Celebremos que hace un cuarto de siglo recuperamos la democracia y que no se haya interrumpido. Es una proeza en un país donde las iniciativas positivas no suelen durar. Pero reconozcamos que no es una democracia vibrante y satisfactoria. No es el marco sólido, limpio, que contiene la pintura de una sociedad respetuosa de la ley, llena de esperanzas y concentrada en convertir cada día en una jornada mejor.

Por el contrario, es el marco sucio, frágil e inestable del que sacan beneficio las mediocridades envilecidas por el poder. Y donde se drenan enormes energías en delitos, protestas y huelgas estériles, sin decidirnos a formar una poderosa columna de voluntades dispuestas a llevar nuestro país hacia la opulencia que podría tener.
En estos 25 años consolidamos la voluntad de seguir viviendo en democracia, es cierto, pero no sabemos perfeccionarla. La dejamos arruinarse con imperdonable negligencia o complicidad.

Uno de los errores graves que suele compartir casi todo el mundo es que la democracia consiste en la realización de elecciones y la unción de funcionarios. No es así. Las elecciones sólo representan el primer paso, que no siempre se da con la debida transparencia y equidad. Los demás pasos consisten en asegurar el respeto de la Constitución y la fortaleza de las instituciones. Si esto último es violado, de poco sirven las elecciones. Con elecciones Hitler tomó el poder. Con elecciones lo han tomado otros tiranos. Todos ellos, enseguida se dedicaron a violar la Constitución y profanar las instituciones. No se pueden llamar democracias a sistemas elegidos por el voto, pero que no respetan los derechos de todos los ciudadanos.

En la Argentina nos hemos acostumbrado a despellejar las leyes y las instituciones, olvidando que conforman el esqueleto de una democracia. Por lo general creemos que eso sólo ocurre con el golpe de Estado. Pero sin golpes de Estado también sucede. Por ejemplo, ha sido una violación de la Constitución, condenada como "infame traición a la Patria", otorgar poderes extraordinarios al Ejecutivo. Así está escrito –y en bastardilla– desde 1853; ni esa frase ni la bastardilla fueron modificadas por Perón en 1949, por la Libertadora en 1957 ni por la última reforma de 1994. Esa violación no fue repudiada. Tampoco los legisladores que la votaron recibieron la debida condena.

Otra violación fue la famosa resolución 125. La última es la vinculada con las AFJP. Son temas vinculados con el derecho de propiedad. En la Argentina es frecuente su pisoteo, como si fuese una virtud. Hemos absorbido el concepto del socialista utópico Proudhon, que consideraba un robo cualquier propiedad. Es verdad que algunas son resultado de robos o maniobras que no escapan a ese calificativo. Pero la propiedad es un derecho cada vez más vinculado con la dignidad de cada ser humano, empezando por la propiedad del cuerpo. La propiedad ha demostrado ser la mejor forma de estimular la producción y el bienestar, como hace unas escasas décadas lo han descubierto países comunistas como China y Vietnam. En cambio, cuando la propiedad es objeto de distorsiones o confiscaciones, crecen las zarzas de la miseria.
Ahora, por ejemplo, nuestro país "democrático" acaba de perder otra oportunidad debido a la insistencia en violar ese derecho. El pueblo argentino, harto de que le roben sus bienes o deformen las leyes a cada rato, se ha convertido en el que más dinero envía al exterior. No lo hace porque sea antipatriótico: lo hace para evitar las garras del Estado en manos de irresponsables y tramposos. Bien. El sismo financiero que huracanea el mundo ha determinado que muchos argentinos empiecen a traer de regreso sus fondos depositados en los países donde las normas son más confiables. Ese dinero podría ser un motor espectacular de crecimiento, mediante su inversión en vastos proyectos productivos. Pero cuando el matrimonio reinante decidió lanzar su manotazo sobre las AFJP, siguiendo la vieja tradición de quitarles dinero a los jubilados o en vías de jubilación, ese dinero que volvía ni alcanzó a aterrizar y pegó la vuelta al exterior. ¡Chau a esta oportunidad, como a tantas otras!

La violación constitucional en marcha, mediante la cual se "transfieren" los fondos de las AFJP al Estado para que nos "proteja" mejor, puede ser el excitante comienzo de otras transferencias. Por ejemplo, ¿por qué no transferir al Estado nuestros autos? Los cuidaría con esmero, aseguraría en sus propias y eficientes empresas, los mantendría limpitos e incluso podría alquilarlos en los momentos que no los usamos. ¿Por qué no "transferirle" la totalidad de los ahorros que tenemos a plazo fijo? También los cuidaría mejor, los pondría a más alto interés, los utilizaría incluso para excelsos fines solidarios. ¿Por qué no "transferirle", además, nuestras viviendas? Como a los otros bienes, las protegería con entusiasmo, las pintaría, las vendería si aparece un buen comprador y nos brindaría otra superior a cambio. Los beneficios de "transferir" todo al Estado son incontables, maravillosos. No olvidemos que el Estado, en especial el argentino, se caracteriza por su eficiencia, rapidez y honradez.

La Constitución, es claro, no ha previsto semejante realidad. Por eso no incorporó un artículo que dejara que los presidentes tomasen de los ciudadanos todo lo que se les ocurra. No importa esa carencia. Para eso tenemos ahora un Poder Ejecutivo vigoroso que hace lo que le parece, pateando leyes y mandando órdenes a los funcionarios y "representantes del pueblo", porque es muy sabio, mucho más que el papelerío de la Constitución o los vericuetos de una democracia.

Vuelvo a la seriedad. Dolorosas bromas aparte, hemos desplegado una democracia enclenque. Todavía no aprendimos a reconocer que necesita que se respete la independencia de los tres poderes republicanos, que los representantes del pueblo son representantes del pueblo y no del mandamás de turno, que deben funcionar los controles y atenderse todos los derechos de cada ciudadano.

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