Nuestro país se encuentra en una pésima posición para enfrentar con éxito una previsible entrada adicional de dólares, que se derivaría de las decisiones recientes de la Reserva Federal de los Estados Unidos de arrojar al mundo miles de millones de billetes verdes. Durante el último año, el colón costarricense se fortaleció frente al dólar. Sin embargo, esto, lejos de ser buenas noticias, estuvo acompañado de una fuerte caída en el índice de tipo de cambio efectivo real. Esto significa que, durante ese periodo, se perjudicó seriamente la competitividad de las exportaciones y el turismo. Bajo estas circunstancias, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ya adoptó la decisión de intervenir agresivamente (innecesaria acumulación de reservas) para evitar que el tipo de cambio continúe cayendo. No obstante, parece que ese esfuerzo no será suficiente.

El tipo de cambio no es de equilibrio. Desde el inicio del experimento de bandas cambiarias el BCCR ha intervenido constantemente en el mercado cambiario. A esas intervenciones se suma la falta de transparencia con la que se ha manejado la información referente a las transacciones cambiarias. La información disponible no permite una formación ordenada de expectativas futuras, y existe la posibilidad real de manipulación por parte de jugadores con acceso a mejor información, capacidades de análisis y recursos. El tipo de cambio que se observa no es de equilibrio y envía señales equivocadas a quienes lo utilizan de referencia para tomar decisiones.

¿Por qué es necesaria la intervención? Los empresarios, de manera dinámica, cumplen el rol de sacar los recursos de actividades poco rentables y los asignan a otras de mayor rentabilidad. Durante ese proceso, caracterizado por la innovación, nuevas empresas nacen, mientras otras mueren. Las distorsiones en el tipo de cambio derivadas de una excesiva volatilidad y un nivel demasiado bajo conducen a una asignación ineficiente de los recursos.

La incertidumbre asociada con la volatilidad se traduce en una menor inversión, mientras que un tipo de cambio demasiado bajo resta “artificialmente” atractivo a sectores específicos.

La consecuencia de esta última distorsión incrementa significativamente la mortalidad de empresas en los sectores perjudicados por el bajo nivel del tipo de cambio. El cierre de varias empresas adicionales, evidentemente, se acompaña de un incremento en el desempleo, injusto e innecesario.

La intervención para elevar el tipo de cambio generará, al menos, tres problemas serios. Primero, un problema de expectativas cambiarias. Después de que el BCCR intervenga para llevar el tipo de cambio a 550 colones por dólar, la gente anticipará -correcta o incorrectamente- que lo hará nuevamente para llevarlo a 600, 650 o 700 colones por dólar. Segundo, de la mano del problema de expectativas cambiarias, se presentará un problema de expectativas inflacionarias. En respuesta al aumento esperado en el tipo de cambio, los comerciantes locales procederán a ajustar sus precios al alza y se disparará, nuevamente, la inflación. Tercero, en adición a los problemas de expectativas, está el problema de financiamiento de la intervención. No importa si esta se financia con emisión de nuevos billetes o con recursos del presupuesto nacional, el costo, a fin de cuentas, lo terminarán pagando los mismos de siempre: los que menos tienen (impuesto inflacionario) y los que ya pagan impuestos (incremento en el gasto público).

La última intervención. Una intervención es necesaria y urgente para corregir las distorsiones generadas por las malas decisiones de política monetaria y cambiaria. El empobrecimiento de la población, en general, parece inevitable. Ante esta realidad, debemos considerar seriamente la opción de una intervención final, que cierre las puertas a futuras manipulaciones arbitrarias de la política cambiaria por parte del BCCR. Esta opción consiste en realizar un ajuste final en el tipo de cambio y dar paso a la dolarización oficial de la economía, mediante la aprobación del proyecto de Ley de Protección del Poder Adquisitivo de los Salarios y de las Pensiones de los Costarricenses (Expediente No. 17.778).

Fuente: Diario Extra (Costa Rica)