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Argentina

Argentina: ¿Instituciones? Bien, gracias – por Vicente Massot & Agustín Monteverde

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Por mucho que, desandando el pasado, se hurgase en nuestra historia constitucional, sería imposible encontrar un caso de desobediencia a los dictados de la Corte Suprema de Justicia tan persistente —12 años— y grosero como el obrado por el kirchnerismo en cuanto respecta al ex– procurador de Santa Cruz, Emilio Eduardo Sosa Bravo.

En tres distintas oportunidades Néstor Kirchner, por entonces gobernador de la provincia, hizo oídos sordos a otros tantos dictámenes del tribunal supremo sin que nadie pareciera inquietarse.

Luego cambió la composición de la Corte y durante la presidencia de Cristina Fernández hubo dos acordadas más —la primera en octubre pasado y la restante hace, escasamente, una semana— que el actual mandatario de ese estado, Daniel Peralta, siguiendo instrucciones precisas de Olivos, también ignoró.

Pero ahora la recusación, hecha por el poder político provincial a lo establecido por los ministros de la Corte, ha escalado de manera espectacular si se la compara con la actitud enarbolada, en su momento, por Néstor Kirchner.

El marido de la presidente no había entrado en polémicas de ninguna naturaleza. Lisa y llanamente hizo de cuenta que nada había sucedido. Por su lado la Corte menemista, al no reaccionar en lo mas mínimo, ayudó a que el episodio no se transformase en un escandaloso conflicto de poderes.

Peralta, en cambio, al ser intimado, disparó la disputa a la estratosfera y no contento con proclamar que la resolución que se le pretendía imponer era de cumplimiento imposible, acusó a la Corte de promulgar una maniobra desestabilizadora en contra del territorio que administra. Ni que decir tiene que tamaña reacción no fue producto de su firmeza o una idea madurada en sus pagos.

Recibió un libreto de cumplimiento perentorio de Kirchner, quien —para echar más leña al fuego— planea realizar en respaldo de Peralta un acto, en Santa Cruz, en las próximas semanas.

Sorprendería una situación así en los Estados Unidos, por ejemplo. Allí a nadie se le ocurriría pensar siquiera en la posibilidad de incumplir una decisión de la Corte.

En los años sesenta del siglo pasado el gobernador de Alabama, George Wallace, célebre por sus posiciones racistas, llegó a pararse delante de la puerta de la universidad pública de ese estado de la Unión para impedir el cumplimiento de la ley que le mandaba terminar con cualquier clase de discriminación en contra de los afroamericanos en materia educativa.

Quería, en una palabra, dejar afuera a los negros que deseaban ingresar a las altas casas de estudios. Se hizo a un lado cuando el presidente John F. Kennedy, en consonancia con la jurisprudencia sentada por la Corte, le dio orden de intervenir al general Henry Graham, de la Guardia Nacional de Alabama.

No sorprende, inversamente, que esto pase en la Argentina donde —no nos cansaremos de decirlo— las instituciones son cascarones vacíos. Néstor Kirchner no ha hecho más que llevar hasta sus extremos una práctica usual en estas playas: los poderosos de turno siempre pueden más que el conjunto de leyes que supuestamente nos rigen y que cualquier tribunal de justicia, por encumbrado que sea.

Casi podría decirse que el episodio que venimos comentando era lógico que, tarde o temprano, tuviese semejante inflexión. Porque los Kirchner jamás permitirían que Sosa fuese repuesto en el cargo del cual ellos lo despojaron. De su lado, el ex–procurador —un hombre tan tozudo como honesto— no iba a aceptar nada que no fuese su reposición.

Estaba cantado, pues, que al momento en que la Corte lo intimase a Peralta, el conflicto estallaría sin remedio a la vista.

Por de pronto, el supremo tribunal carece de la facultad para imponer una sentencia de este tipo frente a la rebeldía abierta de un gobernador u otro funcionario público.

Puede, eso sí, derivar el caso a la justicia de Santa Cruz —lo cual seria cómico— o bien dejar en manos del Poder Legislativo la resolución del litigio. En primera instancia, la capitis diminutio la sufre la Corte que aparece inerme delante de un simple mandatario provincial.

Se le podrán dar cien explicaciones, de sesudo contenido jurídico, al hecho de cómo ha sido posible que, en el curso de doce años, se haya llegado tan lejos, tras haber desoído los gobernadores Kirchner y Peralta cinco resoluciones de aquel tribunal. Pero, prescindiendo de los tecnicismos académicos, lo que queda claro es el poder de lo fáctico en desmedro de las normas.

¿Qué puede suceder de acá en adelante?

En el Congreso, que pasará a ser el nuevo protagonista del enredo, hay ya dos posiciones tomadas. Margarita Stolbizer apunta a la intervención de la provincia sin demasiados rodeos mientras la UCR sostiene una postura menos drástica: la intervención del Poder Judicial con el objetivo de reponer en sus funciones a Sosa.

Todavía no se han pronunciado el peronismo federal, el PRO y los bloques de izquierda.

Descartada la solución de máxima —que seguramente carecería de la cantidad de votos necesaria para convertirse en ley— la de mínima, que es la del radicalismo, atrayente en teoría, no es de fácil implementación. Es que el kirchnerismo ha tomado debida nota de la magnitud de la batalla y ha dado la voz de alerta a sus tropas.

Por un lado, a través de todos sus medios y de sus voceros más conspicuos, ha echado a rodar la idea de un complot destituyente.

Por el otro, tiene pensado resistir la intervención introduciendo una chicana jurídica para ganar tiempo. Si lograse su propósito daría la impresión, cuanto menos en el primer round, de haber salido airoso desnudando la impotencia de la Corte y del arco opositor. Si, finalmente, prosperase la intervención, la derrota de los Kirchner sería doble porque se trata de su feudo, nada menos.

Para torcerle el brazo al oficialismo, los partidos opositores deben ponerse de acuerdo y bajar al recinto con un proyecto consensuado. Porque bien podría ocurrir que las diferencias primasen sobre las coincidencias respecto de qué hacer.

lgo de esto quedó insinuado el fin de semana al conocerse las declaraciones de Elisa Carrió, a quien no se la puede sospechar de kirchnerista. La fogosa diputada dijo que se opone a una intervención porque ello redundaría en favor de la estrategia K de victimizarse y de consolidar la idea del complot.

Mientras la oposición discute las distintas alternativas en juego para tratar de reponerlo a Sosa, se recortan en el horizonte dos cuestiones a las que deberá prestárseles atención:

1) la votación de alrededor de 100.000 abogados de todo el país cuyo propósito es elegir a un nuevo representante en el Consejo de la Magistratura; si perdiese el candidato del gobierno, el kirchnerismo cedería el control de ese organismo vital luego del dominio omnímodo que ejerció sobre el mismo desde 2003;

2) el escalamiento de la guerra entablada contra Clarín y, en menor medida, La Nación, tuvo ayer un nuevo pico de tensión importante cuando el gobierno, como parte querellante, pidió la indagatoria, en el caso Papel Prensa, de Ernestina Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Raimundo Podesta y Marcos y Hugo Peralta Ramos.

¿Cómo reaccionaran los fiscales platenses y el juez Corazza? Si el trámite se dilatase o hubiese medidas cautelares que prosperasen, a semejanza de las que tienen frenada la implementación del artículo 161 de la ley de Medios, el gobierno sufriría un nuevo revés.

Pero imaginemos que las personas antes mencionadas fuesen detenidas, siquiera sea por espacio de unos pocos días. En tal escenario no cabe duda de que el kirchnerismo trataría de sacarle todo el provecho posible a la decisión judicial, machacando con la idea de que habrá sido el único gobierno capaz de po ser presos a los representantes mas encumbrados de lo que llaman “el monopolio”.

Nada permite prever una tregua. La Argentina se halla enredada en una disputa cuyo resultado final recién se conocerá en octubre de 2011.

Fuente: Periodismo de verdad (Argentina)

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