Carlos Tomasio de Lambarri, ex oficial de la Marina propietario de la empresa de Business Track (BTR), vendió equipos antimotines a la policía de Bolivia por encargo de la embajada de Venezuela en La Paz.

Correos electrónicos, videos y facturas incautadas en el local de BTR –material al que tuvo acceso La República– demuestran que la operación se financió con fondos del gobierno de Hugo Chávez y no fue un servicio de chuponeo o lavado tal como conjeturó el congresista Oswaldo Luizar, presidente de la comisión investigadora.

A fines de noviembre del 2007, Gabriel Martínez, un funcionario de la  embajada de Venezuela en La Paz, entró en contacto con el capitán de fragata AP (r) Carlos Tomasio de Lambarri, uno de los dueños de BTR con el capitán de navío AP (r) Elías Ponce Feijóo.
El diplomático llanero deseaba adquirir gases lacrimógenos y  una gran cantidad de equipos y balines de pimienta.

Para ese entonces, Carlos Tomasio, además de dedicarse a BTR, tenía la representación paraAmérica Latina de la compañía estadounidense Non Lethal Solutions (NLS), conocida por fabricar y vender balines de pimienta (pepper ball) a la policía de todo el mundo, incluida la policía de Estados Unidos.

Ayuda bolivariana

El 5 de enero del 2008  –tal como aparece en su registro migratorio–, Tomasio estuvo en La Paz y se reunió con los funcionarios gubernamentales venezolanos que participaron en la operación, entre ellos el propio embajador Julio Montes Prado, Anteriormente ex ministro de Chávez y ex embajador en Cuba, y Gabriel Martínez.

El trato concluyó en la venta de equipos y municiones y de entrenamiento para dos batallones de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP) de la policía altiplánica.

Para inicios del 2008, Bolivia estaba conmocionada socialmente. Las autoridades de los estados bolivianos de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz se habían declarado en rebelión y amenazaban con desconocer al gobierno del presidente Evo Morales, aliado del venezolano  Hugo Chávez.

La policía no contaba con equipos suficientes para contener las protestas sociales. La compañía Non Lethal Solutions, por intermedio de Carlos Tomasio, envió con destino a la capital boliviana el total del equipo antimotines en tres partes.

El cargamento consistió en 30 carabinas y ametralladoras TAC-700, 80 pistolas semiautomáticas y un sinnúmero de municiones, compresoras de aire y equipo de entrenamiento.

De acuerdo con una factura emitida por la empresa estadounidense a BTR, Tomasio pagó 210 mil dólares el costo de los equipos.  Sin embargo, el monto final ascendió a 280 mil  dólarespor los fletes,  el entrenamiento a más de cien efectivos bolivianos y la comisión que le añadió Tomasio.

Según fuentes consultadas, el dinero  de toda la operación fue enviado desde una cuenta de la embajada venezolana en La Paz a la cuenta de BTR y luego fue redirigida a la cuenta de NLS, en Estados Unidos.

Al respecto el abogado del marino procesado sobre esta extraña operación, Fernando Silva la Rosa, señaló que la operación no perjudica a su defendido.

“Por el contrario, esta operación lícita desmiente las especulaciones sobre un supuesto lavado de activos o que le pretende atribuir la comisión del congresista Oswaldo Luizar”, manifestó el abogado. La palabra final la tiene la justicia.

Datos

Ganancia. Fuentes consultadas conocedoras de la operación señalaron que alrededor de 62 mil dólares fue la ganancia del ex marino Carlos Tomasio.

Otros  clientes. Yanacocha, el servicio de Guardacostas de la Marina y la agencia gubernamental NAS (Narcotic Assistant Section), de la embajada estadounidense, también adquirieron equipos de NLS.

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