La Asamblea de la Cruceñidad llevará los casos de violaciones a los derechos humanos en el caso terrorismo y Porvenir, a foros internacionales y a la justicia boliviana.

Después de más de tres horas de deliberaciones, la Asamblea de la Cruceñidad decidió ayer denunciar ante organismos internacionales y ante la justicia boliviana al gobierno de Evo Morales por la violación de los derechos humanos en el caso terrorismo y Porvenir (Pando).

El vicepresidente del Comité Cívico, Nicolás Ribera, explicó que la decisión está orientada a proteger los derechos de quienes son vinculados con estos casos, entre ellos los líderes cruceños como el prefecto Rubén Costas, el ex cívico Branko Marinkovic y el propio cívico Guido Nayar.

Una de las primeras resoluciones plantea: “denunciar ante los organismos internacionales pertinentes al Poder Ejecutivo por las permanentes y constantes vulneraciones a la Constitución, violaciones a los derechos humanos, a las garantías constitucionales, al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica”.

Seguidamente, instruye a la brigada parlamentaria iniciar acciones legales en contra de autoridades no sólo nacionales, sino también departamentales y municipales que “vulneren los derechos humanos e incumplan la Constitución y las leyes”.

Ribera precisó que, además de la violación de los derechos humanos en el caso terrorismo y Porvenir, existe un conflicto de jurisdicción en ambos procesos.

La justicia en Santa Cruz y La Paz se disputan la jurisdicción de la investigación sobre el supuesto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa. En tanto que la justicia de Pando y La Paz el proceso del Porvenir, que tiene como su principal acusado y detenido a Leopoldo Fernández.

“Recomendamos a aquellos ciudadanos que crean ser sujetos de injusta persecución y avasallamiento de sus derechos y garantías constitucionales de parte de algunos fiscales y jueces, sin jurisdicción ni competencia, no presentarse ante los mismos e iniciar las acciones legales correspondientes”, señala la resolución de la Asamblea.

Las resoluciones se dan poco después de que el diputado Wilfredo Áñez revelara que conversó vía teléfono con el testigo clave de la Fiscalía en el caso terrorismo, Ignacio Villa Vargas, quien le habría asegurado que fue presionado para vincular con estos hechos a líderes cruceños.

Además, un juez cruceño sentó precedente y definió que el fiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, no podrá citar a declarar a los ex unionistas David Sejas y Alfredo Saucedo hasta tanto se resuelva el conflicto de jurisdicción.

Las instituciones cruceñas, además, convocaron a una marcha para el 15, rechazaron el traslado con fines políticos de personas a Pando, exigen un nuevo padrón, 2.000 policías y un plan departamental de coca cero.

García demanda no obstruir

El vicepresidente Álvaro García demandó ayer a los dirigentes cívicos cruceños dejar de encaminar acciones tendientes a obstruir las investigaciones sobre el grupo de supuestos terroristas liderados por Eduardo Rózsa, muerto en un operativo policial el 16 de abril.

“La Constitución (Política del Estado) garantiza el derecho a opinar; pero lo que no es correcto es impedir que la justicia haga su trabajo”, afirmó.

Las instituciones cruceñas reclaman la jurisdicción judicial del caso Rózsa, que se tramita en La Paz en función a un decreto que establece que casos de terrorismo tendrán como jurisdicción la sede de gobierno.

“Ojalá que el Comité Cívico cruceño, en respeto a la institucionalidad que han creado los cruceños, lejos de bloquear la investigación, colabore”, afirmó.

El 16 de abril, un operativo policial desarticuló al supuesto grupo terrorista, donde murieron Rózsa, Árpád Magyarosi, Michael Dwyer, y se detuvo a Mario Tadic y Elöt Tóásó

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