Luego de los acontecimientos del 17/11/2008 en el municipio de Achacachi (La Paz), en donde pobladores ajusticiaron a presuntos delincuentes, nuevamente ingresa a escena la justicia por mano propia ya que no es la primera vez que ello ocurre en el país.

Estos hechos deben ser vistos desde varias ópticas, que determinan el por qué de tales actos. La primera de ellas, es que decir que solamente en las áreas rurales del país se ajusticia por mano propia es falso, ya que ello también se da en las ciudades, lo cual es fiel reflejo de la ausencia del Estado puesto que Bolivia no cuenta con la posibilidad económica de llevar a sus órganos judiciales a todos los rincones del país. Por esto, además del escaso equipamiento de sus órganos (policías, fiscales, etc.), la población afectada toma justicia por mano propia, lo cual no es correcto más no tiene otra opción y esa es la realidad.

Una segunda óptica es que el Poder Judicial y el Ejecutivo son independientes entre sí, según la norma y la doctrina legal, más en los hechos no es así, y no se afirma esto con tinte político sino que la partida presupuestaria del Poder Judicial depende de cuánto le otorga el Ejecutivo. Sin recursos no se puede aspirar a tener un normal desempeño institucional.

Un tercer punto, es que existe en el país una “psicosis colectiva” no solo por la situación política, sino porque la delincuencia se incrementó en niveles alarmantes y ante el rumor más mínimo se tiende a ajusticiar a presuntos delincuentes. Se comprobó que en varios linchamientos, las personas sindicadas de delincuentes y consideradas como culpables eran inocentes.

Respecto a la justicia comunitaria, el vigente Código de Procedimiento Penal establece en su Art. 28 que “se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades haya resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena (es decir, de acuerdo a sus propias normas), siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidas por la Constitución Política del Estado”. Esto configura claramente el panorama sobre justicia comunitaria ya que al ser nuestro país multiétnico y pluricultural (CPE vigente, Art. 1) es indudable que quienes la habitan tienen distinta idiosincrasia y, por tanto, propias formas de administrar justicia dentro del marco de sus visiones y formas de vida, siendo éstas respetadas cuando no contradigan los derechos elementales de las personas como la integridad física y mental, la seguridad, el derecho a un juicio justo, entre otros.

De igual forma, el parágrafo III del Art. 171 de la actual CPE señala que “las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes…”. La norma constitucional es clara para los administradores de la justicia comunitaria: pueden ejercerla pero siempre que no contradigan la CPE, es decir, que no cometan vejaciones contra quienes son acusados de un delito, puesto que linchamiento no es sinónimo de justicia comunitaria.

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