La preocupación del próximo gobierno de Barack Obama sobre la economía probablemente evitará que los defensores de la inmigración en el Congreso estadounidense saquen provecho de las pérdidas significativas de escaños que sufrieron sus opositores en las elecciones de la semana pasada. Esta situación retrasaría cualquier intento de reforma migratoria en Estados Unidos.

De los 13 representantes republicanos a la Cámara que perdieron su curul el 4 de noviembre, 10 eran miembros del Comité de Reforma Migratoria, el cual se ha opuesto a la legalización de los cerca de 12 millones de inmigrantes ilegales en EE.UU.

En el caso de muchos candidatos republicanos, una postura fuerte contra la inmigración ilegal se tradujo como antilatina, y probablemente perjudicó a miembros del partido en Florida, Virginia y Colorado, donde los votos de los hispanos fueron decisivos.

La inmigración no fue el único tema en las elecciones en esos estados. Pero en un estudio que será difundido hoy, America's Voice (un grupo a favor de la inmigración) estableció que en 20 elecciones en las que los candidatos tomaron posturas claras sobre la inmigración, los defensores de la "imposición de leyes" de línea dura perdieron en 18.

La derrota de los opositores a la reforma migratoria dejó a muchos grupos que la apoyan con la esperanza de que el gobierno de Obama premie a los votantes hispanos con algún tipo de programa de legalización. Pero esto no significa que una reforma migratoria amplia vaya a ser una prioridad para los legisladores o que tenga más posibilidades de ser aprobada en el Congreso. El nuevo presidente se concentrará en la economía y la política tributaria y probablemente no gastará capital político en un tema tan divisivo, dicen muchos expertos en inmigración.

Tampoco existe un líder que se encargue de presionar por una reforma, en reemplazo del senador Edward Kennedy, quien se encuentra luchando contra el cáncer. Los líderes republicanos en las últimas dos reformas, los senadores John McCain y Jon Kyl, enfrentan intensas críticas por parte de sus votantes.

"La percepción general de que la amnistía es un hecho es incorrecta", asegura Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, una organización de Washington que se opone a un aumento en la inmigración.

Los grupos que defienden a los inmigrantes temen que cualquier ley que busque la legalización de millones de indocumentados se hunda rápidamente y han insistido en que la legalización sea parte de una ley mucho más amplia.

"El tema de los ilegales es tan controvertido que los grupos que respaldan una reforma saben que hay que proponer otro tipo de concesiones para que pueda ser aprobada", dice Kara Calvert, del Consejo Industrial de Tecnología de la Información.

Sin embargo, las firmas tecnológicas podrían presionar por una ley independiente que provea más visas temporales y permisos de residencia permanentes (green cards) a ingenieros, matemáticos y científicos para ayudar a impulsar a la economía, agregó Calvert. Las empresas agrícolas podrían hacer lo mismo, argumentando que necesitan más trabajadores para evitar tener que trasladar su producción a México.

Eso podría fracturar la coalición entre empresarios, sindicatos e inmigrantes detrás de los proyectos de ley en 2005 y 2007 que terminaron fracasando. Los sindicatos del sector comercial probablemente se opondrán a un plan de trabajadores temporales que era parte de ambas leyes anteriores porque impactaría al empleo durante la recesión.

Un indicio temprano sobre las posturas del Congreso y del gobierno Obama ante la inmigración podría llegar en marzo cuando expire el programa E-verify, el cual permite a los empleadores verificar de forma electrónica el estatus legal de nuevos trabajadores. El programa es una piedra angular de la política migratoria de Bush, pero tiene detractores entre los grupos defensores de las libertades individuales y los grupos de inmigrantes.

Otra clave sería si el gobierno de Obama continuará o no con las redadas en los lugares de trabajo que han conducido al arresto de miles de indocumentados. El gobierno de Bush, luego de presionar al Congreso por un programa de legalización, aumentó las redadas después que fracasara la ley.

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