El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, ha autorizado la apertura de un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015.

Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar haber autorizado un proceso al que, en su opinión, el país necesitaba enfrentarse.

“No hago esto por motivación política y la rechazaría (la acusación) si no estuviese de acuerdo con la ley”, afirmó el presidente de la Cámara baja, un dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que en septiembre pasado se declaró “independiente” y que desde entonces viene apoyando causas defendidas por la oposición.

El presidente de los Diputados dijo que hasta ahora había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley o referirse a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que asumió su segundo mandato de cuatro años en enero pasado.

“Rechacé todas las peticiones que se referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la Constitución pero tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año”, aseguró.

Juicio si hay “razones jurídicas”

La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados “delitos de responsabilidad”, lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.

La petición aceptada este miércoles por Cunha argumenta que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.

Cunha admitió que la petición presentada por varios juristas, entre los cuales Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), se refería a maniobras fiscales del año pasado, pero que sus autores presentaron un anexo para incluir en la acusación irregularidades supuestamente ocurridas este año.

“Mi responsabilidad es únicamente autorizar la apertura del proceso pero no la de proferir juicio de mérito sobre la acusación”, aclaró Cunha. Agregó que el inicio oficial del juicio contra el jefe de Estado depende de que una comisión que la Cámara de Diputados creará esta misma semana se pronuncie sobre el mérito de la acusación.

“No lo hago con felicidad”

Según el reglamento del Congreso, una vez acogida la acusación, la Cámara tiene un plazo de diez sesiones legislativas para notificar al jefe de Estado de la acusación y para crear una Comisión Especial de diputados que tendrá que emitir un parecer sobre si acepta o rechaza el inicio del proceso.

El presidente de los Diputados lamentó su propia decisión y dijo que no consiguió ningún argumento técnico para desmontar la acusación presentada contra la mandataria.

“No lo hago con felicidad, incluso porque se trata de una decisión delicada en momentos en que el país atraviesa una situación difícil, con la economía en crisis y una crisis política”, afirmó.

Cunha dijo que el juicio político es un proceso que de cualquier forma tenía que ser enfrentado por el país, que no podía aplazarse por más tiempo, y destacó que Brasil cuenta con un Congreso “soberano” para hacerse cargo.

“Lamento profundamente lo que está ocurriendo y no tengo ninguna felicidad con el acto que estoy practicando. Espero que el país pase por este proceso”, aseguró.

El presidente de la Cámara de Diputados anunció su decisión precisamente el día en que el PT, el partido de Rousseff, informó de que apoyará la apertura de un proceso en el Consejo de Ética que puede despojar al legislador de su mandato.

Cunha enfrenta varias acusaciones en el marco del escándalo de corrupción descubierto en Petrobras y recientemente la Fiscalía le abrió un proceso por unas cuentas bancarias nunca declaradas que le descubrió en el exterior y que al parecer recibieron depósitos de recursos desviados de la petrolera estatal.

Rousseff “indignada” frente a la posibilidad de enfrentar juicio político

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se declaró “indignada” frente a la decisión del jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, de promover un juicio político en su contra y aseguró que no existe ninguna base jurídica para ello.

“Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño”, declaró Rousseff en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto.

La mandataria aseguró que las bases en que se apoyó Cunha para dar lugar a la petición de varios juristas y partidos opositores “son inconsistentes” y no se fundamentan en “ningún acto ilícito”.

“No hay en mi contra una sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas (ocultas) en el exterior y no presioné a instituciones o personas”, dijo Rousseff en una clara alusión a Cunha, implicado en el escándalo de corrupción en Petrobras y acusado precisamente por ese tipo de irregularidades.

También aludió a supuestas negociaciones que Cunha habría hecho con miembros de la base parlamentaria oficialista para intentar evitar un proceso que el Consejo de Ética de la Cámara Baja se propone abrir en su contra.

“Jamás aceptaría” negociaciones de esa naturaleza y “mucho menos si atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos que deben gobernar la vida pública”, declaró.

Rousseff dijo estar “tranquila” y convencida de “la improcedencia” de esa iniciativa en su contra, de la cual afirmó que será archivada por el Congreso.

“No podemos dejar que se sacuda a la democracia”, declaró la jefa de Estado, y apuntó que los brasileños deben confiar “en nuestro Estado democrático de derecho”.

Cunha aceptó una petición de juicio político con fines de destitución presentado por varios juristas y cuatro partidos de la oposición que se fundamenta en unas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año, según fiscales de organismos de contraloría del Estado.

Esas maniobras, según sostiene la oposición, suponen un “delito de responsabilidad fiscal”, que la Constitución contempla como una de las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.

Fuente: 20 minutos (España)

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