En una conferencia de prensa que brindaron en la estación de trenes de Asunción y a la que asistió el presidente Fernando Lugo, los primeros mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, prescribieron al gobierno paraguayo sus recetas sobre la prensa.

Correa aconsejó poner límites a la prensa y puso como ejemplo que en su país está impulsando una nueva Constitución donde se prohíbe a los empresarios invertir en medios de comunicación.

“Se les debe prohibir que tengan poder informativo. Si son industriales, que inviertan en industrias; no en hacer diarios. Si son banqueros, que se dediquen a las finanzas y no a poner canales de televisión. Eso es muy sano para la sociedad”, sostuvo el presidente de Ecuador.

Parece evidente que el señor Correa nunca logró comprender el concepto de libertad de expresión y que se maneja con clichés bastante rudimentarios al respecto.
La libertad de expresión nace como consecuencia del derecho de los diversos intereses que compiten en una sociedad de dar a conocer y promover sus puntos de vista sobre las cuestiones que les afectan.

Esto, que es común a todas las sociedades, es particularmente evidente en el desarrollo de la libertad de expresión en Inglaterra, país donde se origina el concepto que el señor Correa no entiende.

El desarrollo histórico del concepto ha permitido a las sociedades libres llegar al punto en que, hoy, la idea de la libertad de expresión beneficia no solamente a los banqueros, a los industriales que, como cualquiera, tienen derecho a expresar y promover sus puntos de vista, sino a los obreros, a los campesinos, a las minorías, a los diferentes, a los conservadores, a los comunistas.

La expresión libre de todos los intereses, de todos los sectores, de todas las ideas, genera utilidad no solo ni principalmente a quienes la ejercen, sino a los receptores de esas ideas. Es el pueblo el que goza de los frutos de la libre expresión de todos los intereses y, por eso, en las sociedades libres es el pueblo el que decide, con su preferencia, qué medios viven y qué medios mueren.

En Paraguay esto fue comprendido cabalmente tras la larga experiencia autoritaria inaugurada el 18 de febrero de 1940 y esa es la razón por la que la Constitución paraguaya, libre y legítima, establece que “toda persona tiene derecho a generar, procesar, o difundir información” y a utilizar para ello “cualquier instrumento lícito y apto” –art. 26–; reconoce que “el empleo de los medios de comunicación es de interés público” –art. 27– y ordena no dictar “ninguna ley que las imposibilite o las restrinja” –art. 26–.

Es muy raro que los presidentes Correa y Chávez no hayan escuchado el estentóreo “sí, juro” con el que el presidente Fernando Lugo se comprometió a cumplir y a hacer cumplir las citadas disposiciones de la Constitución, porque fue un grito alto y claro.

El señor Chávez tuvo a bien explicar, en la conferencia mencionada al principio, cómo aplican ellos las ideas que Correa le recomendó al presidente Lugo: En el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) “se le acabó la concesión y el dueño del espectro que es el Estado decidió no renovar esa concesión”.

El dueño del espectro, por razones que nada tienen que ver con la preferencia del público, pues el público prefería según los rating a RCTV, impidió a los venezolanos seguir contando, entre sus fuentes de información a ese medio.
Paraguay no quiere que un gobernante tutor trate a sus ciudadanos como ovejas que no pueden decidir solas qué ver o qué creer. Paraguay quiere un gobernante que sirva con honestidad y que respete el derecho de todos a criticarle si no cumple su juramento.

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