y cuales han empeorado?

M.F.: Algunas Instituciones del gobierno nacional en los últimos años han presentado mejoras, especialmente las instituciones del sector comercio y hacienda, porque ellas tienen qué presentar información a tiempo y es de conocimiento público.

Persisten con riesgo de corrupción el Congreso, la Cámara de Representantes, las corporaciones regionales como asambleas y concejos, los partidos políticos y las empresas sociales del Estado.
Hay que recuperar la legitimidad y la confianza en estas instituciones que son vistas como las más propensas a la corrupción, y eso deteriora la democracia misma.

¿Cómo ha visto el papel de la sociedad civil en estos 10 años?

M.F.: Creo que nos falta mucho por avanzar en lo que se refiere a una sociedad civil activa, deliberante, interesada por los asuntos públicos. Pero hay que destacar que ha habido iniciativas muy preocupadas por el tema. De hecho no solo Transparencia por Colombia está cumpliendo 10 años, lo está haciendo Congreso Visible y Bogotá Cómo Vamos, iniciativas preocupadas por hacer de la gestión pública más transparente, que han tratado de impulsar un Congreso más probo en sus acciones y má