Los “linchamientos” como modalidad de “justicia por mano propia” constituyen un fenómeno sociológico que, tras haber empezado en Rosario, corrieron como reguero de pólvora replicándose en numerosos puntos del país. Hoy se han transformado ya en un encendido debate nacional que nos envuelve a todos.

Pero como ocurre a menudo en debates de naturaleza polémica y compleja, es más fácil expresarse sobre las consecuencias que desentrañar las causas.

Consternarse sobre el linchamiento en sí mismo y evitar reconocer sus determinantes, parece configurar el discurso social y políticamente aceptable sobre la temática.

Lo que no se quiere reconocer, en con­creto, es que en la base de la justicia­ por mano propia se encuentra un Esta­do que ha perdido el efectivo monopolio de la fuerza y, por lo tanto, su facultad esencial de brindar justicia, pues tal reconocimiento implicaría preguntarse en qué se canalizaron las energías estatales si no fue en cumplimentar sus funciones fundamentales.

No se puede hablar, en términos genéricos, de un “Estado ausente” o 
de un “Estado presente” sin especi­ficar ausente o presente dónde. Tampoco sería correcto suponer que un Estado enorme en términos de las ­funciones que se ha adjudicado sea ­necesariamente lo mismo que un Estado fuerte.

En efecto, el Estado argentino ha venido amplificando sus intromisiones en la sociedad civil de manera imparable durante la última década, pero sigue siendo, sin embargo, un Estado cuya debilidad se pone de relieve todos los días.

El Estado argentino se ha ausentado, específicamente, en lo que hace al cumplimiento de su función esencial de proveer seguridad y Justicia a los ciudadanos, mientras sus energías y recursos fueron volcados en el “pan y circo” propio de un gobierno de innegable corte populista.

El último informe sobre seguridad en América, emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el De­sarrollo, ubicó a la Argentina como 
el país del continente con mayor ­cantidad de robos por habitantes, con una tasa de 973,3 asaltos cada 100 mil habitantes, con lo cual supera de manera amplia a México, que se llevó el segundo lugar del ranking con una tasa de 688 robos, y Brasil, en tercer puesto, con 572,7.

En lo que hace a la cantidad de ­homicidios, según las estadísticas oficiales, aquellos comenzaron a crecer en forma significativa en 2007, con 2.071 asesinatos; al año siguiente se registraron 2.305 homicidios y en 2009, 2.543 casos.

A partir de ese momento, el Gobierno dejó de difundir las estadísticas para empezar a hablar de la inseguridad como una “sensación” y despojarla, con ello, de su carácter real.

No obstante, la sociedad civil hace rato que ha tomado conciencia de su desprotección como una realidad bien palpable.

Las medidas emprendidas han variado de acuerdo con el poder adquisitivo, pero todas tienen en común presentarse como alternativas de supervivencia frente a la ausencia estatal: la reclusión en countries por parte de los sectores más pudientes, la contratación de guardias de seguridad privados que custodian las calles de barrios de clase media y la conformación de “patrullas comunitarias” en barrios donde no alcanza para costear servicios de seguridad privados, ponen al descubierto un sentimiento de indefensión generalizado.

Es bien conocido que la inseguridad ha sido durante los últimos años uno de los temas que más ha preocupado 
a los argentinos, sin que de ello re­sulten medidas contundentes y serias por parte de las autoridades guber­namentales.

Tanto es así que la gente no conoce siquiera la voz de la ministra de Seguridad de la Nación, y la estrategia kirch­nerista ha consistido en el ne­gacionismo que subyace al lamentable eslogan “la inseguridad es una ­construcción de los medios de comu­nicación”.

En este orden de cosas, los linchamientos han sido expresión de la desconfianza social en las instituciones del Estado por su capacidad de reprimir al delito.

Una expresión sumamente drástica que nos retrasa como civilización cientos de años, por supuesto. Pero expresión, al fin, de un problema social cuyos determinantes parecen no interesar en un debate en el que siempre es más fácil despotricar contra los linchadores que hacerlo contra quienes deberían proveer seguridad y justicia a la ciudadanía para que los linchamientos no se transformen, siquiera, en una posibilidad.

Fuente: La Voz (Argentina)