La democracia, el estado de derecho, el respeto a la institucionalidad han caído peldaño a peldaño durante el gobierno del presidente Evo Morales que durante estos tres años ha trabajado, con uñas, mañas y dientes, para acaparar el poder.

Utilizando una serie de argucias se ha valido para tumbar, cuestionar o enjuiciar a todos los que se opongan en su proyecto totalitario,

Será por eso que en un alarde de presunta intelectualidad maquiavélica el vicepresidente Alvaro García Linera en una oportunidad dijo que sería “el último jacobino”.

Lo que no explicó es que los jacobinos eran uno de los bandos extremistas de la Revolución Francesa que estando en el poder entre 1793 y 1794 desarrollaron una política de terrorismo de estado y llevaron a la guillotina a todos los sospechosos de estar en contra del proceso de cambio.

La historia se repite en Bolivia con un gobierno en el que para empezar ya no existe la división de poderes, pues el Ejecutivo aparece fundido con el Legislativo y aunque la oposición manda en el Senado, la mesa clandestina en la que se negoció nada menos que la nueva Constitución Política del Estado, hace ver que ya no existe diferencia, ni dignidad, ni decencia, ni ética.

Y en el caso del tercer poder, el Judicial, el Gobierno por medio de uno de sus testaferros impulsa un juicio de responsabilidades contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y como para mantener callado al Fiscal General de la República también le planteó otra demanda similar en la Cámara de Diputados que maneja, y ni qué decir del Tribunal Constitucional que permanece cerrado.

Y la cereza en la torta la puso el anuncio de la renuncia de un Consejero de la Judicatura, de modo que ese organismo de control disciplinario del Poder Judicial quedará descabezado, como lo estará también la Corte Nacional Electoral, pues dos de sus miembros están por cumplir su período.

De ese modo vemos que la democracia que debe entenderse como el equilibrio de poderes, es decir de frenos y contrapesos, como decía Aristóteles, se ha ido cayendo de a poco.

Ni qué decir del respeto al estado de derecho, a la presunción de inocencia, al derecho a la jurisdicción territorial, pues el Gobierno ha iniciado una cacería de opositores e incluido en el Código Penal, el delito de ser demócrata, autonomista o pensar diferente, y valiéndose de fiscales y jueces chupamedias con sede en La Paz, ha instalado su tribunal de la inquisición, en el que si por ellos fuera, aplicarían la guillotina, como en la Revolución Francesa

Pero no es sólo eso, parece que estamos volviendo a la barbarie y retrocediendo no sólo 500 años, si no a la era de la piedra, pues de pronto en la tierra de los ponchos rojos degolladores de perros, Achacachi aparecen, a título de un pequeño adelanto de lo que será la justicia comunitaria que contempla la nueva Constitución Política del Estado, matando a sangre fría a presuntos delincuentes.

Y por si fuera poco en el Chapare, por tercera vez en el mismo año, los narco-cocaleros, la nueva casta social desde que este Gobierno está en el poder, aparecen graneando bala contra los policías solamente porque osaron quemarles las fosas de maceración, como si no supieran quién manda en Bolivia.

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