Si Aníbal Fernández llegara a la gobernación bonaerense, se habrá dado un paso decisivo para conformar un Estado dominado por el negocio de la droga.

Qien asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre deberá enfrentar una opción crucial para la vida de los argentinos y la ya deteriorada salud de la República: luchar con decisión contra el narcotráfico, revirtiendo el gravísimo retroceso producido en los últimos años, o bien continuar la lenta pero constante entrega del país a los cárteles y bandas de la droga hasta que éstos terminen por conformar el narcoestado cuyos cimientos ya se han tendido y lucen cada vez más sólidos.

No se trata sólo de una decisión acerca de qué política adoptar para luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado, sino de resolver si la Argentina permitirá o no que continúe la constante captación de agentes y funcionarios de los tres poderes hasta que un día cobremos plena conciencia de que el régimen republicano y la democracia se han convertido en meras fachadas al servicio de los zares de la droga.

El fortísimo crecimiento de este flagelo comenzó a fines de los años 80, se afianzó en los 90 y alcanzó dimensiones de pesadilla a partir de 2000. Como hemos subrayado en esta columna, el principal responsable ha sido el kirchnerismo, que ignoró y luego quiso minimizar esta lacerante realidad en vez de combatirla.

Su pasividad se volvió cómplice del narcotráfico, una actividad delictiva que trae aparejada una constelación de delitos de suma gravedad, como el lavado de dinero, la compra de funcionarios y los asesinatos en las pugnas entre bandas por dominar territorios para la venta de droga, como lo han sufrido y aún lo sufren Rosario, muchas otras grandes ciudades y vastas áreas del conurbano bonaerense.