Pese a que la sociedad civil boliviana dijo NO a la re-reelección de Evo Morales el 21F, la arbitraria disposición del TCP abre la posibilidad de eliminar artículos de la Constitución sin necesidad de reforma parcial o total, lo que resulta claramente inconstitucional. Esto constituye un golpe a la democracia ya que el TCP favorece a Evo Morales como empleados de él que son y está lejos de actuar de manera objetiva. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió ayer la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por la bancada del Movimiento Al Socialismo para permitir la repostulación de autoridades que cumplen su segundo mandato después de la promulgación de la Carta Magna. Con ello, abre la posibilidad de una tercera reelección para Evo Morales y Álvaro García Linera, y de reformar la Constitución eliminando artículos sin pasar por una reforma parcial, una Asamblea Constituyente y un referéndum que refrende el texto magno.

Tras conocer la decisión, el oficialismo aseguró que el Tribunal reconoce lo bien fundamentado que estuvo el documento del MAS, mientras que la oposición habla de un golpe a la democracia.

Como muy pocas veces, el TCP cumplió el plazo de 10 días hábiles para pronunciarse sobre la acción presentada el 18 de septiembre por Nélida Sifuentes y otros parlamentarios del MAS. Al día siguiente, ingresó a la Comisión de Admisión, que admitió la acción el 28 de septiembre, a través de una resolución firmada por los magistrados Zenón Bacarreza, Efrén Choque y Ruddy Flores.

Por lo general, en casos de relevancia, el TCP suele notificar primero a las partes involucradas, pero esta vez la resolución fue pegada directamente en el tablero de las notificaciones. Según el dato del exmagistrado Gualberto Cusi, el ahora presidente de la Comisión de Admisión, Zenón Bacarreza, fue quien elaboró el proyecto de sentencia que hace cuatro años le dio a Evo Morales la posibilidad de un tercer mandato presidencial.

El TCP no obró de la misma manera con la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición contra la Ley 969 que elimina la intangibilidad del Tipnis. Ese recurso lleva más de un mes en las oficinas de Sucre. El justificativo para tomarse tanto tiempo es que después del primer recurso se presentaron otros más y los tribunos decidieron acumularlos para fallar sobre todos en una sola resolución.  No sucedió lo mismo con la acción que busca la repostulación de Morales. Al menos cinco memoriales llegaron al TCP referidos al mismo tema. Dos presentados por Asambleístas de oposición, dos por exconstituyentes del MAS y uno por el exmagistrado Cusi, pero el Tribunal ya tenía redactada su resolución de admisión mientras Cusi hacía fila en la ventanilla de trámites.

Primeras reacciones
Tampoco hicieron caso a presiones, como la huelga que instalaron los asambleístas opositores Rafael Quispe y Edwin Rodríguez, que levantaron la medida luego de enterarse que ya era en vano.

Ayer, el exmagistrado Cusi acusó a sus excolegas de no haber redactado la resolución, que esta les llegó empaquetada desde el Ministerio de Justicia, que incluso ya tendrían la sentencia, pese a que el ministro Héctor Arce ni siquiera se encuentra en el país (viajó a La Haya). “Lo único que van a hacer los magistrados es cumplir con los formalismos y van a decir que todo lo que demandó el MAS está en el marco del derecho, por tanto dirán que Evo Morales puede reelegirse indefinidamente”, dijo.

El pedido del MAS se basa en una interpretación de los derechos políticos signados en el Pacto de San José de Costa Rica, que indica que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos de participar en la política. Según argumenta su documento, la Constitución de Bolivia y la Ley del Régimen Electoral, al limitar la reelección a una sola, vulnera los derechos fundamentales de autoridades elegidas por voto popular (no incluye a los magistrados del Órgano Judicial). Además, se apresta a fallar sobre el artículo 168 de la Constitución, pese a que este fue refrendado en el referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el pueblo rechazó su modificación votando por el No.

Después de las notificaciones de ley, la Sala Plena del tribunal tendrá 45 días para emitir un fallo final. De pronunciarse a favor de la acción, no solo eliminará parte del régimen electoral del país, sino que anulará cinco artículos de la Constitución.

Estrategias distintas

Mientras opositores y disidentes del MAS seguían ingresando memoriales de rechazo a la acción del MAS, en la mañana, la Policía decidió reforzar la seguridad en la institución y, en la tarde, minutos antes de que se confirmara la resolución, una veintena de uniformados acordonó las puertas del TCP. Una vez conocida la resolución de admisión, los manifestantes de Bolivia Somos Todos, junto con el exjefe de bancada del MAS en la Asamblea Constituyente, Román Loayza, comenzaron una protesta con pancartas de rechazo a la decisión del TCP.

Lejos de Sucre, las reacciones fueron diametralmente opuestas entre oficialismo y oposición. Por un lado, el oficialismo utilizó los medios estatales para asegurar que los tribunos han reconocido que la bancada del MAS logró argumentar técnica y jurídicamente su acción de inconstitucionalidad. Así lo dijo David Ramos, uno de los diputados que ofició como vocero de la demanda. Por otro lado,  que este recurso es para velar por los derechos humanos de los ciudadanos. Así lo dijo el diputado Elmar Callejas.

La oposición se pronunció en contra de la acción de inconstitucionalidad, utilizando Twitter para difundir sus mensajes de crítica.

Por su parte, Mesa y Cárdenas escribieron sobre la mutilación de la Constitución. “El TCP, al admitir demanda del MAS, niega la Constitución y los referendos del 21-F (2016) y del 2009. Muestra parcialización y sumisión al poder político”, escribió Cárdenas.

“La admisión del TCP del recurso del MÁS es el primer paso en la ruta de mutilar la Constitución, algo inaceptable en una democracia”, tuiteó Mesa.

Mientras la oposición se lamenta por un fallo que, según los analistas, era previsible, el MAS ya va un paso adelante. El titular del Senado, J. Alberto Gonzales, ya habla de las bondades del continuismo. “¿Es la alternancia lo que te garantiza un mayor bienestar para la ciudadanía? En el caso particular de Bolivia, si analizas la década del 80, del 90 y principios del 2000, la respuesta es categórica, es no”, dijo en una entrevista  a Cadena A.

Aseguró que el MNR, ADN, MIR y sus aliados que alternaron en el poder no trajeron bienestar al ciudadano.  “Aquí todo pasa por el pueblo y si el pueblo decide darle su respaldo a un presidente o a una presidenta, lo va a hacer”, remarcó.

Los líderes de organizaciones citadinas que hicieron campaña por el No en el referendo del 21-F, se pronunciaron ayer en contra de la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Guillermo Mariaca, representante de los colectivos Una Nueva Oportunidad y Fuerza Ciudadana, anunció que el 10 de octubre, Día de la Democracia, convocará a mostrar su rechazo a la repostulación a través del TCP. Las plataformas ciudadanas intentan reeditar las movilizaciones que se organizaron en capitales de departamento para festejar el primer aniversario del triunfo del No, el 21 de febrero último, convocando a gente a las plazas centrales de cada ciudad.

“Desde Chaparina hasta hoy, el MAS fue autoritario. A partir de hoy se ha materializado su voluntad de pasar a un régimen dictatorial”, aseguró.

Roberto de la Cruz, representante del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob), repudió el accionar de los magistrados.

“Este hecho abre un camino a la dictadura, a un régimen dictatorial. Es hora de ir a las calles el 10 de octubre, y si en las calles no hay respuesta, iremos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”, afirmó.

Al rechazo también se sumó el exdefendor del Pueblo y actual rector de la UMSA, Waldo Albarracín, que explicó que la admisión no representa una decisión final, sino una preliminar, puesto que el pronunciamiento sobre el fondo de la acción llegará en los próximos meses.  Advirtió que si los magistrados del TCP dan la razón al MAS, no solo “cometerán delitos”, sino también “sentenciarán su muerte civil” por ir contra la decisión del pueblo expresada en el referéndum.

“Es una responsabilidad histórica la que están asumiendo los magistrados. Si llegaran a fallar a favor del oficialismo, al día siguiente tendrían que hacer maletas para irse del país, porque les espera un juicio más temprano que tarde”, dijo.

Fuente: El Deber (Bolivia)