La explicación de la situación actual en torno a la cuestión indígena, especialmente mapuche en la zona sur del país, se encuentra en distintos elementos internos (históricos, retraso económico, pérdida de cultura, entre otros) y externos (surgimiento discurso multicultural en las últimas décadas del siglo XX) que juntos llevaron al virulento escenario que estamos presenciando hoy.

De esta forma, la experiencia demuestra que la clase política reacciona frente a la cuestión indígena cuando hay periodos de alta conflictividad o hechos de violencia, pero una vez superado el tema sigue relegado a un segundo plano. Más allá de las buenas intenciones, los distintos gobiernos han manejado la política indígena como contención, reaccionando con mayor despliegue policial, visita de autoridades y promesas de proyectos, pero se sigue postergando lo que realmente se necesita: un debate sobre los cambios que requiere la institucionalidad. De ahí que la Ley Indígena, creada supuestamente para proteger a las comunidades indígenas, representa en la actualidad un obstáculo para que ellos puedan superar su situación de pobreza e integrarse a la comunidad nacional. Los efectos que ha provocado la legislación se han traducido en un desánimo y descontento de la población indígena. Esta situación ha hecho posible que grupos más radicalizados e ideológicos hayan logrado permear un discurso revisionista y confrontacional con el Estado. La falta de un marco legal adecuado para que la entrega de tierras sea un proceso racional, se ha visto reflejada en movilizaciones, surgimiento de nuevos líderes y aumento de actos de violencia.

Si bien el proceso de entrega de tierras estuvo envuelto en polémicas durante muchos años, el actual gobierno ha perfeccionado los mecanismos de entrega de tierras bajo condiciones transparentes y objetivas, además de acompañarlas de un convenio de apoyo productivo y asistencia técnica. Pero esto no ha sido suficiente, ya que el énfasis y el 50% del presupuesto sigue enfocado en ese ítem y se ha duplicado en los últimos 10 años. La política indígena ha estado marcada por una gran discrecionalidad, centrándose en la idea de “tierras por paz”, lo que ha derivado en la frustración de las comunidades pacíficas y en un aumento sostenido de la violencia. De ahí la necesidad de cambios institucionales, como es la transformación de la Conadi en una Agencia de Desarrollo Indígena, que es un paso necesario para constituir un servicio público moderno y eficiente de administración; y la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que sería el órgano de representación nacional de los pueblos originarios, ambos procesos que deben ser previamente consultados con las comunidades, de acuerdo a la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

* Claudia Hernández Investigadora de LyD.

Fuente: Diario Financiero (Chile)